Salvo aquellos con los que presuntamente mantiene intereses económicos comunes o se han prestado a diversos tipos de complicidades –los Ruiz, los Chedraui y otros de apellido libanés señalados o procesados penalmente por pederastia–, pero, en general, la relación del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares con la mayoría de los empresarios veracruzanos ha ido de mal en peor, tanto que está haciendo crisis al final de su corto mandato.

En Xalapa, por ejemplo, proveedores y contratistas del gobierno del estado a los que su administración no les ha querido reconocer ni pagar los adeudos institucionales que dejaron pendientes los regímenes de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, los descalificó tachándolos públicamente de cómplices de los ex gobernantes priistas e inclusive los mandó a desalojar de Palacio de Gobierno cuando se aprestaban a pernoctar en la antesala de su despacho, en un desesperado intento para que los recibiera en audiencia. En respuesta, los indignados miembros de la asociación civil “Empresas SOS”, encabezados por Alejandro Cossío y Jesús Castañeda Nevárez, mandaron a colocar hace tres semanas en la céntrica Plaza Lerdo un reloj digital para contar diariamente las horas, minutos y segundos que le restan al bienio yunista.

Pero este martes arremetió en contra de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cuyos directivos, el día anterior, en una reunión a la que asistieron también representantes de otras cámaras empresariales y prestadores de servicios turísticos, le dieron a conocer al gobernador electo Cuitláhuac García un estudio técnico que puso en evidencia las obras de relumbrón que el alcalde Fernando Yunes, hijo menor de Yunes Linares, realiza actualmente en el bulevar “Presidente Manuel Ávila Camacho”, cuyos trabajos mal planeados colapsaron el sistema hidráulico de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, provocando graves inundaciones por las torrenciales lluvias de agosto, ya que los desfogues pluviales se redujeron hasta 70 por ciento, según dictaminaron los especialistas.

Visiblemente molestos, el Ejecutivo estatal y su vástago descalificaron a la cámara empresarial. Entrevistado este martes durante el inicio de las obras de pavimentación en la colonia Antorcha Campesina del puerto de Veracruz, Yunes  Linares reviró que “quienes estén viendo las pichanchas y las coladeras, que lo sigan haciendo”, ya que él, remarcó, se enfocará en las obras que Veracruz requiere.   

“La CMIC no dice qué hacer y qué no, ellos son un grupo de constructores. Si ellos opinan, que opinen, es su derecho, es derecho de cualquier persona opinar. Yo nada más les digo que la obra del bulevar es una de las más importantes de nuestra administración, me siento muy orgulloso de ella”, expresó.

Por otra parte, según versión del columnista porteño Silverio Quevedo, durante el Festival de Velas Veracruz 2018 Yunes habría reprendido airadamente en público a un empresario porteño porque se negó a formar parte del Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016-2018, que por decreto recién creó para que legitimen sus dudosas cuentas.      

¿Quiénes se prestarán de comparsas para hacerle el “caldo gordo” al desesperado gobernador del PAN? Muy posiblemente aquellos empresarios que están siendo beneficiados por el agonizante régimen yunista que les está asignando de última hora contratos millonarios.

Pero este martes, por ejemplo, el encargado de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Octavio Giordano Bonilla, tuvo que tragarse tremendo sapo cuando los representantes empresariales de la ACEVAC, CANACINTRA, CANACO y AMIC, que fueron convocados a la cuadragésima tercera sesión extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas de la SIOP, abandonaron sumamente molestos la Sala de Juntas de la Unidad de Licitaciones de dicha dependencia estatal luego de votar en contra de 8 dictámenes.

¿Qué fue lo que les indignó? Mañana les daremos los detalles. 

DISMINUYEN  SALAS DEL TSJE

Andrés Domínguez Fernández, Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó que ante la inédita situación que atraviesa el Poder Judicial de Veracruz con la ausencia de 13 Magistrados, el pleno del TSJE autorizó por mayoría de votos disminuir el número de salas relacionadas con el tema penal al pasar de cuatro a tres.

Sostuvo que de acuerdo con estadísticas de las mesas de turno, durante los últimos diez años las Salas Penales han visto disminuida su carga laboral en un 49 por ciento luego de la entrada en vigor de la oralidad, ya que el nuevo sistema acusatorio tiende a la conciliación y a la solución anticipada de conflictos.

Indicó que esta medida permitiría un ahorro de 35 millones de pesos entre gastos operativos y nómina, con lo que el Poder Judicial de Veracruz se suma a la austeridad republicana en el nuevo paradigma que vive el país.

Señaló que al desaparecer una de las Salas Penales se nivelará la carga de trabajo atendida por cada una de las salas que integran el Tribunal Superior de Justicia, al quedar en 1,109 asuntos por Sala Penal; 1,220 asuntos por Sala Civil y 1,414 asuntos por Sala Familiar.

Entre los beneficios que traerá consigo esta decisión se encuentra la mejora en la integración de las salas pues en el caso de los Magistrados que forman parte de la séptima sala, éstos se integrarán a alguna de las ponencias vacantes que existen en la 1ra, 3ra y 5ta salas, y con ello se logrará una colegiación constituida íntegramente por Magistrados, en tanto el próximo Gobernador del Estado nombra a los nuevos integrantes.

Explicó que el personal adscrito a la sala que desaparece será reubicado en su totalidad en espacios de igual o mejor categoría dependiendo de sus perfiles y atendiendo a las necesidades del servicio. Y reiteró: “Estamos tomando medidas legales para que la justicia no se detenga; este es el primer paso que va a tomar el Poder Judicial para sumarse a la austeridad republicana en el nuevo paradigma que tenemos de país; con esta decisión, al no requerirse una sala más, vamos a ahorrar más de 35 millones de pesos al año; lo cual se puede focalizar en áreas donde hay que darle un mayor apoyo como ampliar la red de Juzgados de Primera Instancia; la red de actuarías; las salas de juicios orales, más tecnología, etcétera.”

Informó que en la sesión del Pleno de Magistrados se tomaron dos acuerdos: primero, la supresión de la Séptima Sala a partir del 17 de septiembre, y, segundo, que la Sala Constitucional va a tomar facultades auxiliares para que conozca de las demás materias, sobre todo en las que haya exceso de carga de expedientes.