En enero del 2017, el triunfo de Donald Trump trajo una política migratoria restrictiva y un discurso público antiinmigrante que disuadió a la mayoría de los solicitantes de asilo o protección de seguir con su proyecto, por lo que muchos migrantes se vieron obligados a permanecer en México, significando un impacto negativo para la vida comunitaria de las poblaciones fronterizas, no preparadas para el arribo masivo de migrantes de todo calibre, incluyendo bandas criminales.
Otro factor muy importante para tomar en cuenta es que México tiene su propia población de connacionales que permanentemente está intentando cruzar a Estados Unidos para trabajar allá, cómo pensar entonces que es sostenible que México reciba y resuelva el sustento de población extranjera, cuando enfrenta el permanente reto de atender a su propia población.
Lo que a todos queda claro, es que las decisiones de política para responder al flujo extraordinario de migrantes se han venido tomando de manera reactiva, en función de las necesidades urgentes de los actores sociales y de las medidas políticas asumidas unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos. De lo que se trata es de generar protocolos de clara aplicación, de pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, y de pleno control y manejo legal de nuestra frontera.
Un primer paso para revertir esta situación sería reconocer que la principal responsabilidad del Estado mexicano con las personas migrantes es garantizar el respeto de sus derechos humanos sin importar su estatus migratorio.
Un segundo paso es que el gobierno federal promueva, con todos los gobiernos de las entidades federativas, la elaboración y armonización de leyes locales en materia migratoria, ya que actualmente se advierten una serie de inconsistencias en la observación del procedimiento administrativo migratorio como lo norman la Ley de Migración y su Reglamento.
De forma simultánea, es necesario diseñar y aplicar protocolos de actuación en situaciones de crisis migratoria, ya probados en otros países, y establecer mecanismos de coordinación y transferencia de recursos eficaces entre autoridades de los niveles federal, estatal y municipal, para atender estas situaciones.
Hay mucho por hacer en materia de políticas públicas migratorias en el marco de la “cuarta transformación” que propone López Obrador. Se trata de una tarea impostergable porque en ese tema, el destino ya nos alcanzó.
(*)El autor es Economista
@acanovelez
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