Lo mismo hizo Hipólito con el entonces alcalde capitalino y actual dirigente estatal del PRI, Américo Zúñiga Martínez, a quien quiso siempre marcarle la agenda e, incluso, echar abajo procesos administrativos normales como el cobro anual anticipado del agua potable, si bien no logró mucho, menos incorporar al equipo municipal anterior un espía con espuelas como lo fue Tula Guerrero en los estertores del régimen duartista.
¿Izquierdista o depredador laboral?
Pero no fue lo único en que han emparentado el ‘izquierdista’ alcalde con el derechista gobernador veracruzano. Hay un punto complicado que ha contribuido a convulsionar el grave problema de desempleo en la capital de Veracruz: el despido masivo de burócratas, muchos de ellos con hasta 15 años o más de servicio, sin pago alguno de los derechos laborales, que seguramente le reventará en su administración o heredará a los próximos alcaldes por la segura imposición de laudos laborales, los que significarán un verdadero lastre para las finanzas municipales.
Hipólito Rodríguez ha resultado un personaje neoliberal y autoritario, a quien poco le interesan los derechos laborales de decenas de burócratas que fueron cesados de inmediato a su llegada a Palacio Municipal, seguramente gracias a los oficios de una experta en esos menesteres, Ivonne Cisneros, quien operó la misma estrategia en la Universidad Veracruzana, en que despidió a decenas de trabajadores, en complicidad o con la instrucción de Tula Guerrero, quien por cierto fue la responsable de producir la primera gran oleada de despidos injustificados en el gobierno estatal, que hizo posible que cientos de familias xalapeñas quedaran súbitamente sin el sustento que ingresaban uno o más de sus integrantes y, además, sin posibilidad de conseguir un empleo digno ante el desastre económico que vive la capital y, en general, el estado.
La polémica más encendida que se ha prendido en torno a la nada eficaz administración municipal morenista ha sido, sin embargo, la relacionada con la contratación de al menos tres operadores financieros de Andrés Manuel López Obrador, dueño de Morena y su próximo candidato presidencial, para manejar áreas como la Tesorería, Recursos Humanos y la codiciada Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), lo que se ha interpretado como un mecanismo para derivar recursos de la capital a las campañas electorales de ese partido, algo que es muy común (Miguel Ángel Yunes lo está haciendo en el gobierno estatal) pero que el partido de López había criticado frontalmente.
Para fortuna de Hipólito, la polémica ha girado en torno a sus torpes declaraciones en que ha señalado tangencialmente que importaba del altiplano a estos funcionarios (que detrás traen a más operadores) porque en la comarca no los había con esas capacidades, poniendo en el centro del debate su desprecio por los profesionales formados en la comarca, cuando lo grave es lo que ha explicado con datos y paciencia el colega Marco Antonio Aguirre en su columna Místicos y Terrenales: el anunciado desvío de los recursos públicos de los xalapeños a las campañas electorales de Morena.
Mientras eso ocurre con las copias de Hipólito de las políticas de su supuesto contrario Miguel Ángel Yunes Linares, los problemas de la ciudad se han robustecido, a raíz de lo cual ha sobrevenido el tercer plagio: acusar a la administración precedente de ser la culpable de los problemas, cuando muchos de estos no existían antes del 31 de diciembre pasado. Ni hablar, los extremos ideológicos se tocan en Veracruz.
Con lo robado por Duarte, los más pobres serían millonarios
El gerente de investigación de Oxfam México, Diego Vázquez, ha puesto la sal en la llaga del enorme robo que supuso el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Durante la presentación de un decálogo contra la desigualdad económica en el país, dijo que el total de los recursos desviados por el exgobernador, calculado en unos 35 mil millones de pesos, sería suficiente para darle a cada persona en pobreza extrema en Veracruz un ingreso por 2.48 millones de pesos para cubrir sus necesidades básicas por un año.
Citó al Banco Mundial, cuyos datos apuntan a que la corrupción le cuesta a México el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), y añadió que uno de los casos más sonados de desvío de recursos en los últimos años fue el de Duarte.
“La injusticia en México está vinculada con una relación muy frágil entre la ciudadanía y el Estado, y una de las razones es porque esa relación está mediada a través de los impuestos. Cuando a un mexicano le retienen un porcentaje de su salario, ese dinero va a las arcas públicas y es utilizado por los gobiernos para dar servicios, pero cuando existe corrupción esos servicios no se dan”, dijo por su parte Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, según la nota publicada por Forbes.
Esto es un problema grande porque los servicios que no otorga el gobierno por motivos de corrupción son aquellos que tendrán que llegar y beneficiar a la gente más pobre, lo que genera un aumento en la desigualdad económica.
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