Hace un sexenio dio por denominarse “elección total” a la que se celebró en 2012, porque se renovaron los poderes ejecutivo y legislativo federales, y se tuvieron 15 elecciones locales (6 Gobernadores, un Jefe de Gobierno, 347 Diputados locales de mayoría relativa, 232 Diputados locales de representación proporcional, 871 presidencias municipales y 16 jefes delegacionales). Pero si a alguna elección le acomoda ese nombre es a los comicios de este 2018. En efecto, en el próximo mes de julio, según los datos oficiales de la página electrónica del INE, se renovarán 629 cargos de elección federal (presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados), 8 gubernaturas y una jefatura de Gobierno, 972 diputaciones locales, 1 596 presidencias municipales, 16 alcaldías y 1 237 concejales, 1 664 sindicaturas, 12 013 regidurías y especificidades como las de 19 regidurías étnicas y varias juntas municipales (24 presidencias, 24 sindicaturas y 96 regidurías): una elección total de 18,299 cargos. Políticamente la elección es enorme, si entendemos que lo que está en juego es la consecuente redistribución formal y material del poder político, tanto en el centro como en la periferia; es decir, el control del gobierno federal en sentido amplio, 28% de las gubernaturas o equivalente y el 65% de los ayuntamientos del país, que traerá un resultado “ganancioso” para alguna de las tres coaliciones de partidos políticos nacionales más grandes o, por el contrario, producirá el “tsunami” electoral que afectará a algunos de los partidos que las componen. Las cifras de ciudadanos son apabullantes: más de 88 millones de personas en edad de votar, legalmente empadronados, representan el tremendo potencial de votantes en nuestro país. Por supuesto, los porcentajes de participación/abstencionismo determinarán el flujo real de votantes, y se estima que, al menos 53 millones ejercerán su derecho de voto. Y, quienes voten, tendrán que “cruzar” varias boletas, dado el número de elecciones federales, locales y municipales en que participarán, según corresponda.
El comportamiento estadístico de las elecciones anteriores y la opinión de los analistas más serios apuntan a que, a la “hora” de la jornada electoral, las diferencias en las encuestas sobre preferencias comiciales se habrán estrechado. Hace seis años dijimos que, como es natural, las aspiraciones y postulaciones de candidatos presidenciales son las que atraen la mayor atención noticiosa, a la caza de sus aciertos o yerros. Menos atención tiene la “autopista” sobre la que se desliza toda elección, cuyos datos “duros” están formados por la legislación electoral tanto de orden administrativo como jurisdiccional. Construida realmente en la década de los noventas del siglo anterior, esta carretera “nacional” muestra todavía baches y desperfectos que asombrosamente suscitan muy poca curiosidad pública, con excepción de los especialistas o estudiosos que tampoco son realmente muchos. Los propios organismos electorales han variado sus criterios y siguen resolviendo con interpretaciones que, después, son enmendadas por la judicatura electoral, y ha llegado a decirse que: (a) no hay acuerdo para una verdadera reforma integral; o, (b) a todos los institutos conviene la falta de claridad en la legislación electoral. Por supuesto, la primera hipótesis es verídica y, la segunda, difícilmente creíble. El país está a prueba. Veremos… |
