Conforme se acerca el final de las campañas y la fecha de la elección, el régimen que gobierna en el estado de Veracruz aprieta las tuercas del sistema para amedrentar e imponer condiciones que favorezcan sus intereses dinástico-políticos.

Sólo de esta manera pueden entenderse las tardías “adhesiones” de ediles de diferentes ayuntamientos de oposición a la candidatura del hijo del gobernador, el abanderado de PAN-PRD-Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, mismas que han estado difundiéndose en los últimos días por parte de su coordinadora de campaña, Indira Rosales San Román.

Muy poco, si no es que nada, significan en términos de votos reales estas supuestas deserciones de ediles del PRI, PVEM y de Morena para “sumarse” al proyecto “monárquico”, algunas de las cuales hasta han sido desmentidas por los involucrados. Pero de lo que se trata es de crear una percepción: la de que Yunes Márquez cuenta con el apoyo de las mayorías, lo cual, si nos atenemos a las encuestas –las serias, no las “patito” que propaga el gobierno a través de sus amanuenses-, a la información disponible y hasta al sentido común, es absolutamente falso.

Sin embargo, los presidentes municipales que sí han aceptado unirse al “show del chaquetazo” lo han hecho por una razón: las amenazas que han recibido desde el gobierno estatal de actuar en su contra a la hora de la revisión de las cuentas públicas. Utilizando, como es el sello distintivo de la casa, a las instituciones y a las leyes para lucrar y doblegar políticamente.

Huelga decir que algunos de estos ediles no tienen de otra, pues sus malos antecedentes y hasta sus procesos penales pendientes hablan por ellos. Pero eso no tiene la menor importancia. La propia Indira Rosales declaró que no investigaron el pasado ni la reputación de sus nuevos aliados. Ni les interesa hacerlo. “Se aceptará a los que quieran sumarse. Se trata de recibir a las personas que crean en el proyecto”, admitió con cinismo. Impunidad a cambio de complicidad y servilismo, es la estrategia.

Pero no solamente a los ediles se les está presionando. Es conocido el dato de que la burocracia estatal está amenazada con la pérdida de su empleo si no asiste a los mítines del hijo del gobernador, que de esta forma logra grandes concentraciones que le sirven para las fotos de sus boletines y su propaganda. Aunque quién sabe si eso se llegue a traducir en votos verdaderos.

El brazo ejecutor de la intimidación a la burocracia es el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, desde cuya oficina se da la instrucción del acarreo de empleados gubernamentales, así como la advertencia sobre las consecuencias de no acatar las órdenes, que según algunas denuncias, como una hecha circular por trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social estatal –la misma que encabezaba Indira Rosales-, llegan hasta a la amenaza de iniciar procedimientos judiciales para involucrar a los “desobedientes” con las empresas fantasma del duartismo. Cuando que la mayoría de ellos son funcionarios menores, sin capacidad de toma de decisiones. Mucho menos de ejecución del gasto o de contratación de proveedores.

Así las prácticas de intimidación, amenaza y coacción del régimen que quiere darle “continuidad” al “cambio” en Veracruz. Y lo peor, es que ni así les está alcanzando. 

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