En la mayoría de los casos, según la encuesta, el acoso escolar no ocasiona un daño que deje evidencia física, por lo que no puede ser tratado como un delito, pero sí genera un daño emocional o moral en niños y adolescentes, impactando de forma negativa en su adecuado desarrollo.
La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia refiere que en cuanto a las conductas violentas que pueden ser catalogadas como delitos, entre ellos el abuso sexual, el estupro, la violación o la pornografía infantil existen obstáculos cuando dichas conductas tienen lugar dentro de alguna institución educativa. La investigación cita como obstáculos la falta de mecanismos para identificar la comisión de la conducta dentro del plantel o para poder tener denuncias confidenciales (seguras y accesibles) para los menores de edad dentro de sus escuelas, así como protocolos de investigación oportuna.
La encuesta plantea la necesidad de que escuelas y centros educativos se conviertan en espacios seguros para los niños y adolescentes y que las estrategias de atención a las situaciones de violencia que en ellos se generen, trasciendan la visión de criminalización. Recomienda asimismo que se construyan estrategias de prevención, atención terapéutica y empoderamiento para que los niños y adolescentes se asuman como sujetos de derecho y que se creen estrategias para la protección de la integridad de infantes que han sido víctimas de algún delito, lo que incluye que al denunciar o buscar la restitución de sus derechos ello no implique la pérdida de su espacio educativo, la exclusión o estigmatización dentro del mismo.
Descuentos injustos
Juan Nicolás Callejas Roldán, candidato de la Coalición “Todos por México” al Senado de la República, mantuvo este martes reuniones privadas sin descuidar las actividades de campaña que desarrolla diariamente.
Entre quienes se reunieron este martes con el coordinador general del Equipo Político de la Sección 32 del SNTE se cuenta a varias decenas de maestros que le solicitaron que los incluya en el grupo de ya más de 200 trabajadores de la educación que tienen descuentos en sus quincenas porque fueron defraudados por personas que se hicieron pasar por representantes de dependencias federales.
Desde abril, el diputado local con licencia ha atendido el tema y como representante de la Sección 32 del SNTE solicitará formalmente en los próximos días que se anulen los convenios con las empresas comerciales que aplican descuentos vía nómina, “pues ni los trabajadores ni las organizaciones sindicales que los representan conocen el contenido de los mismos y en años anteriores el SNTE exigió su término desconociéndose la causa por la cual fueron activados de nueva cuenta”.
Es muy probable que la situación que viven cientos de maestros se resuelva puesto que los descuentos que se les hacen violenta sus derechos y transgrede el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere a utilidades mercantiles; es decir, los descuentos que se les aplican sobrepasan el 30% del monto total de sus percepciones y se han registrado descuentos de hasta el 100% de su salario dejándolos sin el sustento necesario y afectándolos en su economía familiar y social.
Así que aun cuando anda en caña, Juan Nicolás Callejas no descuida sus actividades como sindicalista.
Reformas a la Ley 287
La iniciativa de reforma a la Ley 287 de Pensiones del Estado que presentará en próximos días la diputada local Daniela Griego Ceballos tiene como finalidad propiciar un mejor funcionamiento del Instituto de Pensiones del Estado; además, busca que el IPE tenga la viabilidad financiera que le permita seguir otorgando pensiones a los trabajadores en retiro y garantizar a los trabajadores en activo pensiones en el momento de su jubilación sin problema alguno.
En la iniciativa se proponen reformas con la finalidad de mantener el sistema solidario de pensiones, que es el fondo del asunto, pero también que haya transparencia, una toma democrática de decisiones al interior del IPE, equilibrar al Consejo de Administración, al Comité de Vigilancia y dar a conocer todo tipo de informes que en el marco de la transparencia no se ha cumplido hasta ahora.
La iniciativa de reforma toca evidentemente todo el tema financiero del IPE porque el problema fundamental del IPE son sus finanzas y cómo se han manejado incluyendo su reserva técnica, por ello se plantea la creación de un Comité Financiero que pueda planear y evaluar la política financiera y de inversiones del IPE e igualmente garantizar la obligación del gobierno del estado para el pago de las pensiones en el esquema solidario.
Durante los próximos días, los sindicatos enviarán a la diputada por Morena sus observaciones con la finalidad de tener varias propuestas. La próxima semana podría realizarse una nueva reunión y tener un documento más acabado que se pueda presentar al pleno del Congreso local.
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