Para ello, se reformará –pues para eso tiene mayoría Morena en el Congreso de la Unión- la fracción XV del artículo 76 constitucional, a fin de conformar dicha Guardia Nacional como “instrumento primordial del Ejecutivo Federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública” y “el combate a la delincuencia en todo el país”.
“Los efectivos provendrán de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal; se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos”, según establece este plan, el cual reafirma que “la Guardia Nacional quedará, pues, expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas. Se convocará a 50 mil reclutas, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares”.
El planteamiento no deja lugar a interpretaciones. Lo que hará el próximo Gobierno de México será militarizar por completo el país y recurrir a la misma estrategia de combate a la delincuencia: con fuego, que es para lo que están entrenados los militares. Para eliminar al enemigo.
¿Qué diferencia hay entonces con la llamada “guerra contra el narco” lanzada por Felipe Calderón Hinojosa hace 12 años y continuada desde hace seis por Enrique Peña Nieto, y que ha dejado un saldo de más de 200 mil muertos y aproximadamente 37 mil desaparecidos, de acuerdo con el diagnóstico de este mismo plan?
En términos de retórica, la diferencia es que se brindará capacitación en derechos humanos a los elementos de la fuerza pública y que se adoptarán “leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores; para ello se debe garantizar sus derechos, ofrecerles reducciones de penas e incluso amnistías, condicionadas a la aprobación de las víctimas –sean personas o colectividades– y proponerles un cambio de vida”. Lo cual suena muy bonito en el papel.
Pero en los hechos, no habrá ningún cambio en la estrategia. Los militares seguirán en las calles y, en consecuencia, el combate a la delincuencia seguirá basado en el uso de la fuerza, con la consabida cauda de violencia y muerte que eso provoca inevitablemente. Los mexicanos lo hemos comprobado en carne propia los últimos 12 años.
Porque si bien es necesario desterrar la corrupción, propiciar el desarrollo equitativo de la población a través del empleo, la educación y la salud, eso no basta para hacer que la criminalidad y violencia disminuyan. Son, si acaso, buenas aspiraciones, más no una solución a este fenómeno en sí mismas, contra lo que asegura el próximo gobierno. Y seguir utilizando a las fuerzas castrenses en las tareas de la seguridad pública tendrá exactamente los mismos resultados que ha tenido hasta ahora. No se puede pensar en lograr algo diferente haciendo lo mismo.
Irónicamente, un día después de este anuncio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la Ley de Seguridad Interior que le daba un marco legal a la actuación de los militares en las tareas policiales, al considerarla inconstitucional. Así que en lo que se vuelve a modificar la normatividad al respecto, las fuerzas armadas continuarán en el vacío legal.
Lo mejor de todo es que regresar al ejército y a la marina a sus cuarteles y con ello detener la violencia en el país fue una de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Ya será para la otra.
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