Y es que a pesar de estar vinculada a la red de lavado de dinero del ex gobernador Javier Duarte, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República dejaron ir a Karime y a sus familiares a mediados de abril de 2017, tras la detención del ex gobernador priista en Guatemala. Por esas fechas, la esposa del ex mandatario veracruzano, sus padres Jesús Antonio Macías y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su hermana Mónica Ghihan Macías Tubilla y su cuñado José Armando Rodríguez Ayache ya eran investigados por la PGR, incluso les fueron aseguradas sus cuentas bancarias.
Alberto Elías Beltrán, a la sazón subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y encargado actualmente de la PGR, dijo en abril de aquél año que la esposa de Duarte y sus familiares fueron dejados en libertad porque “(Karime Macías) no tiene ninguna solicitud para una detención con fines de extradición”.
“Están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar la justicia mexicana, entonces ellos pueden moverse libremente en México”, declaró Elías Beltrán en la conferencia que ofreció en la Embajada de México en Guatemala.
¿Por qué la Fiscalía General de Veracruz no solicitó entonces a la PGR que se detuviera y extraditara también a Karime, si desde febrero de 2017 ya había recibido una denuncia de hechos en contra de la ex presidenta del DIF estatal por el presunto desvío de 41 millones de pesos durante el primer año de la administración duartista?
Según dicho expediente, la institución utilizó el sistema de licitaciones para otorgar durante 2011 contratos a seis empresas que sólo existían en el papel: Grupo Balcano, Pefraco, Ravsan Servicios-Múltiples, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios Cerene y Anzara.
Aparentemente, el dinero entregado a esas empresas fantasmas fue para comprar sistemas de purificación de agua, estufones, tanques de gas, mochilas escolares, material deportivo y granjas ecológicas, entre otros productos de los que la nueva administración del DIF no encontró evidencias que comprobaran su adquisición, según la denuncia presentada desde febrero de 2017 ante la Fiscalía General del Estado.
Pero a finales de mayo de este año, en pleno proceso electoral, el fiscal general Jorge Winckler Ortiz anunció que había solicitado a la PGR el inicio de procedimiento de extradición de Macías Tubilla, en seguimiento de una supuesta orden de aprehensión por el presunto delito de fraude específico, triplicando el daño patrimonial al Gobierno de Veracruz, pues fue cuantificado en 112 millones 216 mil 820 pesos. La FGE acusaba otra vez a Karime de haber simulado la compra de equipo médico, alimentos, dispositivos para la captación y purificación de agua, que “fueron pagados” a seis empresas fantasmas.
En esa ocasión, el fiscal Winckler Ortiz señaló que, de acuerdo con el oficio número FGE/DCP/3968/2018, dirigido a Yuri Sergio Camarillo Martínez, director general de Procedimientos Internacionales de la PGR, ya había sido solicitado el proceso de apoyo y extradición para que la Fiscalía federal hiciera lo pertinente a la Interpol con adscripción a sus homólogos en Inglaterra.
Sin embargo, en respuesta a la solicitud que por escrito había presentado la esposa de Duarte a la Oficialía de Partes, el Fiscal Décimo Tercero Especializado en delitos relacionados con Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, Carlos Alberto Delgado, le notificó a Karime Macías mediante oficio número FGE/FESP/285/2018/XIII, del 11 de junio del presente año, que “esta Fiscalía Décimo Tercera a mi cargo no cuenta con alguna imputación, Carpeta de Investigación, Averiguación Previa, Acta Circunstanciada o cualquier línea de investigación en la que la solicitante aparezca como indiciada y/o señalada por alguna persona en Carpeta de Investigación…”
Igualmente, el 13 de junio, mediante notificación por estrados, el fiscal octavo José Tomás Francisco Hernández Morales, mediante oficio número FGE/FESP/470/2018/VIII, en respuesta a Macías Tubilla –quien inclusive le solicitó al funcionario de la FGE que “gire atento oficio al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que por su conducto solicite al Consulado Mexicano con sede en el País de Inglaterra, llevar a cabo la diligencia ya mencionada”–, también le confirmó a Karime que en la Fiscalía a su cargo no había “alguna imputación” en su contra.
¿De veras será que no habrá ninguna consecuencia penal contra estos escandalosos saqueos ni sanción para el fiscal yunista por la aparente politización de la procuración de justicia y, por ende, el presumible incumplimiento de un deber legal?
En el caso de Rosario Robles, actual secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ya quedó claro que tiene la protección de su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, de quien depende directamente la PGR. Pero ahora lo preocupante es que el próximo titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, también ya la exculpó públicamente al considerarla un “chivo expiatorio”.
¿A Karime la dejaran también que siga disfrutando de su “abundancia” en su exilio dorado en Londres? Al parecer así será, pues cuando debieron proceder en su contra no lo hicieron, y ahora al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares solamente le restan escasos 73 días para entregar el poder, y su fiscal difícilmente continuará en la siguiente administración de MORENA.
¿El gobernador electo Cuitláhuac García sí se echará este trompo en la uña, o actuará también como López Obrador, quien la semana anterior, durante la presentación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, dijo que “no vamos a perseguir a nadie (…), no vamos por espectacularidad a meter a la cárcel a un famoso de la política.”
¿Esta promesa alcanzará también al gobernador Yunes y a su fiscal Jorge Winckler o ninguno se verá beneficiado porque no son políticos tan “famosos” como Karime, como consecuencia del linchamiento mediático al que la han expuesto desde hace más de un año?
Este lunes, para variar, el mandatario panista declaró que la majestuosa mansión de Miami es un elemento más para que Macías Tubilla sea detenida y extraditada a México, como si fuera tan simple como hacer escobas. Por su parte, su virtual sucesor Cuitláhuac García afirmó que si el ex gobernador Javier Duarte queda libre “será responsabilidad de la PGR, del Fiscal (Jorge Winckler) y de Yunes”.
Y es que García Jiménez dijo que si Javier Duarte ingresó a prisión fue porque se trató de “un show mediático” en razón de que el mandatario panista no fue al fondo de las cosas. “Porque Yunes Linares señalaba a Duarte de unas cosas, pero su fiscal no acusó a Duarte de las cosas graves. Fue sorpresivo que cuando fue el proceso de extradición solamente lo haya acusado de subirse a un avión, de abuso de autoridad y cosas de esas y de un desfalco de 220 millones de pesos”. |
