En este último listado se incluye además al ex Contralor General en la era de Javier Duarte, Ricardo García Guzmán.
Por lo pronto la Procuraduría General de la República ya cuenta con las 12 órdenes de aprehensión en contra de los primeramente citados por su probable responsabilidad en el delito de peculado.
En total la PGR ha abierto 64 carpetas de investigación y averiguaciones previas por denuncias de la ASF, muchas de las cuales permanecieron por años sin avances, o incluso fueron mal integradas de forma premeditada.
El desglose.
Van por Juan Manuel del Castillo y su operador financiero Jesús Moreno Torres, por presunto desvío de 350 millones de pesos que se entregarían a José Juan Janeyro, socio financiero de Javier Duarte. Así quedó asentado desde que se presentó la evidencia ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal en Guatemala.
Otro en capilla.
Arnulfo Octavio García Fregoso como Tesorero de Sefiplan, en la era de Antonio Gómez Pelegrín, desvió multimillonarios recursos que debieron entregarse a los municipios. En la oficina a su cargo también se planeó el pago ilegal de deuda a empresas a las que ya se les había pagado.
Mientras al propio ex Secretario de Finanzas, Gómez Pelegrín se le señala por un desvío de 316 millones de pesos observados por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2016 donde salieron a relucir dos nombres más: Leonel Bustos (con amparo) por desvíos que ascienden a 2 mil 300 millones en el Seguro Popular y el ex secretario de Salud Fernando Benítez con 55 millones por descuentos vía nómina a 3 mil empleados de de Salud que solicitaron con la empresa crediticia GB Plus Intermercado SA de CV.
Más de la lista de los doce.
Con orden de aprehensión está José Francisco Díaz Valenzuela quien forma parte de la sospechosa cadena de complicidad integrada por Salvador Manzur, Tomás Ruiz y Ramón Poo, operando en diferentes momentos desde Sefiplan, la Contraloría de la SEV y Desarrollo Municipal de Veracruz.
Díaz Valenzuela fue quien entregó, en 2012, las maletas con 25 millones de pesos presuntamente para la campaña de Enrique Peña Nieto, mismos que fueron decomisados en el aeropuerto de Toluca.
En ese eje destaca Tomás Ruiz González, primero al frente de Sefiplan y en una segunda instancia como secretario de SIOP en donde, según la ASF, no se comprobaron gastos por 43 millones 310 mil pesos.
Otro caso es el de Adolfo Mota quien hasta el 2014 estuvo al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz, y quien ha sido observado por la ASF desde el 2011 en donde las irregularidades en la cuenta pública de la SEV alcanzaron los 10 mil millones de pesos irregularidades que fueron variando los siguientes años.
En 2014 no se comprobaron 2 mil 100 millones de pesos; en 2015, se registraron faltantes por 2 mil 1056 millones y en 2016 hubo un daño patrimonial por 724 millones 469 mil pesos.
La PGR cuenta asimismo con una alerta y ficha roja migratoria para la búsqueda, localización y detención de Carol Jessica Moreno Torres, pareja sentimental de Arturo López Obrador, hermano del presidente electo.
Jessica se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en el último tramo de la administración de Javier Duarte y pesa sobre ella un presunto daño patrimonial por 250 millones de pesos.
Este asunto de la “cuñada incómoda” data del 19 de abril de este año y la denuncia fue presentada en una primera instancia por la Fiscalía de Veracruz. Se acusa venganza política.
Antonio Tarek Abdala es la joya de la corona.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT), notificó el 30 de enero de este año el embargo por hasta 500 millones de pesos a las cuentas del hoy ex diputado federal y ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa, de doble nacionalidad, acusado de haber participado en desvíos y operación de las empresas fantasma.
El embargó fue para garantizar 7 créditos fiscales por 500.6 millones de pesos que derivan de sanciones impuestas por el Órgano Superior de Fiscalización en el año 2016.
Y en este entramado de raterías se mueven dos personajes clave, Mauricio Audirac en la cárcel por delitos de abuso de poder, tráfico de influencias, peculado e incumplimiento de un deber legal y su presunto aliado Carlos Aguirre, en fuga, a quien el propio Audirac señala por desvíos que alcanzan los 220 millones de la CAEV.
El caso García Guzmán.
Del dominio político ha sido la deslealtad de Ricardo García Guzmán quien desde el sexenio de Miguel Alemán ha jugado con su familia a la infidencia y traición; a los cotos de poder y ligas delincuenciales.
García y uno de sus hijos, Rodrigo, cuando trabajó en Finanzas, son observados por la ASF.
Fue Ricardo García Guzmán, quien simuló cuando fue Contralor de Javier Duarte, reintegro financiero a la ASF. Es el mismo que obtuvo de la legislatura anterior la exoneración de pagos en el IAP de empresas fantasma de su familia y de los despachos de auditores y está señalado por un desvío de 8.5 millones de la Contraloría en 2016 por empresas fantasma, así como complicidad con los despachos Santos SC y L&B Contadores y Abogados SC por 11 millones de pesos para solventar observaciones de la ASF.
El hábil político pactó en 2016 impunidad con Miguel Angel Yunes Linares luego de entregar a Manuel Muñóz Ganem, cercanísimo a Yunes, 17 cajas de información de todos los colaboradores, empresarios y prestanombres de Javier Duarte.
Hay, finalmente orden de aprehensión contra Harry Grappa y Ramón Ferrari por desvíos en el fideicomiso del parque Takhil y del Fidrever por 4.5 millones de pesos y, según ORFIS, 16 denuncias por el presunto desvío de cinco mil 501 millones de pesos.
A Ferrari, escondido en Canadá, se le señala además de un desvío de más de 100 millones de pesos en contubernio con un líder campesino que nunca fueron entregados a los programas agropecuarios.
Más sorpresas están por venir.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
