El pasado jueves 15, en la conferencia de prensa que dio luego de entregar por escrito su segundo informe de gobierno al Congreso local, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no pudo disimular su enojo cuando un reportero le preguntó por los ex funcionarios duartistas que hasta ahora no han sido perseguidos penalmente por la Fiscalía General del Estado. 

“(…) En múltiples ocasiones usted ha dicho que ‘hay acuerdo debajo de la mesa’, ¡ningún acuerdo por debajo de la mesa! Lo que hicimos fue actuar con firmeza, y está (Javier) Duarte en la cárcel, está procesado Flavino Ríos, está en la cárcel el ex secretario de Seguridad, el ex Fiscal, procesado el ex secretario de Salud, en la cárcel el ex secretario de Obras, en la cárcel la ex coordinadora de Comunicación Social, con orden de aprehensión muchos otros funcionarios. Eso es lo que hicimos, lo otro es lo que usted inventa”, respondió visiblemente molesto. 

Sin embargo, contra lo dicho por el mandatario estatal, en la opinión pública sigue permeando la percepción de que hay un grupo de ex colaboradores de Duarte de Ochoa con los que a cambio de la entrega de bienes, recursos y alianzas político-electorales habría pactado el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, con el presumible consentimiento de Yunes Linares, de quien es incondicional.

En esa conferencia de prensa le dieron algunos nombres y apellidos: Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Edgar Spinoso, Alberto Silva, Tarek Abdalá, contra los cuales, es cierto, no pudieron proceder antes porque todos eran diputados federales, pero el fuero legislativo se les venció el pasado 31 de agosto. Es el mismo caso de los ex diputados locales Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo, cuya gestión concluyó este 4 de noviembre. 

Pero contra todos ellos ya no se vio la intención de llamarlos a cuentas, no obstante que Yunes había amagado con proceder en cuanto perdieran el fuero. 

¿Qué fue lo que pasó? ¿La Fiscalía se desistió? ¿Cómo quiere el gobernador que no se piense mal si no dan argumentos convincentes? Pero, además, se han filtrado grabaciones que confirman los supuestos arreglos a los que habrían llegado con algunos ex funcionarios duartistas, como ha sido el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien pese a haber entregado la mayoría de sus bienes no le han cumplido aún el presunto acuerdo pues sigue internado en el reclusorio regional de Pacho Viejo.

La versión que corre es que el ex titular de la SSP sería liberado una vez que concluya la administración yunista, después del próximo 30 de noviembre, por las supuestas inconsistencias del proceso penal en su contra.

Sobre este deficiente trabajo de la FGE a cargo de Winckler Ortiz, que podría poner en libertad a varios ex colaboradores de Javier Duarte, ya han advertido oportunamente tanto el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez como el futuro secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, debido a que por los tiempos de su posible excarcelación, la cual podría distorsionarse, le pegaría a la credibilidad de la administración entrante de MORENA. 

Y es que las pifias de la Fiscalía siguen fluyendo. Por ejemplo, después de casi año y medio de haber sido detenido por “fraude específico” en la construcción de la Torre Pediátrica de Veracruz, este viernes el empresario porteño César Augusto Morando Turrent fue liberado luego de que la Juez de Control del Juzgado de Proceso y de Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Jiménez, tuvo que dar cumplimiento al amparo otorgado al dueño de la empresa Gran Marca Proyectos, S.A. de C.V., tras considerarse excesiva y contraria a derecho la prisión que se le impuso.

De hecho el constructor, a quien se le fijó un depósito en garantía de un millón de pesos y quedará obligado a firmar periódicamente el libro de registro del Juzgado, debió ser excarcelado desde hace diez meses. Y es que en enero pasado el Juez Décimo Octavo de Distrito en el estado, José Ezequiel Santos Álvarez, ya había amparado a Morando por el auto de vinculación a proceso que le fue dictado el 10 de julio de 2017 dentro del proceso penal 139/2017 por la juez Sosa Jiménez.

Según el Juicio de Amparo 896/2017, se consideró “fundado y suficiente” para conceder la protección de la Justicia federal “el concepto de violación hecho valer por el quejoso, en el que aduce que el auto de vinculación a proceso reclamado, vulnera lo establecido en los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.”

Además, el juez de Distrito destacó que “dada la relevancia del pronunciamiento de la vinculación a proceso, se debe cumplir con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, de que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado para tener por satisfecho el principio de legalidad”, así como lo estipulado por el numeral 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone “que las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada, y contendrá de manera concisa los antecedentes y los puntos a resolver”, debidamente fundados y motivados.

Sin embargo, en opinión de Santos Álvarez, la Juez responsable, al exponer las razones que la llevaron a vincular a proceso a Morando Turrent, no detalló siquiera “con qué datos de prueba se acreditó la calidad del sujeto activo”, y que la autoridad tampoco refirió “con qué datos de prueba se acreditó que no se realizaron las obras que ampararon la cantidad pagada (186 millones 767 mil 484 pesos)”, ya que “no es suficiente que la Juez de control señale que se acreditó que esa persona (…) no realizó la obra pactada en el tiempo debido (242 días naturales).”

En consecuencia, el Juzgador de Distrito había determinado desde enero que la Juez de Control dejara jurídicamente insubsistente lo actuado en la audiencia inicial, únicamente en el dictado del auto de vinculación a proceso, por el hecho tipificado como delito de fraude específico; que citara a las partes en audiencia formal, atendiendo a los principios del sistema penal acusatorio, para realizar nuevamente el estudio y ponderación de los datos de prueba y emitiera otra resolución en la que resolviera respecto a la vinculación a proceso propuesta, subsanando los vicios destacados en esta sentencia, pero ello, en uso de sus propias facultades, y que especificara el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que la ley señala como delito de fraude específico, al abordar la probable participación del imputado en la comisión de ese hecho ilícito, de manera separada.

Lo que la Fiscalía, según se ve, no ha podido acreditar fehacientemente aún. ¿O acaso será cierta la versión que corre, acerca de que a Morando, como a los ex funcionarios duartistas impunes, lo habrían obligado a entregar bienes a cambio de seguir su proceso en libertad y posteriormente quedar exonerado?

En los días por venir, según ha trascendido, aparte del caso del constructor porteño estarían por caérsele otros más al fiscal de Yunes Linares, los que obviamente darán mucho de qué hablar y generarán todo tipo de especulaciones.