Será pues un perdón a los corruptos pero no generalizado en donde cabe la solicitud de la Cámara de Diputados que el pasado 6 de noviembre exhortó a la PGR para que en 10 días hábiles diera cuenta del avance en las carpetas de investigación, una de ellos interpuesta por el propio AMLO contra de Miguel Angel Yunes y su familia, en torno a “lavado de dinero” y “enriquecimiento ilícito”.
La precisión de López Obrador se da en el marco de airadas reacciones de la oposición priista encabezadas por su lideresa Claudia Ruiz Massieu, quien sostuvo que “no queremos amnistía para nadie”.
Los propios enclaves de Morena, en voz del senador Ricardo Monreal también hicieron público su desacuerdo por el “borrón y cuenta nueva”. En tanto, el líder nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés argumentó que el perdón confirma el “pacto de impunidad” de López Obrador con el sexenio de Enrique Peña Nieto que está por concluir.
Sin embargo, en ese controversial escenario de amnistía a corruptos, al propio López Obrador le queda claro que “ese perdón no aplicará para quienes ya tengan un proceso iniciado en su contra en el gobierno de Peña Nieto”.
“No es darle la orden al Poder Judicial o al Legislativo –que son independientes- de que se detengan los procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver”.
De esta manera al tema Miguel Angel Yunes y las tres carpetas de investigación abiertas en su contra se suman las de otros cuestionados personajes de la vida pública estatal y nacional, señalados por actos de corrupción.
Existe incluso una precisión de parte de AMLO en el sentido de que “habrá consulta para decidir si se juzga a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto”… y como las consultas son a modo, pues ni será tanto el perdón, ni tanto el olvido.
Otros casos.
El de Javier Duarte y su esposa Karime, aún no concluye. Los expedientes no están cerrados; existe incluso una solicitud de extradición contra ésta última avecindada en Londres.
Es el caso de Rosario Robles, a quien se investiga por daño patrimonial, al igual que a 14 funcionarios de Sedesol y Sedatu bajo su mando, y 14 más sujetos a procedimiento administrativo.
Es el tema Odebrech, otro de los grandes pendientes del arranque sexenal. La Secretaría de la Función Pública ha emitido al respecto ocho resoluciones sancionatorias; cuatro inhabilitaciones y en dos la sanción es por más de mil 86 millones de pesos. Se investigación asimismo la evolución patrimonial del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya.
Es además el caso de Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua y del ex mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge por operaciones con recursos de procedencia ilícita; 7 contra servidores públicos de SCT y una de Conagua.
En tanto, la vida nacional sigue. Ya solo quedan 9 días para el cambio.
En Veracruz y en el resto del país se preparan festejos masivos desde la tarde del último día de noviembre, luego la toma de posesión del presidente y gobernadores; al día siguiente, el 2 de diciembre, la visita a Xalapa de Andrés Manuel y esa necia esperanza ciudadana que a inicio de cada sexenio renace y adelanta la llegada de nuevos tiempos.
Tiempo al tiempo.
*El autor es Premio Nacional de Periodismo |
