Dicha reforma fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 de junio de 2013, por contravenir la libertad de expresión, el derecho a la información, la legalidad, la seguridad jurídica y la exacta aplicación de la ley penal.
Aunque en la exposición de motivos de la iniciativa presentada el jueves pasado por las comisiones permanentes de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia sí se alude a las características propias del acoso cibernético y sus efectos perniciosos en las víctimas, lo aprobado por los diputados locales de Veracruz -de todos los partidos representados en el Congreso local- es más bien similar a aquella defenestrada “ley mordaza” duartista.
El artículo de marras fue aprobado en estos términos: “se impondrán de seis meses a dos años de prisión, y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad, a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano”.
Es tal la ambigüedad de la redacción del artículo, que cualquier cosa que se publique en las redes puede encuadrar en ese singular concepto de “acoso cibernético”. Y no solamente los memes -como se redujo de manera simplista al motejar esta reforma como “ley antimemes”- sino el trabajo periodístico en su totalidad, pues se castiga la transmisión de “imágenes, grabaciones audiovisuales o textos” que a juicio de alguien “dañen su reputación o su autoestima”. ¿Quién más podría estar expuesto a ello sino nuestra paupérrima clase política, a la que la libertad de expresión le provoca diarrea?
La iniciativa fue presentada originalmente en el mes de marzo por el diputado del PRD José Kirsch Sánchez, y a la misma se adhirieron las panistas María Josefina Gamboa Torales y María Elisa Manterola Sainz, así como las “independientes” Miriam Judith González Sheridan y Eva Cadena Sandoval.
Esta última, protagonista el año pasado de un videoescándalo en el que apareció recibiendo dinero supuestamente para la campaña de Morena –partido en el que militaba en ese momento- y que más tarde terminó como aliada del régimen de Miguel Ángel Yunes Linares. Y si bien eso explica varias cosas, lo que no es tan fácil de explicar es que a la hora de la votación, los legisladores locales de Morena también apoyaron esta reforma, que al igual que aquella de Duarte, busca limitar la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa.
O quizás, sí sea bastante fácil de explicar: son la misma clase política, adicta a amordazar y acallar la crítica cuando le es adversa. Nada nuevo bajo el sol.
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