Los 32 delegados en los estados estarán bajo las órdenes directas del Coordinador General de Programas para el Desarrollo, que a su vez estará adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República. La justificación de esta figura es supuestamente una “simplificación administrativa” para eliminar “intermediarios” en la entrega de los recursos de los programas sociales a sus beneficiarios. Pero la intencionalidad política es muy evidente.
Al concentrarse los recursos de los programas sociales federales en una sola oficina por estado, que rinde cuentas solo a la Presidencia de la República, en los hechos se crea un poder alterno al de los propios gobernadores, ya que los “súper delegados” también tendrán injerencia en temas como el de la seguridad. Tendrán pues atribuciones que ya se califican como inconstitucionales, puesto que serán una especie de “virreyes” del gobierno central que dispondrán a discreción de los programas con los que se atiende a la población marginada, que termina convertida en clientela electoral de quien le provee esos recursos. Del partido que sea.
Los gobernadores de oposición al próximo gobierno han manifestado su rechazo a la medida al considerarla violatoria de la soberanía de las entidades federativas, pues los “súper delegados” tendrían atribuciones superiores a las de los gobiernos estatales, razón por la cual anunciaron que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La realidad es que esta reforma representa una enorme concentración de poder en la Presidencia de la República que más parece la instauración del centralismo como sistema de gobierno y la muerte del federalismo, pues tanto la política social como la de seguridad se definirán en palacio nacional y los mandatarios estatales pasarán a ser simples “convidados de piedra”.
Además, y por la misma razón, los delegados se convertirán de manera instantánea en precandidatos naturales a las gubernaturas de los estados en los que trabajen, lo cual hace a los programas sociales federales más susceptibles de ser usados con fines de operación política.
Lo peor de todo fue el tono de la respuesta a las críticas a esta medida. En voz del senador de Morena Félix Salgado Macedonio, si un gobernador no acata las nuevas disposiciones, se decretará en el Congreso la desaparición de poderes en su estado. O lo que es lo mismo, a quienes no se alineen con los dictados del centro, el garrote autoritario.
Bienvenidos a la “cuarta transformación”.
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