Este martes, el fiscal general del estado Jorge Winckler cacareó la aprehensión de cuatro presuntos plagiarios y el afortunado rescate de la estudiante de Medicina de la Universidad Cristóbal Colón, Leslie Jared Bucio Palma, la cual había sido secuestrada el pasado 12 de septiembre cuando arribaba a su domicilio en Boca del Río.

Este caso tuvo gran resonancia mediática debido a que la semana anterior circuló en las redes sociales un video que registró el momento en que la joven universitaria de 19 años de edad  era raptada. A partir de entonces, las autoridades estatales reaccionaron ante la presión de la opinión pública. Todavía este domingo 16, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue entrevistado al respecto pero no dio detalles, sólo respondió que la investigación de la Fiscalía “sigue su curso”. Sin embargo, casi dos días después, el fiscal Winckler filtró a sus medios informativos y voceros oficiosos la exclusiva acerca de la detención de los cuatro supuestos plagiarios, entre los cuales figura, como presunto autor intelectual Jairo Jafet, ex novio de la víctima, de quien tendenciosamente se remarcó que era empleado del Ayuntamiento de Coatzacoalcos presidido por MORENA, lo que obligó al dirigente estatal de dicho partido, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a aclarar que el sujeto sólo era un trabajador más de esa administración municipal pero que ni era un funcionario relevante ni estaba afiliado a ese instituto político.

De hecho, la detención de este empleado municipal de 22 años de edad creó confusión en Coatzacoalcos, ya que hasta la noche de este lunes prevaleció la versión de que había sido “levantado” por un comando de la delincuencia organizada, ya que los elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro que lo aprehendieron, no portaban uniformes oficiales ni los vehículos portaban el membrete de la FGE.

Se supone que la Fiscalía, con la declaración ministerial de la víctima y la confesión de los tres autores materiales del secuestro, tendrá elementos suficientes para sustentar la imputación por la presunta autoría intelectual, lo que muchas veces no es muy fácil de probar. 

Ojalá que este “campanazo” no tenga a futuro el mismo desenlace decepcionante de otros sonados casos que  también fueron “esclarecidos” con gran celeridad debido a la fuerte presión de la opinión pública o por intereses de índole político.

Y es que recuérdese que en 2008, por ejemplo, en el sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán, ocurrió el secuestro y homicidio de la joven universitaria Karina Reyes Luna, sobrina del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios. Entre los presuntos responsables fue detenido el novio de la víctima, un empleado del Ayuntamiento de Nogales, quien había sido sentenciado a 65 años de prisión. Sin embargo, ocho años después, en 2016, fue liberado por un juez federal debido a que la investigación había estado plagada de vicios e irregularidades. Los otros dos implicados también quedaron libres en agosto pasado. 

En el gobierno de Javier Duarte, en mayo de 2016, en la víspera de la elección de gobernador, sucedió el atentado al antro gay “La Madame”, de Xalapa. Hubo seis muertos. Los dos presuntos responsables del ataque fueron liberados también en julio y agosto de este año. Ambos fueron considerados “chivos expiatorios”.  

Y, en la presente administración yunista que está por concluir, la Fiscalía General del Estado  tampoco ha logrado sustentar en tiempo y forma algunos procesos judiciales. Ahí están los casos, por ejemplo, del ex gobernador Duarte de Ochoa y de su esposa Karime Macías, refugiada actualmente en Londres y contra la que supuestamente había orden de aprehensión, ficha roja y solicitud de detención con fines de extradición, según lo anunció con bombo y platillos Winckler desde finales de mayo de este año, en la víspera de la cerrada contienda electoral por la gubernatura.

¿O acaso no fue el propio fiscal general quien denominó ‘Bombazo winckleriano’ a una breve columna periodística que él mismo envió a sus reporteros afines; un texto cargado de errores ortográficos y pifias gramaticales en el que afirmaba que el escándalo de la esposa de Javier Duarte había hecho avanzar en las encuestas a Miguel Ángel Yunes Márquez, quien contendía como candidato de la alianza PAN-PRD-MC para suceder en el poder a su padre? 

“Están agraviados porque Chiqui, Chiqui, Chiqui Yunes avanzó de menos cinco puntos en todas las encuestas con este Bombazo Winckleriano (sic)”, se ufanaba entonces el titular de la FGE.

Sin embargo, la señora Macías Tubilla sigue disfrutando plácidamente su “abundancia” en Londres, Inglaterra, mientras que su esposo, el ex mandatario priista, está por salir del Reclusorio Norte de la Ciudad de México para seguir en libertad su proceso penal, luego de que hace un mes, al vencerse el plazo de un año que un juez federal fijó para investigar, la PGR determinó acusar al ex gobernante veracruzano sólo por lavado de dinero y asociación delictuosa en vez del cargo de delincuencia organizada que le había imputado inicialmente, y que era el único que ameritaba su prisión preventiva automática.

Y es que según informó oficialmente la PGR, al valorar las pruebas contra Duarte de Ochoa “determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación”.

¿Entonces en qué coadyuvó la Fiscalía General de Veracruz? Eso, aquí y en China, se le llama “fraude”. 

¿O a quién quiere engañar Yunes Linares cuando declara –a sólo 72 días de que termine su mini gobierno– que van a recuperar todo los bienes que Duarte y su esposa adquirieron ilícitamente con recursos de los veracruzanos, y que además Karime Macías será extraditada de Londres a México?.