En nuestra Hora Libre del 2 de septiembre, bajo el título “Yunes le abrirá la puerta a Bermúdez”, ya alertábamos de esta estrategia, en que estaba involucrado no solo el Fiscal General sino, además, el todavía Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, compadre del exgobernador.
El propio Cuitláhuac García adelantó desde entonces lo que hoy ha ocurrido: la salida de prisión, aunque solo sea para seguir el juicio en libertad, de varios procesados en casos armados por el Fiscal General: el lunes salió el exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac; el martes, el exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Antonio Valencia García, y este miércoles, el extitular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.
Como para entender la jugada basta ver las declaraciones del dirigente interino del PAN y diputado local Omar Miranda, quien en conferencia de prensa acusó al gobierno estatal de mantener acuerdos con los exfuncionarios priistas involucrados en actos de corrupción para liberarlos, y condenó que se hostigue al Fiscal Jorge Winckler con la intención de hacerlo renunciar. No dicen que su renuncia está siendo exigida por muchos veracruzanos debido a su ominosa labor contra la impartición de justicia, y solo lo atribuyen a una supuesta venganza por haber llevado a la cárcel a los duartistas, que serían aliados de los de Morena.
Para quienes no tienen memoria o no se enteraron de las maniobras hechas por Yunes con su Fiscal y el presidente del Poder Judicial, para que funcionara la maniobra de atribuir al gobierno de Morena la liberación de los exfuncionarios corruptos, es necesario recordarles ciertas denuncias, y es que la historia siempre deja huellas indelebles.
Las benditas redes sociales
“La suerte de 8 excolaboradores de Duarte señalados de corrupción. Las críticas se dan contra el Fiscal Jorge Winckler señalado de emprender una cacería contra exduartistas con fines electorales en #Veracruz” Vigilantes Veracruz @VigilantesV
Desde agosto, Yunes fraguó la salida de Bermúdez
El viernes 31 de agosto, el entonces gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez puso una seria alerta sobre la bomba que habría preparado el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que le estallara en las manos en los primeros días de su gobierno: dejar las cerraduras jurídicas abiertas para que el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, preso en Pacho Viejo, saliera en libertad y pusiera en cuestionamiento al primer gobierno de Morena.
El rumor, sin embargo, ya rondaba desde el martes 27 de septiembre, con tanta insistencia y datos que empezó a cobrar visos de autenticidad: el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, con la complicidad de sus incondicionales en el Poder Judicial, intentaba poner en libertad al exsecretario de Seguridad Pública en las primeras semanas de diciembre.
La idea tomó forma con los movimientos instruidos por el magistrado presidente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edel Álvarez Peña, al interior del Poder Judicial del Estado. Apenas unas semanas antes, Álvarez había ordenado la remoción de la magistrada Lizbeth Hernández Ribbón de la Quinta Sala en Materia Penal para ubicarla en la Sala Constitucional, y con ello quitarle el caso del extitular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita.
A dicha sala envió al joven magistrado Amadeo Flores Villalba, para hacer equipo con Beatriz Rivera Hernández, y juntos encargarse del caso Bermúdez, con la aparente intención de dejarle una papa caliente al hoy gobernador Cuitláhuac García Jiménez. En lugar de Hernández Ribbón, se impuso al Secretario de la Sala, incondicional de Beatriz Rivera y de Amadeo Flores, quienes intentaban revocar la vinculación a proceso del temido exjefe policiaco de Javier Duarte.
Lo que intentaba Edel, por órdenes superiores, era heredarle al actual gobernador un expediente enclenque para que, iniciado su gobierno, la sala liberara de las acusaciones a Bermúdez y entonces se le señalara de acordar su liberación.
En efecto, el 31 de agosto pasado, el entonces gobernador electo acusó ante los medios de comunicación de que Yunes Linares y el fiscal Winckler habían realizado tratos con el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, para no armar de manera correcta el caso y saliera en libertad. Y añadió: si otorgan la libertad al exsecretario de Seguridad Pública, el contubernio será demostrado. “Si están eludiendo la justicia, quiere decir que alguien actuó con omisión o en contubernio”.
Manifestó su extrañeza ante la posibilidad de que fueran a liberar a alguien que tiene sospechas fundadas de desaparición forzada. “Nosotros vamos a revisar el caso y lo vamos a revisar muy bien, pero también vamos a buscar quiénes acusaron de una manera mal hecha; la fiscalía también tiene responsabilidades”.
No es el único expediente en que Jorge Winckler (que es casi como decir el mismísimo Yunes Linares) ha fallado a la hora de la verdad. La situación jurídica de todos los que estaban en prisión bajo proceso penal por delitos patrimoniales contra el gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte sigue en el limbo: no hubo uno solo con sentencia definitiva y todos podían ser liberados en cualquier momento, aunque el gobierno de Yunes se cuidó de que eso sucediera a partir de diciembre y responsabilizar de ello al gobierno entrante.
Magisterio manipulado por el yunismo
La toma de las instalaciones de la Delegación de la SEV en Córdoba, realizada este miércoles por integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) huele a gato encerrado. Resulta que quienes encabezan las manifestaciones son personas ‘non gratas’ para el magisterio veracruzano, en particular, dos mujeres que han participado en protestas: Griselda Muñoz Meza y Gisel Melgar Morales, quienes apenas el 30 de noviembre pasado fueron beneficiadas con dos plazas cada una por el gobierno funesto de Miguel Ángel Yunes Linares. Queda claro que se trata de manifestaciones manipuladas con intenciones de dividir al Movimiento. Un documento que circula de manera pública acredita lo dicho.
Según revisiones del proceso entrega-recepción y de un análisis minucioso que se realiza en cada una de las áreas de la SEV, se han identificado ya diversas irregularidades que fueron instruidas desde la oficina del extitular de la SEV, Enrique Pérez Rodríguez, en complicidad con el exoficial Mayor, Abel Cuevas Melo.
En estos casos se incluyen los nombres señalados. A Diana Gisel Melgar Morales, nuera de la maestra Rosario Rojas Aragón, lideresa de la mencionada organización magisterial en Las Choapas, se le otorgó recientemente una base en el sistema educativo veracruzano como Auxiliar Administrativo con clave 2311084157400197 adscrita a la Escuela Primaria Estatal 18 de marzo.
En tanto, a Griselda Muñoz Meza en la Escuela General Esfuerzo Obrero, ubicada en Ciudad Mendoza, también se le otorgó plaza con el puesto de Auxiliar Administrativo que se obtuvo con la clave 2314403157400700. En sus últimos cargos, Muñoz Meza colaboró en la administración pública del Ayuntamiento de Cosolopa, en Oaxaca, región limítrofe con el municipio de Tezonapa, zona desde donde opera el vocero del MMPV, Daniel Hernández del Ángel, principal socio del gobierno panista.
Y es que Hernández del Ángel en contubernio con los entonces funcionarios de la SEV obtuvieron diversos beneficios, y no sólo plazas; también recursos por varios miles de pesos financiados desde el erario.
Toño Nemi responsabiliza a Winckler de lo que pudiera ocurrirle
En una carta enviada a este columnista, el exsecretario de Salud, Antonio Nemi Dib, quien es atendido en su salud en arraigo domiciliario, establece las coordenadas de su caso, atribuye a venganza política su proceso, señala las amenazas que han recibido él y su familia de parte de la Fiscalía, y narra lo que le ha ocurrido durante su cautiverio en el penal de Pacho Viejo:
En su misiva señala a Winckler de actuar como un verdadero capo. Denuncia que el martes, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales acudió a la vivienda donde cumple prisión domiciliaria, “para tomarme declaración (¡después de más de tres meses de que lo denuncié!), en relación con la brutal tortura física y psicológica que sufrí durante mi estancia en el penal de Pacho Viejo, por parte de policías ministeriales del Estado, así como amenazas de muerte contra mí y mi familia, que me hizo en persona y “a nombre del Jefe”, el entonces Director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del pasado Gobierno, además de otras violaciones graves a mis derechos humanos”.
Atribuye los ataques a sus derechos humanos a su negativa a “conceder una declaración judicial con carácter de prueba anticipada, de hechos que no me constan y ni si quiera sé si ocurrieron, contra Javier Duarte de Ochoa y Karime Macías Tubilla”.
Narra que durante cinco semanas batalló por todos los medios legales “para que se me permitiera acudir al hospital a recibir atención médica, y sólo por la intervención de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos me fue posible acudir al nosocomio, al que llegué en condiciones de suma gravedad y riesgo de muerte, de acuerdo con la pericial médica de la propia Fiscalía Estatal”.
Y acusa: “Hago notar que en mi declaración responsabilicé directamente a Jorge Winckler de las aberraciones judiciales de las que he sido objeto, de las golpizas y de muchas acciones que evidentemente él ha prohijado y consentido, como filtrar ilegalmente datos de las carpetas de investigación, publicar imágenes y datos míos divulgados por su oficina de prensa y obviamente prohibidos por la ley, destruir brutalmente el principio de presunción de inocencia, propiciar mi linchamiento público, presentar pruebas y testigos falsos, tenerme preso por delitos que no ameritan prisión, además de que no los cometí y, sobre todo, proteger a los verdaderos responsables de la corrupción, fabricándome a mí averiguaciones falsas y manipuladas”.
Señala que la mañana del miércoles, “varios servidores públicos de la Fiscalía me han notificado que, en venganza por mis declaraciones de ayer [martes], Winckler, está pronto a intentar una nueva aberración judicial en mi contra, promoviendo una nueva carpeta de investigación con la que pretende prolongar mi prisión y los daños irreparables que me ha causado y descalificarme para evitar las consecuencias de mi denuncia”.
Antonio Nemi Dib afirma no haber cometido ningún delito y se declara preso político “y víctima de un proyecto de odio, infamia, destrucción y muerte”. Y añade, al final de su misiva: “Le recuerdo a Winckler que yo presenté más de 300 denuncias por los actos de corrupción en SESVER y que él se encargó de desaparecerlas. Pero llegará el tiempo en que pague por sus infamias. Se verá quiénes son los viejos y los nuevos saqueadores de la Secretaría de Salud de Veracruz.”
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