En el Congreso del Estado, una asociación civil presentó una solicitud de juicio político en contra del fiscal general Jorge Winckler Ortiz, por su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos de víctimas en Veracruz y por la falta de autonomía del propio titular de ese organismo.
Prácticamente al mismo tiempo, un conocido abogado porteño, Jorge Reyes Peralta, denunciaba ante la Fiscalía General del Estado a Winckler, al fiscal anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio, al fiscal para desaparecidos Luis Eduardo Coronel Gamboa y hasta al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por los delitos de tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, falsas denuncias y simulación de pruebas en contra de la administración de justicia.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la legisladora federal plurinominal de Morena, Dorheny García Cayetano, presentó un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) informe sobre el estado de la investigación a Yunes Linares por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que se le sigue desde 2016.
Difícilmente se podría creer que no se trata de una acción concertada esta lluvia de denuncias y acciones jurídico-políticas cuya intención es, en primera instancia, hostigar y arrinconar a la agonizante administración yunista, de la misma manera que éstos lo hicieron hace dos años con el anterior gobierno. Se trataría, pues, de una revancha.
Y no es que no existan razones para proceder en contra de los yunistas. Los excesos y pifias del fiscal Winckler y sus subordinados están plenamente documentados. La ilegal imposición Marcos Even Torres como fiscal anticorrupción fue uno de los más vergonzosos episodios de la historia del Poder Legislativo estatal. Las burlas a los familiares de desaparecidos y la obstrucción deliberada de su derecho a acceder a la justicia merecen un castigo ejemplar.
Asimismo, la manera tramposa como se pretendió engañar a los veracruzanos con el montaje de que se hacía “justicia” persiguiendo a los duartistas depredadores del erario, mientras que con otros de la misma pandilla se transaba su impunidad a cambio de información y “donaciones” de bienes muebles e inmuebles –como la casa que hasta hace poco habitó el propio Jorge Winckler en el más lujoso fraccionamiento de la capital veracruzana- merece, además de una investigación a fondo, que ésta derive en que se finquen responsabilidades a quien le correspondan.
Sin embargo, algo no suena bien. Uno de los denunciantes es un abogado de gran cercanía con el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, el enemigo número uno de Miguel Ángel Yunes Linares, y funge como defensor de varios de los ex funcionarios duartistas presos por el gobierno estatal. Otro, es hermano de un empresario al que se le deben fuertes sumas de dinero desde el sexenio de Javier Duarte, deudas que el yunismo se negó a reconocer y absorber. Y la investigación sobre enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que la diputada de Morena –cercanísima al gobernador electo Cuitláhuac García- pidió desempolvar deriva de una denuncia presentada ni más ni menos que por…Javier Duarte.
Parece que la clase política que brinca de un régimen a otro solo busca satisfacer sus deseos de venganza. Cuando lo que Veracruz demanda desesperadamente es que se haga justicia. Pero ésta, por lo visto, puede seguir esperando.
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