No fue ninguno de los rechazados (que en corto también han manifestado su extrañeza por los evidentes vicios en el proceso). Fue un integrante de la Comisión de Selección, el doctor Víctor Manuel Andrade Guevara, quien salió a denunciar el desaseo en el proceso de integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
En éste, como en muchos otros mecanismos que tienen como fin impulsar la transparencia y el combate a la corrupción, una mano azul ha estado meciendo la cuna.
El jueves 31 de mayo, dos días después de la fecha marcada en la convocatoria, siete de los nueve integrantes de la Comisión de Selección firmaron un dictamen en el que se dan a conocer a los primeros integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Los ciudadanos encargados de entrevistar, analizar y elegir a los miembros de este comité ciudadano fueron designados, de forma opaca y arbitraria, por la Junta de Coordinación Política del C9ngreso local, que encabeza el panista Sergio Hernández, hoy candidato a reelegirse.
La lista la integran Juan José Sierra Álvarez, Carlos Antonio Vázquez Azuara, Luis López Constantino, Ruy Rodríguez Gabarrón Hernández, David Quintano Díaz, Clara Haydee Cruz Balbuena, Carlos Arturo Luna Gómez, Víctor Manuel Andrade Guevara y Carlos Rafael Fernández Cabrera.
Estos dos últimos no firmaron el dictamen.
El dictamen hecho público, a pesar de que dos de los miembros de la Comisión no lo firmaron, designa como miembros del Comité a: Sergio Vázquez Jiménez (para un período de un año), José Emilio Cárdenas Escobosa (dos años), Alma Delia Hernández Sánchez (tres años), Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampieri (cuatro años) y Mercedes Santoyo Domínguez (cinco años).
Los argumentos de Andrade Guevara (miembro del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV, Maestro en Ciencias con especialidad en Administración Pública por el IPN y Doctor en Historia y Estudios Regionales por la UV) son contundentes:
“Se acordó que la evaluación se haría conforme a un conjunto de criterios como el curriculum de los aspirantes, su experiencia en relación con la lucha anticorrupción y el desempeño en las entrevistas, así como una valoración cualitativa; rubros a cada uno de los cuales se asignaría un puntaje específico. En el documento en el que se comunican los resultados, sólo se dan los nombres pero no el puntaje alcanzado por cada uno de los aspirantes. Considero que es un derecho de los aspirantes no seleccionados conocer las razones por las cuales no fueron incluidos y hacer público, si lo hay, el puntaje obtenido por todos los aspirantes, incluidos los seleccionados”.
Víctor Manuel Andrade rebela, además, que durante el proceso fue seleccionada “una persona que resultó estar relacionada sentimentalmente con uno de los integrantes de la comisión de selección, cuestión que se tuvo que corregir”.
El Investigador de la UV señala abiertamente su inconformidad con tres de los cinco nombramientos de los que considera que carecen de los atributos de independencia, capacidad profesional y compromiso ciudadano con la lucha anticorrupción.
Sobre Sergio Vázquez Jiménez advierte que a través de su despacho de contadores, se ha dedicado a hacer trabajos para el Orfis y ha mantenido una relación permanente con los titulares de ese organismo, incluyendo a quienes en el sexenio pasado ocuparon tal posición, lo que “le resta independencia y autonomía, pues ha existido una relación comercial y de servicios”.
De Emilio Cárdenas y Alma Delia Hernández Sánchez, destaca que ambos ocuparon cargos en el área de Comunicación Social en la pasada administración estatal, “cuando ocurrieron los casos más graves de corrupción en la historia de Veracruz y tal vez del país, sin que se deslindaran de ninguno de esos hechos”, a la vez que no mostraron cualidades “para desempeñar un papel de liderazgo, autonomía y combate a la corrupción”.
El diagnóstico de este integrante de la Comisión de Selección es claro:
“En el Comité de Participación Ciudadana predomina la representación empresarial y personajes ligados al gobierno actual, por lo que difícilmente actuarán con plena autonomía”.
Quien operó todo este tinglado fue el diputado local (expriista y hoy el más ferviente defensor del yunismo azul) José Luis Enríquez Ambel.
Y atrás de él… ¿quién?
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Epílogo.
Su angustia es inocultable. Ellos mismos la han hecho evidente. No sólo fue que quemaran el cartucho de la orden de aprehensión contra Karime Macías. Se trata también del exhorbitante derroche de recursos traducidos en miles de miserables despensas, de los escandalosos acarreos para mítines multitudinarios a la mitad de la campaña, se trata de la descarada extorsión a alcaldes opositores, para que se “sumen” al proyecto del vástago. *** Lo más grave de todo esto, es que nada les está funcionando, la caída no se frena y su padre –el verdadero coordinador de la campaña- no encuentra la fórmula mágica que evite esa catástrofe. *** ¡Cuidado!, porque desesperado, el gobernador se convierte en una fiera muy peligrosa. Lo que tenga que hacer, lo hará... ¡Lo que sea!
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