El comportamiento de Miguel Ángel Yunes Linares es cada día más predecible.
El inicio de acciones legales en contra de la última titular del área administrativa de la Secretaría de Educación (SEV) Carol Jessica Moreno Torres era, hablando en términos beisboleros: “un strike cantado”.
El “paquete” resultaba demasiado apetitoso como para despreciarlo. No sólo se trataba de una servidora pública de alto nivel de la administración de Javier Duarte (lo que ayudaría a revivir ese tema y utilizarlo en beneficio de su hijo, el candidato a la gubernatura) sino que, además, se trata de una dama que fue pareja sentimental de Arturo López, hermano del candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, convertido por decisión del propio gobernador veracruzano, en el “enemigo público número uno”, como antes lo fue Fidel Herrera, y después Javier Duarte.
Jorge Winckler, más conocido como “el fiscal carnal”, citó a conferencia de prensa para anunciar que se había solicitado a la PGR que emitiera una alerta migratoria y publicara una ficha roja para buscar, localizar y detener con fines de extradición, a Jessica Moreno quien, presumen las autoridades locales, se estaría refugiando en el estado de Texas, en la Unión Americana.
Cuentan personajes cercanos al Fiscal, que éste tiene una pieza dedicada exclusivamente al resguardo de los “expedientes del patrón”, esto es, de todos aquellos personajes de la política y de la administración pública, que Miguel Ángel Yunes Linares tiene en su “lista negra”.
De todos tiene carpetas integradas. En ellas se documentan sus bienes, los de sus posibles testaferros, los bienes de su familia y cualquier dato o documento que ayude a su enjuiciamiento.
Jorge Winckler, encargado de alimentar esos expedientes y activarlos en el momento que así se lo indique su jefe, guarda celosamente ese material. Pocos, muy pocos tienen acceso a él y solo se abre esa habitación cuando “el patrón” decide echar a andar la maquinaria de la justicia en contra de alguno de sus enemigos.
Pero hoy no es nada personal. Hoy de lo que se trata es de alimentar con leños secos la hoguera de odio contra el priismo. Cada determinado tiempo, conforme los cálculos del gobernador así lo establezcan, se abrirá uno de esos expedientes para acrecentar el repudio contra el PRI y contra su candidato, aunque este nada haya tenido que ver con la rapiña que se denuncia.
El plan del papá de Miguelito Yunes Márquez considera iniciar la campaña formal con ventaja sobre sus dos más serios contrincantes, Cuitláhuac García, de Morena, y Pepe Yunes del PRI.
Las campañas habrán de arrancar en diez días y por eso era importante abrir uno de esos expedientes. Esa es la razón de que Jessica Moreno se haya convertido hoy en un objetivo prioritario.
¿Hay fundamentos para proceder en su contra?
Quizá, pero fácilmente rebatibles. Ese nunca ha sido obstáculo para el gobernador. Él los procesa y después su compadre, el magistrado Presidente Edel Álvarez Peña se encarga de mantenerlos encerrados, al menos mientras él, y quizá su hijo, dejen el gobierno.
Esa es la justicia al estilo Yunes Linares.
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Epílogo.
Un nuevo descalabro para las huestes del “fiscal-carnal” Jorge Winckler. Un juez federal concedió una suspensión provisional a la madre de Arturo Bermúdez Zurita, la señora María Guadalupe Zurita García con lo que el gobierno estatal está impedido de disponer de la propiedad conocida como el rancho La Cartuja, mientras no se establezca sentencia en torno al caso. Gracias a este amparo, la familia de Arturo Bermúdez podrá retirar los sellos y hacer uso del predio, aunque no podrán enajenarlo. Efusivo como suele ser, el gobernador ya hacía planes del destino que iba a tener dicho inmueble. Ni modo, ya será en otra ocasión. *** Con cuánto afán insiste el gobernador de Veracruz en que los ayuntamientos tengan sus propias policías (con lo que le pretende librarse de la responsabilidad de brindar seguridad a los veracruzanos) y las corporaciones que ya operan, y que son administradas por gobiernos emanados de la misma alianza que lo llevó a él al poder, son exhibidas por su complicidad con el crimen organizado. Ahí está el caso de Catemaco. Elementos de la Policía Federal capturaron a diez policías municipales y los remitieron a la PGR, por haber obstruido un operativo para detener a uno de sus compañeros, en cumplimiento de una orden de aprehensión por delincuencia organizada. La tarde del miércoles elementos de la Policía Municipal acudieron a la población Dos Amates, tras el aviso de que sujetos encapuchados y con armas largas habían sacado de su casa a un elemento policiaco. En el camino se toparon con la camioneta donde viajaban las personas armadas y le cerraron el paso. Los Policías Federales se identificaron y confirmaron que se trataba de un operativo legal. Sin embargo, por la noche Policías Ministeriales y elementos de la Policía Federal llegaron a la comandancia de la Policía Municipal de Catemaco y arrestaron a 10 uniformados, bajo el cargo de ultrajes a la autoridad. En las investigaciones pudieran surgir cargos contra el alcalde, de extracción perredista, Julio César Ortega Serrano.
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