Otro de los argumentos en contra de la Ley General de Comunicación, es que en realidad lo que hará es venir a justificar lo que ya se venía haciendo hasta ahora, es decir, utilizar el presupuesto de las dependencias de gobierno, con total opacidad y favoritismo, para el lucimiento personal de los funcionarios en turno.
El dictamen aprobado por los diputados y turnado a los senadores, ha sido cuestionado por organismos de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundar, quienes acusan que se trata de una simulación, que sólo pretende cumplir con un formalismo para no caer en desacato de una sentencia de la Suprema Corte, que ordenó al Congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril.
Para la organización denominada Publicidad Oficial, el dictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos, centraliza más el control del gasto en publicidad oficial, no fomenta el pluralismo y la diversidad, no propone transparencia y regulación de la medición de audiencias.
A las 14:50 horas comenzó la discusión en lo particular de los 61 artículos que se reservaron.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Jesús Zambrano, presentó una moción suspensiva a nombre de su bancada para detener la votación del dictamen, pero su solicitud fue rechazada por mayoría priista.
Considera Zambrano que “Es una pretensión de simulación. Es una falsedad. Nosotros sí queremos que se cumpla la sentencia de la Corte. No queremos la simulación, por eso queremos que se declare, que se acepte la moción suspensiva y se regrese a la Comisión de Gobernación”.
La diputada del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que no es verdad que no hubo tiempo de discutir la ley y que “hoy con la explosión de las redes sociales no necesitamos estar limitando a nadie de lo que puede expresar en función de lo que quiere y piensa sobre nuestro país”.
Morena también se opuso a esta legislación, porque en los hechos legaliza las campañas de promoción personalizada; permite el uso de recursos públicos para difundir logros personales; reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial, y avala su contratación como un botín de negociación política, tal y como se ha realizado hasta ahora.
El diputado y comunicólogo Virgilio Caballero Pedraza aseveró: “En México, además de atentados a medios de comunicación, agresiones, amenazas y asesinatos a periodistas, el Estado ha encontrado formas más sofisticadas para la censura y por décadas la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial ha sido el mecanismo más eficaz para controlar e impedir el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión”.
Todavía falta que el Senado la discuta y apruebe, por lo que habrá que estar pendiente de los términos en los que finalmente habrá de ser promulgada la nueva Ley General de Comunicación Social.
Igual, como sucede tantas veces, se aprueban las leyes, pero en la práctica no se cumplen ni mucho menos se respetan y así las cosas, resulta un movimiento gatopardiano, en donde todo cambia para seguir igual.
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