“El Orfis no tuvo participación alguna en los acuerdos tomados en el interior de la Comisión Permanente de Vigilancia, y por consiguiente desconoce el sustento documental y jurídico por el cual se dio (sic) por solventadas las observaciones de probable daño patrimonial y posibles faltas administrativas graves de algunos entes municipales y estatales”.
Lorenzo Antonio Portilla pintó su raya. En un puntual comunicado, aclaró que de ese negocio, a él no le tocó nada.
“El procedimiento de Fiscalización Superior inicia con la notificación de la orden de auditoría respectiva a los entes fiscalizables y concluye con la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo al Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia”.
Lo que haya sucedido después no es responsabilidad del Orfis.
Hace un par de días el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción denunció irregularidades en las que habría incurrido la Comisión de Vigilancia del Cngreso del Estado, al momento de elaborar los dictámenes de la Cuenta Pública 2017.
La denuncia fue presentada ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo.
El presidente del Comité Ciudadano, Sergio Vázquez Jiménez, señaló que los diputados que integraron la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura presentaron como “solventadas” observaciones que había presentado el Orfis y en las se presumía daño patrimonial.
Los integrantes de la Comisión de Vigilancia no tienen esa facultad y, por lo tanto, habrían actuado de forma ilegal.
De los más de mil millones de pesos que resultaron como presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública del 2017, el Congreso local dio por “solventados” (esto es, aclarados) casi 300 millones de pesos.
“La Comisión de Vigilancia no tiene atribuciones para recibir documentos o argumentos presentados por exservidores públicos y esto es porque el Orfis determinó daño patrimonial pero el Congreso, con un análisis de dos semanas, determinó de un plumazo borrar 325 millones de pesos bajo estos argumentos que desde nuestro punto de vista son ilegales”, explicó Sergio Vázquez.
Curiosamente, un buen número de los ayuntamientos a los que les declararon como “solventadas” las observaciones que les hizo el Orfis son de extracción panista.
Una consecuencia jurídica inmediata a esta irregularidad, es que aquellos entes fiscalizables que no recibieron la oportunidad de solventar de manera extemporánea sus observaciones, denuncien un trato diferenciado y exijan que a ellos también les otorguen prórrogas.
A todo esto, el diputado panista Juan Manuel de Unanue, quien presidió la Comisión de Vigilancia en el pasado Congreso, fue reelecto para la LXV Legislatura y tras rendir protesta dialogó con los reporteros, a los que les dijo:
“Hoy más que nunca desde la posición que estemos vamos a dar más y mejores resultados, no podemos bajar los brazos, seremos la voz de los veracruzanos en el Congreso Local, vamos a responder a la confianza que nos dieron una vez más para que los representemos”.
Y dicen que está pidiendo que le den una vez más la Presidencia de la Comisión de Vigilancia.
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Epílogo.
Llamó la atención la visita del gobernador Miguel Ángel Yunes, este miércoles, a la delegación en Xalapa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Acudió a renovar su pasaporte y fue atendido personalmente por la delegada, Lorena Piñón, mismo tratamiento que en su momento le dio a la maestra Elba Esther Gordillo. *** Mientras eso sucedía en la Torre Ánimas, en el Palacio Legislativo el abogado Jorge Reyes Peralta presentaba una segunda solicitud de juicio político en contra de Jorge Winckler y Yunes Linares. Informado de la visita del gobernador a la SRE, el jurista advirtió que podría estar preparando su huída.
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