La resolución del ministro Arturo Saldívar, derivada de un amparo promovido por la asociación Artículo 19 y que fue aprobada por mayoría, establece que la falta de regulación de la publicidad oficial tiene un efecto silenciador en los medios y representa una restricción indirecta a la libertad de expresión.
Asimismo, la Corte ratificó la omisión del Congreso de la Unión en la expedición de la ley mencionada, que está contemplada en el artículo 8 transitorio de la reforma político-electoral aprobada en febrero de 2014, por lo cual le dio como plazo a los legisladores hasta el 30 de abril de este año para aprobar la norma respectiva.
Sin embargo, a decir de los 133 firmantes del desplegado, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados “solo busca cumplir con un formalismo para no caer en el desacato ante la sentencia de la SCJN”, pero el predictamen que está por discutirse “legaliza malas prácticas” y “retoma lineamientos ineficientes que existen a nivel federal desde hace tres sexenios”.
“En lugar de ser un esfuerzo de síntesis de todas las iniciativas presentadas, el predictamen retoma la iniciativa presentada el 13 de marzo por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Este documento no atiende los problemas que supone la publicidad oficial, como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros”, se acusa en el desplegado.
Y se agrega: “el predictamen no cumple con los mínimos necesarios. La mayoría del contenido del dictamen retoma los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal que existen desde hace más de quince años sin lograr revertir las malas prácticas del uso de la publicidad oficial. En pocas palabras, esta propuesta es una simulación”.
Entre las malas prácticas que se señala permanecen intocadas en el proyecto de dictamen, se encuentran el que incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, se sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos, se centraliza más el control del gasto en publicidad oficial, hay ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad, y no se propone transparencia ni regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.
“La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados está por discutir mañana un dictamen de Ley de Comunicación Social que de ser aprobado sería muestra de una simulación flagrante de la garantía a la libertad de expresión y viola los acuerdos de parlamento abierto que esta legislatura ha adoptado con la sociedad”, sentencian las organizaciones, medios y ciudadanos firmantes del desplegado.
No es de extrañar que los principales artífices de lo que se vislumbra como una legislación a modo de los intereses de los políticos y no de los de la sociedad sean el PRI junto con sus aliados y “patiños” de siempre. Sin embargo, mantener el status quo de discrecionalidad, opacidad y derroche en la comunicación gubernamental puede significar que les salga el tiro por la culata.
Si no, que se asomen a Veracruz, donde el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares promueve la imagen de su hijo, el candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, ahora descaradamente a través de un spot de promoción turística oficial del estado en el que ambos aparecen “disfrutando” de las dunas y playas de Chachalacas.
Y ya ni hablar de la “nueva relación” del gobierno veracruzano con los medios de comunicación locales, a los que primero les negó convenios por haber sido “cómplices” del derroche duartista, pero ahora les suministra cuantiosos recursos públicos para evitar críticas al régimen y a sus intereses político-electorales durante las campañas electorales.
En el pecado llevarán la penitencia.
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