¿Quién es Blanca Jiménez Cisneros? Es ingeniera ambiental con estudios de posgrado en Francia y perito del Colegio de Ingenieros Ambientales; tiene 35 años de experiencia en el tema del agua, especializada en la protección y remediación de la calidad del líquido, así como en su uso eficiente y con equidad social.
Estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y, posteriormente, ingresó al Instituto de Ingeniera de la UNAM. Ha sido vicepresidenta y presidenta de la Academia Mexicana de Ciencia en el periodo 2011-2012, así como presidenta de la Asociación Internacional del Agua-México en el mismo periodo y presidenta del Colegio de Ingenieros Ambientales de 1999 al 2000, entre otros cargos.
Jiménez Cisneros ha colaborado en auditorías ambientales, además de que, junto con un grupo de expertos internacionales, realizó los criterios de reúso de agua para la industria alimentaria, entre otras acciones destacadas.
Los necesarios reajustes al manejo del agua
El próximo gobierno federal tendrá que operar un cambio drástico en las prioridades que el gobierno saliente impuso en materia presupuestal desde 2017 al manejo de los recursos hidráulicos. La experiencia de la próxima funcionaria no solo debe alcanzar para detectar las anomalías en este tema sino también para reenfocar la política federal en esta materia.
En efecto, con la reducción de los presupuestos, el gobierno de Peña Nieto prefirió invertir el máximo de recursos públicos en los grandes proyectos de participación pública-privada, al tiempo que redujo en algunos casos, y desapareció en otros, rubros relacionados con proyectos propios, enfocados a la población.
El Fondo por la Comunicación y la Educación Ambiental AC (https://agua.org.mx) describe lo hecho por Enrique Peña Nieto para 2017: “Allí donde la inversión beneficiará a un selecto grupo de constructores privados, no solamente con la ejecución de las obras sino también con la operación futura de esa infraestructura, allí es donde incrementan los montos presupuestales y en cambio, en aquellos casos de proyectos de infraestructura cuya operación futura quedará a cargo de la propia Conagua o de las instancias estatales y municipales, allí sí se aplica todo el peso del recorte presupuestal.”
Así, aplicó un recorte drástico a los programas que implican un beneficio directo a las comunidades, municipios y entidades federativas, mientras preservaba el monto de recursos que implican un subsidio a la inversión privada a través de las Asociaciones Público Privadas (APP).
El recorte afectó con una quita de más de 9 mil millones de pesos al programa Proagua que, desde 2017, fue el único programa federalizado para atender las necesidades de construcción de infraestructura para la dotación de agua potable, drenaje y saneamiento; al mismo tiempo, desapareció el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar).
En su lugar, el gobierno federal propuso mantener el ritmo de inversión para infraestructura hidráulica en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) e incrementar el ritmo de recursos destinado a la construcción de la Presa y Acueducto Zapotillo. Ambos proyectos se ejecutan bajo el esquema de las APP por lo que bien pudo optarse por la alternativa de ajustar a la baja el monto de la inversión pública y aumentar la privada para ambos proyectos y compensar ese cambio en 2018 o ejercicios posteriores.
Las benditas redes sociales
“Dice René Bejarano que él es el villano número 2 del país porque el primero es Luisito Rey. No. Luisito es malo de malolandia y René es de otras ligas: refleja la realidad de la corrupción en el país. Aunque se haga el chistoso: la R”. Revista etcétera @revistaetcetera.
Gestión de aguas nacionales, desastrosa
Si lo recortado en 2017 fue grave, lo que se ha aplicado para este año ha sido fatal:
El presupuesto 2018 profundiza el severo recorte, de 72%, en los montos asignados hasta 2017 a los sistemas de agua y saneamiento, violando el derecho humano al agua, ignorando este aspecto vital de la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos de septiembre e induciendo la privatización.
Al señalar graves irregularidades en el ejercicio de recursos asignados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y profundas deficiencias en su capacidad para administrar aguas nacionales, en noviembre pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó la reestructuración del organismo como condición para garantizar agua de calidad para las generaciones futuras.
Los diputados federales no escucharon en noviembre la propuesta ciudadana de incrementar significativamente el presupuesto asignado al agua y saneamiento, reasignar los recursos de megaproyectos a proyectos locales de infraestructura de agua y saneamiento priorizando a las poblaciones discriminadas y a las afectadas por los sismos, a la vez de transferir recursos del rubro "Gestión Sustentable de las Aguas" a instancias de planeación y contraloría ciudadana a fin de corregir las severas deficiencias en el funcionamiento de la Conagua.
En su análisis de capacidad de gobernanza de la Conagua, la ASF subrayó como imperativo que la autoridad en la materia realice cambios estructurales en sus procesos y procedimientos para garantizar la disponibilidad del vital líquido para las generaciones presentes y futuras. De hecho, el Presupuesto Agua 2018 resulta fatídico para la población abierta, no así para corporaciones.
A eso se deberá enfrentar el próximo gobierno federal y la Conagua al elaborar el presupuesto a la dependencia para 2019, con el fin de enmendar las asimetrías que un uso discrecional del presupuesto, favorable a las grandes corporaciones, generó en los últimos dos años el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador podrá abrir así una nueva etapa de gestión del agua en México.
Yunes no logra dar seguridad a mujeres ni a comunidad LGBTTTI
Aunque cada domingo sale con la versión de que la violencia criminal en Veracruz ha disminuido, lo cierto es que ese espejismo puede ser producto de la “Operación Bravo Contreras”, la misma que utilizó el exfiscal, hospedado en Pacho Viejo durante el gobierno de Javier Duarte. Hay que recordar que tan pronto asumió el cargo ordenó a sus fiscales bajarle al reporte de delitos. De esa manera parecía, a la vista de los incautos, que el gobierno que representaba había encontrado la fórmula para bajar de súbito los índices de criminalidad, y de qué manera, cuando lo único que hacía era no reportar todas las carpetas de investigación abiertas.
Al principio, el actual gobierno reportó todo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), o al menos eso parece; por eso, los índices se dispararon. Ahora que está pronto a salir, pareciera que la Fiscalía General ha ordenado hacer lo contrario. Por eso, cada domingo el gobernador Yunes sale con el optimismo en los ojos a señalar que va bajando la incidencia delictiva y ha logrado que alguien más se lo crea.
Sin embargo, tras dos alertas de género y la posibilidad de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emita otra porque no ha sido posible brindar protección a las veracruzanas, la violencia ha prendido la mecha en otro sector vulnerable, el de la comunidad LGBTI.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha rechazado y condenado la ola de crímenes de odio por homofobia ocurridos en el estado de Veracruz en lo que va del año 2018. Particularmente, los recientes crímenes en contra de Alaska Contreras Ponce y Elián Alexis, que se suman a otros 15 (de 9 mujeres transgénero y 8 hombres gay) contra esta comunidad, registrados por la sociedad civil.
Jan Jarab, Representante en México de la ONU-DH, subrayó que “de acuerdo con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que México ha adquirido, el Estado tiene la obligación de proteger el derecho de las personas LGBTI a la vida y a la seguridad personal.”
“Adicionalmente, el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas para prevenir los asesinatos motivados por el odio, las agresiones violentas y la tortura, y de investigar estos delitos rápida y diligentemente con el fin de llevar a los responsables ante la justicia,” agregó Jarab.
La ONU DH hizo un llamado a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar las actitudes homofóbicas y transfóbicas y promuevan el respeto hacia la población LGBTI. La medida más inmediatamente debería ser que ninguno de estos casos quede en la impunidad.
“Observamos con preocupación el incremento de discursos y acciones que constituyen una amenaza a los derechos de la población LGBTI. Los contextos en los que estas narrativas toman fuerza permiten la existencia de crímenes de odio como los que se han materializado en el estado de Veracruz”.
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