Si hay algo que puede enfurecer profundamente al todavía gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, es que lo comparen con sus antecesores Fidel Herrera Beltrán y, especialmente, Javier Duarte de Ochoa.

Sin embargo, durante el poco más de año y medio que lleva su administración -y por lo visto así se mantendrá hasta el final-, su actuación al frente del Poder Ejecutivo del Estado ha sido prácticamente idéntica a la de sus predecesores. Particularmente en los aspectos negativos.

Desde el mismo día que asumió el gobierno, dejó en claro que sería un gobernante autoritario y así se comportó todo el tiempo. Hizo pedazos la división de poderes, colocando incondicionales en el Judicial y comprando conciencias –y votos- en el Legislativo. Maniató a los organismos que, autónomos en el papel, terminaron, como la Fiscalía General del Estado, convertidos en ridículas comparsas, con el agravante de que hasta el día de hoy siguen siendo usados como armas en contra de sus adversarios y sus críticos.

La transparencia tampoco fue una práctica de este gobierno. La incautación de bienes muebles e inmuebles en posesión de ex funcionarios duartistas, que ha sido una de sus banderas políticas y propagandísticas estos dos años, se hizo con absoluta discrecionalidad y opacidad, mientras que su uso y destino se mantiene en esos mismos términos. Igual que con la deuda contraída desde que comenzó el bienio y la reestructuración de la que se arrastraba.

Otro de sus “logros”, la detención y encarcelamiento de ex funcionarios de la pasada administración, no fue sino una pantomima de justicia, pues se aplicó la ley a conveniencia, actuando judicialmente sólo contra algunos duartistas y pactando impunidad con muchos otros, la mayoría, a cambio de recursos e información.

La austeridad pregonada por el régimen de Miguel Ángel Yunes Linares también es un espejismo. En la fracasada campaña de su hijo por la gubernatura se registró un descomunal derroche de recursos, tanto financieros como humanos, del gobierno estatal, que seguramente saldrá a relucir cuando se revisen las cuentas públicas de 2017 y, sobre todo, la de 2018.

Y ésa es precisamente la clave de la obstinación por imponer el nombramiento de más incondicionales de este régimen en organismos como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: intentar amarrarle las manos a la administración estatal que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre y cubrirse las espaldas ante eventuales investigaciones y llamados a rendir cuentas. Exactamente de la misma manera como buscó hacerlo Javier Duarte hace dos años, quien fracasó en su intento sólo por la intervención del Gobierno Federal, que ya lo había desahuciado políticamente.

Yunes Linares detesta la inevitable comparación de sus actos con los de Duarte de Ochoa, y así lo expresó durante el noticiero de Denise Maerker en Radio Fórmula este jueves. “No soy Duarte”, le reclamó el gobernador a la periodista, arguyendo supuestas diferencias entre la situación que privaba hace dos años con la actual.

Pero son iguales. Por eso ambos perdieron.

Asueto

La Rúbrica y su autor tomarán un breve descanso la semana entrante, para regresar a su publicación el martes 7 de agosto. A sus lectores y editores, muchas gracias.

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