Para el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su fiscal Jorge Winckler, este día fue un auténtico “martes negro”. 

Y es que ambos fueron denunciados, entre otros delitos, por tortura –que es de lesa humanidad–, pero además en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la diputada de MORENA, Dorheny García Cayetano, propuso al pleno un Punto de Acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) les informe sobre la investigación de las tres denuncias que entre los años 2013 y 2016 se presentaron en contra del mandatario veracruzano por lavado de dinero y delincuencia organizada; mientras que en el Congreso local, representantes legales y directivos de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) presentaron una solicitud de juicio político en contra del fiscal yunista.

Precisamente ayer, en este mismo espacio, comentábamos que el pasado viernes 2 la diputada panista María Josefina Gamboa Torales había declarado que ahora que MORENA predominará en la LXV Legislatura entrante, están conscientes de que les “aventarán” todo el peso del Estado y probablemente de la Federación.

“No es una situación nueva y no es tener ganas de que algo malo pase, pero quedará muy claro quién es, si algo malo nos pasa tiene nombre y apellido: el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez; también tienen nombre y apellido los diputados locales electos de MORENA”, alertó.

¿Pero de veras Cuitláhuac y los diputados locales y federales de MORENA tendrán culpa de lo que han hecho mal Yunes y Winckler? Casualmente la legisladora García Cayetano, al presentar el Punto de Acuerdo, remarcó que “la ciudadanía veracruzana está hasta porque de nuestro erario se han enriquecido hasta el absurdo varias generaciones de políticos corruptos, mediante impunidad que han garantizado instituciones ineficaces de procuración de justicia locales y federales”.

Ahí está, por ejemplo, el aberrante caso de la denuncia que presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado el abogado porteño Jorge Reyes Peralta, defensor de Gilberto Aguirre Garza –ex director general de los Servicios Periciales y ex Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional Zona Centro Xalapa preso desde abril de este año en el reclusorio de Pacho Viejo por su presunta implicación en la desaparición forzada de personas cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de David Lara Cruz, delito que el ex funcionario de la FGE asegura no cometió y que atribuye a una “venganza política” por no prestarse a declarar en contra del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras– en contra del gobernador Yunes Linares, del fiscal general Winckler Ortiz, del fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio, y del fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, por tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, falsas denuncias y simulación de pruebas, y contra la administración de justicia, delitos que pueden alcanzar penas de 50 años de cárcel.

Y es que como presidenta de la Comisión Especial de Personas Desaparecidas de la LXIV Legislatura anterior, la diputada panista Gamboa Torales visitó la mayoría de los reclusorios del estado, entre ellos el de Pacho Viejo, para mostrarles a los internos fotografías de algunos desaparecidos por si acaso los identificaban y podían aportar información para dar con su paradero.

Sin embargo, ni como supuesta defensora de los derechos humanos y tampoco como periodista –profesión que le permitió incursionar en la política– se percató de la grave situación que prevalece en los Centros de Reinserción Social, tal como lo acaba de exponer Aguirre Garza, quien relata que al ingresar al Reclusorio Regional de Pacho Viejo, donde fue internado en la sección “A”, Estancia 1, litera 1, “pusieron por órdenes de la Dirección radios con bocina a todo volumen, durante día y noche, por varios días, lo que se convirtió en una tortura...”

Refirió que habló con el director del Reclusorio, Gabriel Jiménez Ramírez, pero que éste le dijo que “no podía hacer nada al respecto, que él solo recibía órdenes superiores”. Por esta tortura, el ex funcionario perdió ocho kilogramos de peso que dice no ha podido recuperar.

Pero, además, detalla que el día 10 de mayo pasado lo visitó furtivamente el fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Eduardo Coronel Gamboa, quien entre las 01:00 y las 04:00 horas de la madrugada estuvo conversando con él, preguntándole  que “como la estaba pasando, que si podía dormir con la música a todo volumen y a todas horas, con lo cual me queda claro de dónde vino esa instrucción.” 

Aguirre Garza ha sido el primero en denunciar penalmente, pero se sabe que otros ex funcionarios estatales también recluidos en Pacho Viejo podrían hacer lo mismo a partir de diciembre próximo, pues igualmente habrían sido torturados para que declararan en contra del ex gobernador Javier Duarte y de su esposa Karime Macías.

Pero esto es apenas el comienzo de lo que se avizora será un trágico final para la autoritaria, corrupta y frívola camarilla yunista que sólo dos años mal gobernó Veracruz. Dentro de 24 días serán echados del poder.   

RUGERIO, LÍDER JUVENIL DEL PRI

¡No se hagan bolas!. Esta frase clásica, famosa en la clase política priista, podría aplicar bien para el proceso de renovación de la Red de Jóvenes por México en Veracruz, antes Frente Juvenil Revolucionario. 

“No se hagan bolas”, dicen los jóvenes del tricolor que ven a varios chavos movidos, pero que conocen la trayectoria y el trabajo realizado por el abogado egresado de la UV, Carlos Rugerio Martínez, quien dirige la juventud del Movimiento Territorial desde 2015 y ha participado activamente en las campañas 2012-2013-2015-2016-2017-2018.
Aparte de que ha hecho talacha, apoyando recientemente la campaña a la gubernatura de Pepe Yunes y antes la de Héctor Yunes, Rugerio cuenta con un buen perfil académico. Cursó la Maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Xalapa y tiene un par de diplomados: uno en “Habilidades de negociación y manejo de conflictos” por el ITAM, y otro en “Administración pública con perspectiva de género”  por la UV.

Como Presidente de la mesa directiva de la Facultad de Derecho de la UV 2013-2015 logró la gestión del “Puente Juventud”, que conecta a las facultades y escuelas aledañas a la Rectoría con la zona deportiva y auditorios de la USBI. 

No se hagan bolas. Aquí lo que se necesita es trabajo y este joven lo tiene. No hay de otra.