De los 16 policías y tres mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (incluido el ex titular Arturo Bermúdez Zurita, preso desde hace un año), detenidos por la Fiscalía estatal y acusados de desaparición forzada durante el sexenio de Javier Duarte, cuatro aceptaron ser testigos protegidos y habrían declarado que varios de los desaparecidos están enterrados en la Academia de Policía.
Esta versión no es nueva, circuló en las postrimerías del duartismo. Pero miembros de colectivos que han hecho excavaciones en el sitio no han encontrado nada hasta la fecha.
En lo personal, no creo tan tarugo a Bermúdez Zurita como para ordenar una idiotez de esa naturaleza, sabedor de que no faltaría quien diera el pitazo en el futuro.
Pero otro testigo declaró que algunos detenidos sirvieron de alimento a leones, tigres y cocodrilos que Bermúdez tenía en su zoológico particular.
Si esto es verdad habrá que investigarlo muy bien.
De todos es sabido que un testigo protegido declara lo que sus captores quieren que declare. Y el gobierno de Yunes Linares, o para hablar con más propiedad, el gobernador Miguel Ángel Yunes, tiene motivos de sobra para desear que Bermúdez Zurita y sus ex colaboradores no salgan nunca de la cárcel. Por lo que los testigos protegidos están literalmente a lo que ordene el señor gobernador.
En pleno proceso electoral, puede que esto sea parte de un grotesco montaje para exhibir a Bermúdez, hundirlo y que los bonos del gobernador y su candidato a sucederlo en el cargo suban en las encuestas.
Pero puede que sea verdad.
Con testigos o sin ellos existen elementos suficientes para asegurar que hay al menos 15 personas desaparecidas por policías de la SSP, cantidad que puede multiplicarse por cientos si las autoridades investigan a fondo.
Y es que no hay que olvidar que los colectivos han denunciado que hubo más de 2 mil desapariciones durante el sexenio de Duarte.
En el caso concreto de Arturo Bermúdez, fue señalado de manera directa en reiteradas ocasiones e incluso ante Duarte de Ochoa, de ser autor intelectual de varias desapariciones forzadas, pero el entonces gobernador jamás hizo caso a esas denuncias.
Hoy ambos están presos, pero ambos deben responder por esas desapariciones: uno como encargado de la seguridad y el otro como responsable de gobernar Veracruz.
A pesar de que Arturo Durazo fue señalado de enriquecimiento ilícito, tortura, asesinato, cohecho, corrupción, desaparición de personas y hasta lenocinio, gracias a una extraordinaria defensa sólo purgó una condena de ocho años por acopio de armas.
Si en efecto, tanto Bermúdez como Duarte y sus achichincles son responsables de las desapariciones, sería injusto que una buena defensa los pusiera en libertad al cabo de pocos años.
Injusto para los familiares de las víctimas, e injusto para las mismas víctimas que desde donde estén tocan y tocan la puerta en demanda de justicia.
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