Era 26 de diciembre del 2016, hace dos años. Carlos Saldaña Grajales, padre de dos jóvenes desaparecidos desde 2011, criticaba que el entonces nuevo gobernador Miguel Ángel Yunes hubiera integrado a Jorge Winckler a la terna de la cual el Congreso estatal debería elegir al próximo fiscal general del estado.
“Estamos molestos con la actitud del gobernador –decía Carlos Saldaña- pues Jorge Winckler se perfila como Fiscal General del Estado y a simple vista se ve que fue una imposición. Miguel Ángel Yunes Linares dijo que habría un cambio rotundo y no lo hemos visto; podríamos estar peor con Winckler que con Luis Ángel Bravo, en el periodo de Duarte”.
Saldaña Grajales aseguró en aquella ocasión que, en caso de ratificar el Congreso a Jorge Winckler, sería “una ofensa para nosotros los familiares de desaparecidos, pues su desconocimiento en el tema de desaparecidos, que se ve a simple vista, es preocupante”.
Ese es el gran problema de Jorge Winckler: Además de su burda sumisión a quien ha sido su maestro, patrocinador y cómplice, Miguel Ángel Yunes Linares, su lastre ha sido ese bajo nivel de conocimiento de su principal materia de trabajo, el Derecho.
A principios del 2017, ya en su calidad de Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler promovió una controversia constitucional en contra del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ambos de Veracruz, reclamando la invalidez del Artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos.
La respuesta fue contundente: “Se considera innecesario pronunciarse sobre la oportunidad, legitimación y demás aspectos procesales del asunto, ya que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que se actualiza la causal de sobreseimiento consistente en que la Fiscalía del Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave no se encuentra legitimada para promover la presente controversia constitucional, toda vez que no es un órgano contemplado en ninguna de las hipótesis que establece el citado Artículo 105 constitucional”.
Y para exhibir aún más su incapacidad teórica, la semana pasada Jorge Winckler promovió el amparo de la justicia federal contra los actos del Congreso del Estado de Veracruz en su contra.
Una vez más, la justicia federal lo ubicó en su realidad. Horas después de presentada la solicitud de amparo, la Suprema Corte hizo pública la Tesis 2ª. CXXVII/2018 (10ª.) titulada: “Improcedencia del juicio de amparo. El Artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo que la prevé contra las resoluciones de las Legislaturas locales dictadas soberana o discrecionalmente para la elección de funcionarios, no transgrede el Artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.
El documento establece que el juicio de amparo es improcedente “…en elección, suspensión o remoción de funcionarios…”.
Jorge Winckler sabe que se tiene que ir, pero la instrucción que ha recibido de su jefe es clara: “Estira la liga hasta que se reviente, oblígalos a recurrir a todas las vías jurídicas, que en algún momento se habrán de equivocar, o de lo contrario, tendremos oportunidad de exhibirlos. Nos convertiremos en víctimas”.
La actitud beligerante, retadora y hasta irrespetuosa de Jorge Winckler, contrasta con la prudencia, la institucionalidad que ha demostrado el aún Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Edel Álvarez Peña. Al final, lo más probable es que termine dejando en forma anticipada la titularidad del Poder Judicial (atendiendo al interés de sus compañeros, que no quieren confrontarse con el gobernador) pero en estos temas las formas sí cuentan, y cuentan mucho.
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Epílogo.
Desde su cuenta de Twitter, Cuitláhuac García publicó este domingo: “Desde el primer reporte que obtuvimos sobre el condenable ataque a inmigrantes en el sur del Estado, se instrumentaron acciones para ver por las víctimas. Atenderemos la demanda de la CNDH para que la instancia investigadora haga su trabajo y dé pronto con los culpables”. *** Luego de ocho meses de permanecer en calidad de preso en un hospital, el dirigente sindical de Tenaris Tamsa, Pascual Lagunes Ochoa, recibió su alta médica y seguirá el proceso penal desde su casa.
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