Los testimonios sobre la vinculación de autoridades del gobierno de Miguel Ángel Yunes con el crimen organizado son recurrentes.
Especialistas en el tema sostienen que con el cambio en la administración estatal también se acabaron los acuerdos que durante 12 años, los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte habían mantenido con la organización de Los Zetas.
Se acabaron esos acuerdos, pero se construyeron otros, sólo que en esta ocasión el estado de Veracruz se vendió por partes.
En el extremo norte, en la frontera de Veracruz con Tamaulipas, San Luis Potosí y la sierra de Hidalgo, el control territorial lo asumió el Cartel del Golfo (CDG), enemigo ancestral de Los Zetas (no hay que perder de vista que Los Zetas se iniciaron como el brazo armado del CDG, pero adquirieron tal fuerza que decidieron crear su propio cártel).
Producto de las luchas intestinas de esos dos grupos delictivos, en el norte de Veracruz, desde Papantla hasta Pánuco, surgieron dos bandas, antagónicas entre sí, que se disputaron el territorio: El Grupo Sombra, escisión del CDG, y 35 Z, formado con los restos de algunas organizaciones locales que habían formado parte de Los Zetas.
Por la muerte de algunos de sus más altos mandos y la captura de otros, esas dos organizaciones criminales han evolucionado. La banda 35 Z avanzó hacia la capital del estado, Xalapa, especialmente en el sector Noroeste, desde la avenida Xalapa hacia la avenida Ruiz Cortines y colonias adyacentes. En su incursión, sin embargo, se toparon con células de otro grupo criminal, Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se dice “con derechos” en esta plaza, pues así lo habría acordado con los mandos de la policía local.
En el norte de la entidad, el Grupo Sombra –con la ayuda de las fuerzas del orden- fue desplazando a Los Zetas y tomó el control de la zona.
La agencia informativa Apro (Proceso) dio a conocer que el Grupo Sombra irrumpió en el primer semestre del 2017 en Tuxpan, Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán, colgando lonas en las que amenazaban lo mismo a delincuentes que a policías, o a integrantes de otras organizaciones delincuenciales como Los Zetas o el CJNG.
El artículo de Apro narra lo sucedido en diciembre del 2017:
- En vísperas de Navidad y Año Nuevo, en colonias céntricas de ciudades como Tuxpan y Poza Rica, camionetas vans y combis sin rotular y sin placas repartieron cenas y bebidas a nombre de esa organización delincuencial. Las cartulinas pegadas en los vehículos señalaban: “Estas cenas fueron auspiciada por Fuerzas Especiales Grupo Sombra, Felices Fiestas”.
Eran tiempos en los que esta banda actuaba con total impunidad, pero la luna de miel se acabó.
El pasado sábado, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ofreció un millón de pesos de recompensa a quien proporcione información que ayude a la captura de los integrantes del Grupo Sombra.
El gobernador informó que tres de los cabecillas de esa organización habían sido capturados y estaban recluidos en el penal de Tuxpan, “pero fueron liberados por la autoridad judicial”.
Los mandos del Grupo Sombra por los que se ofrece recompensa son: Martín Martínez Hernández, alias El Mirinda; Silvano Cruz Moreno, alias El Negro o Melvin Brown; Héctor Gabriel Lugo Sánchez, alias El Tompo; Julio César Serrano García, alias Tumba; Jaime Lagunes Salgado, alias El Gordo; José Manuel Delgadillo Montes, alias Joselín, y otro a quien identifican con el alias de El Toro.
De inmediato surgió la respuesta de la organización delictiva.
Por medio de mantas que colgaron incluso en el Palacio Municipal de Tuxpan, el Grupo Sombra acusó a la Policía del Estado de “no respetar los acuerdos” y anunció una “limpia” en toda la zona norte.
“No supieron respetar Mario Alberto Gloria Aguilar y tu suboficial Héctor; los tratos se respetan pues no somos niños. Ahora les vamos a hacer vomitar todo lo que se comieron hace días en la carretera, y va a ser a nuestra manera”, se alcanza a leer en una de las mantas.
Y mientras el gobernador y sus cuerpos policiacos se empeñan en sofocar la violencia en el norte, les estalla otra de similar o mayor magnitud en el sur.
La mañana de este domingo un grupo armado irrumpió en una vivienda de la colonia Bella Vista, congregación de Villa Allende. Mataron a una persona, dejaron a dos más lesionadas y se llevaron por la fuerza a un joven.
El estado se le incendia y todavía le quedan 33 días.
Hace dos años le urgía llegar. Hoy los veracruzanos ya quieren que se vaya.
* * *
Epílogo.
Y como ya se van, en el gobierno estatal hay quienes pretenden repartir culpas, con el afán de desviar los reflectores. En pasillos de la Secretaría de Seguridad Pública se esucha con insistencia que “hay línea” para responsabilizar de cualquier irregularidad en el ámbito operativo, al comandante Gerardo Guzmán Morales, quien desde el mes de septiembre presentó su renuncia a esa corporación. Eso de “la traición” se les da muy bien a los yunistas. *** La diputada federal veracruzana Anilú Ingram estuvo activa este fin de semana. En su cuenta de Twitter subió lo siguiente: “Este domingo nos reunimos con prestadores de servicios de #SanAndrésTuxtla quienes nos manifestaron su inconformidad por la alza en las tarifas de energía eléctrica y a quienes garantizamos que trabajaremos por costos justos para #Veracruz. @dmartinlois @CaniracVerBoca”. Bien.
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