El extesorero del gobierno de Veracruz confesó ante la Procuraduría General de la República que a lo largo de esa administración se desviaron recursos públicos a compañías fantasma, pero agregó que la esposa del exgobernador decidía el destino del dinero.

El extesorero del gobierno de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá Saad, confesó ante la Procuraduría General de la República (PGR) que a lo largo de esa administración se desviaron recursos públicos a compañías fantasma, pero agregó algo más: en muchas ocasiones era Karime Macías, la esposa del exgobernador, quien decidía el destino del dinero.
En fragmentos de su testimonio (leído por fiscales de la PGR ante el juez) Tarek acepta que él, desde su cargo como tesorero, efectuó pagos a las compañías irregulares, pero asegura que cada transferencia que hizo fue por instrucción y conocimiento de Duarte y Karime.
Como se informó oportunamente en Imagen del Golfo, el ex secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, acusó al ex tesorero Tarek Abdalá, de ser quien realizó el desvío de 220 millones, en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), así como el desvío del al menos 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular a cuentas del Gobierno de Veracruz, todo esto decidido por Karime Macías.
La declaración de Tarek fue recabada por la PGR el pasado 23 de mayo, cuando el exfuncionario veracruzano aún estaba protegido por el fuero que consiguió como diputado federal del PRI. El testimonio forma parte de las pruebas presentadas en la audiencia del pasado miércoles, en la que el exgobernador de Veracruz fue declarado culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.
En fragmentos de su testimonio (leído por fiscales de la PGR ante el juez) Tarek acepta que él, desde su cargo como tesorero, efectuó pagos a las compañías irregulares, pero asegura que cada transferencia que hizo fue por instrucción y conocimiento de Duarte y Karime.
Tarek aseguró que el dinero se tomaba de partidas públicas que se asignaban a distintas dependencias, y que aun cuando dichas dependencias tenían carencias o servicios por cumplir, el dinero igual era transferido para los fines que decidía la pareja que gobernaba Veracruz.
Animal Político publicó en mayo pasado que fueron al menos nueve las dependencias del gobierno de Veracruz desde las cuales se habrían transferido más de 3 mil 600 millones de pesos a compañías fantasma, operaciones que en la mayoría de las ocasiones se ejecutaban desde la Tesorería que ocupaba Abdalá.
¿CÓMO SE DESVIABAN LOS RECURSOS?
Para mover los recursos etiquetados de una cuenta a otra, y así ir perdiendo su rastro, Tarek confesó que había dos tipos de cuentas bancarias en la Secretaría de Finanzas de Veracruz: las específicas que era donde se recibía el recurso federal etiquetado para un fin determinado, y luego las cuentas “concentradoras”, donde se transfería el dinero etiquetado para dispersarlo conforme le ordenaban.
“Todo esto era aprobado por Javier Duarte. Por lo regular me reunía con él en las noches y me indicaba que era lo que había que transferir de una cuenta a otra… todo era para hacer más fácil que se perdiera el rastro”, expuso Tarek en su declaración leída en la audiencia.
El extesorero reconoció también que para que fuera menos obvio que el dinero era transferido a la Tesorería y desde ahí a compañías irregulares, se utilizaban recursos etiquetados de otras dependencias primordialmente de la secretaría de Educación, la de Seguridad Pública, la de Agricultura, la de Obras y la de Desarrollo Social de Veracruz.
El dinero subrayó era tomado pese a que dichas dependencias tuvieran compromisos de pago por cumplir y necesidades prioritarias que atender.
El exfuncionario priista reconoció que él era una de las personas de mayor confianza del matrimonio Duarte y que por ello estaba encargado de operar esta trama de los desvíos aunque, insistió, todo era por instrucciones de Karime y del entonces gobernador.
Cabe señalar que la descripción de Tarek de la forma en cómo se desviaban recursos etiquetados, concuerda plenamente con los dichos de dos excolaboradores más de Duarte que también se presentaron como pruebas en la audiencia en la que se condenó al exgobernador.
Uno de ellos fue Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, quien declaró ante la PGR que en 2014 Tarek Abdalá le dijo que “por órdenes de Duarte“ el recurso que llegara etiquetado para temas de seguridad tendría que transferirlo desde sus cuentas a la Tesorería, a lo que supuestamente se negó.
El otro testimonio fue el de Xóchitl Tress, exdirectora de Espacios Educativos del Gobierno de Veracruz, y quien dijo que en ese mismo año la tesorería de Veracruz retuvo casi 130 millones de pesos provenientes de dos fondos federales que eran urgentes para la remodelación de escuelas, pero que nunca se los entregaron pese a que se lo pidió en varias ocasiones al propio Javier Duarte.
DINERO DEL SEGURO POPULAR, A LOS MEDIOS
El dinero desviado en Veracruz no solo estaba destinado para transferirlo a compañías fantasmas, sino también para otros fines ilegales.
Tarek declaró que, por ejemplo, en una ocasión la Secretaria de Finanzas recibió una transferencia de más de 700 millones de pesos del gobierno federal que estaban etiquetados para el Seguro Popular, pero dicho dinero nunca se usó para ello.
“Luego de que Javier Duarte se enteró de esta transferencia acudió a la Secretaría de Finanzas y ordenó que los recursos fueron remitidos en pago a medios de comunicación”, dijo Tarek.
El también exdiputado priista confirmó que Duarte le pidió que tomara recursos para comprarle una casa y una camioneta de lujo a Xóchitl Tress, con quien el exgobernador sostenía una relación sentimental. Parte del dinero se lo entregó en efectivo a la funcionaria, y parte fue triangulado a través de empresas fantasma de la red creada por el contador Víctor López Gachuz.
Al ser testigo protegido, se calcula que el ex colaborador duartista entregó a la PGR alrededor de 10 mil documentos correspondientes a su paso, primero, como administrador del DIF estatal y, luego, como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
De esta forma, la procuraduría pudo ubicar 41 inmuebles en distintos estados y países, que ascienden en valor comercial a mil millones de pesos.

DUARTE Y LAS OPCIONES DE LA JUSTICIA, DIFERENTES MEDIOS NACIONALES DIERON A CONOCER LA SEMANA PASADA EL DESAGRADO DE LA POBLACIÓN POR TAN MINIMA SENTENTENCIA.

La sentencia es ínfima comparada con la expectativa de la sociedad, que aún no conoce el monto real del dinero desviado

Hay una noticia buena y una mala en el caso del exgobernador de Veracruz y el proceso que se sigue en su contra.

La buena es que se comprobó que Javier Duarte es culpable de dos delitos. La mala, que gracias a los beneficios de la ley, la sentencia fue más corta a la esperada por la opinión pública y podría ser más breve en el caso que su defensa solicite acogerse a otras ventajas.

Duarte y sus abogados eligieron ceñirse a un proceso judicial abreviado y en una audiencia el miércoles pasado en el Reclusorio Norte, se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.

“Con base en los principios de institucionalidad y legalidad que rigen mi conducta, sí su Señoría” le respondió al juez Marco Antonio Forte Tapia cuando le preguntó si aceptaba la responsabilidad de las acusaciones en su contra. Al reconocerse culpable, recibí una condena de nueve años de prisión, una multa de 58 mil 980 pesos y el decomiso de 41 propiedades entre terrenos y bienes inmuebles. La sentencia es ínfima comparada a la expectativa que se había creado entre la sociedad, que todavía no termina de conocer la cantidad de dinero público que se desvió durante la gestión de Duarte. Esa condena es resultado de un acuerdo muy bien planchado en el que tanto la PGR como el acusado, ni ganan ni pierden todo.

Hace un mes contaba en esta columna cómo la PGR de Jesús Murillo Karam había ofrecido a la defensa de Elba Esther Gordillo declararse culpable del delito de lavado de dinero, ser condenada a cinco años de prisión y quedar libre al final de este sexenio. Los abogados no aceptaron, pelearon, consiguieron amparos, lo que a la postre resultó en la exoneración de la maestra. En el caso de Duarte, la Procuraduría acreditó los delitos, evitó que le echaran abajo elementos de prueba y logró la reparación del daño.
Entre abogados hay opiniones divididas sobre la estrategia que se siguió. Algunos sostienen que la última opción es hacer que el cliente se autoincrimine. Del lado de las autoridades, hay más optimismo. El vaso medio lleno o medio vacío, depende el lado que se vea. Pero en la arena de la opinión pública, los acuerdos y los juicios breves no son bien vistos, aunque sean legales. Menos en esta época donde prometer llevar a la cárcel a los antecesores ha sido la clave para que varios candidatos hayan ganado elecciones. De eso se salvó López Obrador, aunque hoy le toque pagar los platos rotos de la sentencia de Duarte.