Apenas unas semanas atrás, Álvarez ordenó la remoción de la magistrada Lizbeth Hernández Ribbón de la Tercera Sala en Materia Penal, en donde se atiende el caso del exfuncionario de Javier Duarte. Hernández Ribbón es funcionaria judicial de carrera y se ha colocado como franca opositora a los abusos que, desde la Presidencia del TSJE, se han cometido en algunos casos.
Pues resulta que Edel Álvarez la destituyó y en su lugar designó como presidente de la Tercera Sala al magistrado Marco Antonio Lezama Moo, uno de sus alfiles en el Poder Judicial. Es la misma sala judicial en la que está adscrito el magistrado Amadeo Flores Villalba, líder de la asociación política Vía Veracruzana, que en la pasada contienda electoral se volcó con su (raquítico) capital político en favor del candidato perdedor del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez.
Lo que intentará Edel —ex priista, ex duartista, convertido a yunista— es heredarle a Cuitláhuac García Jiménez un expediente enclenque para que, iniciado su gobierno, la sala libere de las acusaciones a Bermúdez y entonces se le señale de acordar su liberación. El primer paso ya lo dieron.
Bien haría el empresario de medios, Edel Álvarez, en repensar este acto, sobre todo cuando en los últimos días se registran mensajes de la clase política del PAN y el PRD de abandono a los cómplices de Yunes, como la diputada presidenta del Congreso local, María Elisa Manterola Sainz, quien por violentar el procedimiento legislativo para designar fiscal anticorrupción a Marcos Even Torres Zamudio, podría ser hasta desaforada como demandan abogados que aspiraron a ese cargo.
Los tiempos políticos han cambiado. Pero Edel no entiende que no entiende.
Las benditas redes sociales
“Solo hay una cosa clara en el inicio de la nueva legislatura: se inaugura el parlamentarismo de la cartulina, la manta, la porra y la consigna. El grito en la grada que ensordece el argumento de la tribuna” Roberto Gil Zuarth @gilzuarth
Podría estar cavando su tumba el Fiscal Jorge Winckler
En efecto, el viernes, Cuitláhuac García acusó ante los medios de comunicación de que el actual gobernador y el fiscal realizaron tratos con el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo B. Z., para no armar de manera correcta el caso y que salga en libertad.
Existen momentos de sospecha, dijo, como el que Miguel Ángel Yunes Linares haya recuperado bienes de Bermúdez Zurita cuando aún no era gobernador por lo que es necesario que se haga de manera correcta una investigación; si otorgan la libertad al exsecretario de Seguridad Pública, afirmó, el contubernio será demostrado. “Si están eludiendo la justicia, quiere decir que alguien actuó con omisión o en contubernio”.
Manifestó su extrañeza ante la posibilidad de que vayan a liberar a alguien que tiene sospechas fundadas de desaparición forzada. “Nosotros vamos revisar el caso y lo vamos a revisar muy bien, pero también vamos a buscar quiénes acusaron de una manera mal hecha; la fiscalía también tiene responsabilidades”.
Si entendemos bien el mensaje, este trabajo mal hecho en la integración de la carpeta de investigación, en la fundamentación de las acusaciones, en el ofrecimiento de pruebas, puede ser contraproducente para el fiscal carnal de Yunes, Jorge Winckler Ortiz, porque puede servir –junto con otros tantos fracasos– para revisar su trabajo y hallar los elementos necesarios para pedir ante el Congreso su destitución.
No es el único expediente en que Jorge Winckler (que es casi como decir el mismísimo Yunes Linares) ha fallado a la hora de la verdad. La situación jurídica de todos los que están en prisión bajo proceso penal por delitos patrimoniales contra el gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte sigue en el limbo: no hay uno solo que tenga sentencia definitiva y todos pueden ser liberados en cualquier momento, aunque el actual gobierno se cuidará de que eso sucede a partir de diciembre y responsabilizar de ello al gobierno entrante.
¿Qué dirá el Presidente en el sur de Veracruz?
Al menos en el proyecto de grandes obras para su sexenio, el próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no puso ningún acento en su segunda patria chica, Veracruz, y las más grandes inversiones petroleras, en particular la mega refinería, la ha reservado para su natal Tabasco, además de enviar a Villahermosa las oficinas de la Secretaría de Energía, mientras que en Ciudad del Carmen, Campeche, tiene planeado instalar las oficinas centrales de Pemex.
Es cierto que ha pensado en la refinería de Minatitlán, y es de agradecer que la carga contaminante de la nueva refinería no se instale en una región que por décadas ha sufrido los efectos destructivos de los procesos de extracción y transformación de la industria petrolera.
Pero seguimos pensando que algo bueno tiene deparado para una entidad que le aportó tantos votos a su proyecto, tanto presidencial como por la gubernatura. Y un buen aviso lo constituye el hecho de que la primera gira presidencial por el país sea en municipios del sur veracruzano, como lo anunció el viernes pasado en conferencia de prensa.
En efecto, luego de su toma de protesta como mandatario en Palacio Nacional el lunes 1 de diciembre, día en que también tiene previsto un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador agarrará su maleta para dirigirse a Coatzacoalcos, para recorrer varios municipios, acompañado del nuevo gobernador Cuitláhuac García Jiménez, diputados federales y locales, así como alcaldes.
Nadie podrá decir que Cuitláhuac no comenzará su andadura con el pie derecho. Las declaraciones que ha hecho en torno a apoyos del gobierno federal para resolver problemas locales seguramente derivan de acuerdos tomados con Andrés Manuel López Obrador y su equipo con el que gobernará a partir de diciembre próximo.
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