Tiene razón José de Jesús Mancha. Él, como cualquier mexicano, tiene derecho a tener su propia empresa. Bueno “sus propias” empresas. Bueno, él y su familia tienen el mismo derecho que cualquier otra familia, de tener sus negocios, y de venderle servicios, obras y productos al gobierno del estado.
Casualmente esa es la misma lógica con la que otro “brillante” panista, el llamado “Joven Maravilla”, Ricardo Anaya, hizo una incalculable fortuna. Él también hizo uso de su derecho (como el de cualquier mexicano) de tener empresas, de hacer negocios (tanto él como su familia) para hacerse de una respetable fortuna, producto de su sagacidad y su destreza en el ámbito empresarial.
En el Código Penal Federal (Artículo 221) se define con precisión qué es el delito de “tráfico de influencias” y en qué casos se comete, y entre otros escenarios plantea: II. Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior; IV.- El particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro”.
A quien comete el delito de tráfico de influencia le corresponden de dos años a seis años de prisión y de treinta a cien días multa.
Pepe Mancha, dirigente estatal del PAN, quien se atribuye el mérito de haber hecho ganar a Miguel Ángel Yunes Linares en 2016 y quien desde entonces anticipó que no se incorporaría al gabinete, pues seguiría al frente del partido, habló por primera vez sobre los señalamientos en su contra por haber creado diversas empresas -algunas a su nombre y otras a nombre de familiares muy cercanos- que trabajan exclusivamente para el gobierno estatal, ese gobierno panista que él llevó al poder.
Hoy nos explicamos la razón de su desinterés por formar parte del gabinete de Yunes Linares: “No me des chamba, hermano, ¡dime qué te vendo!”.
En apenas 18 meses las empresas de Pepe Mancha y su familia consiguieron contratos con el gobierno estatal por más de 70 millones de pesos. Él asegura que todos ellos fueron ganados de forma legal, pero existen pruebas documentales que muestran que en concursos “por invitación”, sus propias empresas o las de su familia eran las que participaban, con lo que se aseguraban de que la obra o el contrato fuera adjudicado a una de sus firmas.
Como la información periodística surgió justo durante las campañas electorales, Pepe Mancha lo atribuye a esa “guerra sucia” que se suele dar entre candidatos. Sin embargo él no competía.
José de Jesús Mancha es el caso más burdo, el más evidente de que la corrupción que tanto criticó Miguel Ángel Yunes Linares del gobierno de Javier Duarte. Ahora sólo cambió de nombres, pero sigue siendo tan grave –o más- que en ese entonces.
Ya en este mismo espacio se han documentado severas irregularidades cometidas en áreas muy sensibles, como el sector salud, donde servidores públicos de la administración estatal, con la complacencia -y quizá complicidad- del gobernador, están robando una fortuna con la compra y distribución de medicamentos y la contratación de servicios médicos externos.
Todos los que hoy roban, le apostaban al triunfo del “cachorro” para cubrir sus tropelías.
No tuvieron suerte y hoy andan buscando como justificarse.
Ese es el caso de Pepe Mancha.
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Epílogo.
A propósito de gente “nerviosa” por la derrota de Miguel Ángel Yunes Márquez, ahí está el caso del Presidente del Tribunal de Justicia, Edel Álvarez Peña, apodado entre los abogados como “el verdugo”, pues es quien se encarga de promover las órdenes de aprehensión, los autos de vinculación y las medidas cauteklares de prisión, contra los enemigos de su jefe (sí, su jefe, aunque la Constitución diga que son iguales) Miguel Ángel Yunes Linares. *** Salvo el segundo proceso abierto contra el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y algunos otros exfuncionarios de la Fiscalía de Veracruz (desaparición forzada de personas) todos los otros duartistas que se encuentran encerrados en Pacho Viejo, deberían gozar hoy de libertad. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los delitos de orden patrimonial no ameritan la medida cautelar de prisión, salvo que el juez de control lo estime necesario. Ahí está la mano de Edel Álvarez, quien ha instruido a los juzgadores para que todos los exservidores públicos de la época duartista que sean aprehendidos, sigan encerrados. *** El Presidente del Poder Judicial perdió la calma este martes cuando los periodistas lo cuestionaron sobre los procesos especiales sancionadores que se iniciaron contra jueces del Poder Judicial del Estado. Él sabe que esa es la punta de la madeja y que si siguen esa pista, estará en riesgo su cargo e, incluso, su libertad.
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