Ha causado gran irritación social la benévola sentencia condenatoria que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, dictó en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo, lo que más debería de indignar es el mal trabajo que evidentemente realizaron tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía General del Estado, ya que ambas instituciones fueron incapaces –bien por ineptas o por presumible complicidad, en el caso de la PGR– de acreditarle al ex mandatario veracruzano todos los delitos graves que le imputaron inicialmente y que requerían mayor penalidad.

Duarte y su defensa, en cambio, hicieron lo que tenían que hacer para evadir una sentencia extrema. A final de cuentas, por su presunto financiamiento a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012, el ex gobernante expulsado del PRI terminó negociando de manera legal y transparente con la PGR, a diferencia de varios de sus ex colaboradores impunes que pactaron en lo oscurito con su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares. De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, el ex gobernador de Veracruz podrá solicitar su libertad bajo supervisión cuando cumpla la mitad de sus nueve años de condena. Ese tiempo incluye el año y 5 meses que lleva preso, por lo que estará en posibilidad de pedir ese beneficio dentro de tres años y un mes. La decisión de concederlo tocará a un juez federal.    

Así, pues, no sorprendería que en el 2021 el ex gobernante jarocho pasara de las rejas del Reclusorio Norte de la Ciudad de México a la portada de la revista “Forbes”, incluyéndolo en su nueva lista de los hombres más ricos del mundo.  

Y es que no obstante que inicialmente fue acusado de desfalcar, desviar y lavar más de 75 mil millones de pesos del erario veracruzano, la PGR sólo pudo acreditarle el desvío de mil 650 millones de pesos, de los cuales, 740 millones fueron directamente para comprar 21 terrenos en Campeche, 4 departamentos en Ixtapa y 9 inmuebles en la Ciudad de México, incluidos 3 departamentos en Bosques de Santa Fe, un edificio en Lomas de Chapultepec y 2 departamentos en Polanco. 

Ante la fallida investigación de la PGR y de la FGE, Duarte negoció declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de entregar sólo 21 terrenos y 20 propiedades –de las 90 que le adjudicaban en total– porque son las únicas que las autoridades lograron comprobar que fueron compradas por él y sus prestanombres. Pero además convino que le decretaran la pena mínima, por lo que podría salir de la cárcel en 3 años y pagar sólo una multa de 58 mil 890 pesos. 

Por si fuera poco, la PGR no reclamó la reparación del daño en virtud de que los delitos imputados no lo tienen previsto. 

Ah, pero eso sí, el Juez amonestó al ex gobernador para que no vuelva a incurrir en otro delito y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo en que permanezca en prisión. 

Seguramente Duarte debe estar muuuuuy preocupado porque tal vez no podría votar todavía en las elecciones intermedias de 2021, las de diputados federales y locales, y de presidentes municipales de su entidad.

Sin embargo, dependiendo de lo que en su momento determine el Juez, en 2024 ya estaría libre y con muuuuucho dinero para operar en la sucesión presidencial y estatal de Veracruz. 

¿Eso será lo que en el fondo preocupa también al gobernador Miguel Ángel Yunes, quien sigue empecinado en volver a postular a su primogénito para la gubernatura dentro de seis años?

Pero como suele narrar el popular cronista deportivo de televisión, Enrique “El Perro” Bermúdez: “Lo tuvo, fue suyo… ¡y lo dejó ir!” ¿O no acaso Yunes Linares amagó desde hace casi dos años, a mediados de octubre de 2016, que gracias a su investigación realizada desde meses antes había llegado “a la médula de la corrupción” del gobierno de Javier Duarte, amagando con “cimbrar a México” porque supuestamente iba a dar a conocer la identidad de los “beneficiarios”?

Ese día que hizo estallar la bomba para detener la anulación de la elección del 5 de junio de 2016 por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yunes detalló en la conferencia de prensa que “la información la obtuve trabajando, investigando, cruzando datos, haciendo uso de mi experiencia, a través de contactos, con viajes a México y al extranjero…”.

El panista reiteró que iba dar a conocer los beneficiados y socios de Javier Duarte que saquearon las arcas del estado, propiciando una deuda de 35 mil millones de pesos. Y mandó la advertencia al gobierno federal de que toda la información estaba contenida en un dispositivo USB que tenía resguardado en una “bóveda”, pero que además existían otras copias que estaban en poder de tres personas de toda su confianza, por lo que “será imposible que alguien se apodere de ello”.

Prometió, en esa ocasión, que el 1 de diciembre de 2016, cuando constitucionalmente rindiera protesta de ley como gobernador ante el Congreso local, cimbraría a México al dar a conocer los resultados de sus pesquisas. Sin embargo, a la mera hora solamente dio un guiño. Ante el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, representante oficial del presidente Peña Nieto, Yunes sólo dijo que seguiría aportando a las autoridades toda la información que tenía en su poder, “pero reservaremos una, solamente un tema para investigarlo directamente con mayor profundidad: el destino final de miles de millones de pesos que fueron trasladados en helicópteros oficiales para ser entregados en un edificio que ya tenemos localizado en la zona conurbada de la ciudad de México.”

¿Por qué, entonces,  se queja ahora de la benévola sentencia condenatoria dictada  a Duarte de Ochoa, y exige que se proceda contra los demás “integrantes de la banda” cuyos nombres, de todos –principalmente los del gobierno federal priista que está por concluir–, él no ha querido revelar? ¿A qué le teme?