Y convocó a sostener reuniones, en la segunda semana de enero, con los colegios de Ingenieros, arquitectos, asociaciones empresariales de la construcción y sociedad civil interesadas en esta problemática, con el fin de plantearles el proyecto y así contribuyan con sus opiniones e intereses.
¿Qué significaría hacer realidad este proyecto?
En primer lugar se requeriría que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la empresa propietaria de la ruta del DF al sureste del país (Kansas City Southern) acuerden la construcción de un paso alternativo del ferrocarril que no cruce por la ciudad, lo que les redituaría en una reducción en tiempo y distancia. El actual trazo de la vía férrea está ni mandado a hacer para convertirse en una forma alternativa de transporte urbano.
El proyecto de reconvertir el tramo de 19.5 kilómetros permitiría utilizar casi medio millón de metros cuadrados de derecho de vía para ayudar a resolver uno de los más graves problemas que aquejan a la ciudad, el transporte público, cada vez más ineficiente, contaminante y caro, que afecta a miles de habitantes de la zona metropolitana tanto en su bolsillo como en tiempo de traslado e, incluso, podría ser una alternativa al uso del automóvil que ha convertido a Xalapa en la zona más densamente poblada de automotores en todo el país, arriba incluso de la ciudad de México.
Este proyecto no es nuevo, aunque ahora se vea más posible con la voluntad de los gobiernos estatal y municipal, y el posible apoyo del gobierno federal que ya ha mostrado su proclividad por el transporte ferroviario, como este domingo lo patentizó Andrés Manuel López Obrador con su show de pedir permiso a la madre Tierra para el Tren Maya, y el paralelo anuncio del Tren Transístmico. Este proyecto beneficiaría a habitantes de Banderilla, Coatepec, Jilotepec, Xalapa y Rafael Lucio.
Los puntos más significativos del trayecto, que tendría como inicio el paso de la vía en el municipio de Rafael Lucio, seguiría en la antigua estación de Banderilla, La Calera, el cruce de la avenida México en la colonia Revolución, el puente de la avenida 21 de Marzo en el bulevar Xalapa-Banderilla, la antigua estación del tren en Xalapa, el cruce de la avenida Jardines de Xalapa, Plaza Cristal, los puentes de la avenida Lázaro Cárdenas, la avenida 20 de Noviembre (por CAXA), avenida Rébsamen y Murillo Vidal, y la entrada a la colonia Emiliano Zapata, para rematar en la estación de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.
Un proyecto largamente acariciado
Con anterioridad se ha pensado en esta interesante ruta ferroviaria como un circuito de transporte suburbano que, pese a la necesidad de invertir en infraestructura que permita el cruce de avenidas mediante puentes vehiculares, constituye una vía abierta.
Es cierto que se tendría que reubicar a familias que se encuentren dentro del derecho de vía, y que deberá incluir el diseño de una empresa (paraestatal o privada) que explote el medio de transporte, invierta en la reingeniería de los circuitos y en la adquisición de los trenes. Pero ofrece la ventaja de no afectar construcciones ya hechas, como ha ocurrido cuando se abren nuevas avenidas sobre áreas pobladas.
El primer vistazo a este proyecto ocurrió en octubre de 2009, cuando el entonces alcalde xalapeño David Velasco Chedraui acudió junto con sus colegas de Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan, a reunirse con los diputados federales Alma Carolina Viggiano Austria y Luis Videgaray Caso, presidentes en ese entonces de las comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión, respectivamente, para presentar los proyectos de cinco obras: el rastro metropolitano, dos plantas de tratamiento de aguas residuales, el relleno sanitario común y el tren suburbano. En total, la inversión que gestionaban era de 450 millones de pesos. Junto con ellos, estuvieron presentes en la reunión los entonces diputados federales Ricardo Ahued Bardahuil y Silvio Lagos Galindo.
¿Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez podrán pasar a la historia por hacer realidad este ambicioso proyecto de movilidad? Esperamos que ello sea posible.
Más recursos a ayuntamientos en 2019: ¿más corrupción?
Independientemente del informe presentado el sábado por el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, a quien se le vio más como el señor del corbatín que el reiterado crítico de administraciones estatales y municipales que le precedieron, llamó la atención el anuncio hecho por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que se incrementarán en 10 por ciento las participaciones de todos los ayuntamientos de Veracruz en 2019, como se le informó desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Eso debe poner una voz de alerta sobre la necesidad de que las instancias fiscalizadoras pongan más atención a la forma en que los municipios gasten el presupuesto público, incluso antes de generar las acciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para analizar en 2020 la cuenta pública del próximo año.
En el marco de la autonomía municipal, la pregunta es si tenemos los mecanismos legales de observación en tiempo real para evitar que los recursos federales, que serán incrementados, sean destinado a aquello para lo que fueron etiquetados, en lugar de tratar de remediar con tratamientos duros cuando la enfermedad ya ha sido detectada y ha dañado el cuerpo de las finanzas municipales.
Muchos ayuntamientos fueron observados en la Cuenta Pública 2017 por parte del Orfis en su último año de gobierno y es posible que enfrenten la acción de la justicia por quebrantar la hacienda municipal, lo que no regresa a los habitantes los beneficios que debieron tener. Ya sabemos que pronto volverán a ser requeridos, pese a que los diputados panistas que estuvieron en control de la anterior Legislatura limpiaron todos los expedientes a cambio, según han denunciado algunos alcaldes, de un porcentaje de las cantidades observadas.
Pero más que castigar, lo que los veracruzanos necesitamos es que se eviten desvíos de recursos, el uso de fondos financieros dirigidos a obras en gastos suntuarios, incluso el subejercicio por incapacidad de los ediles. La corrupción que campea en las oficinas públicas deberá ser contenida antes de que suceda el daño y sus culpables deben ser castigados con todo el peso de la ley, incluso y sobre todo en ayuntamientos y oficinas estatales en manos de Morena.
Y sobre ello también se pronunció el mandatario veracruzano: “Estamos ante una nueva época de dar transparencia a las acciones que se han llevado a cabo en los municipios; en la que decirle al ciudadano en qué se está gastando sus recursos contribuye a lo que el día 1° de julio comprometimos con la sociedad: gobiernos honestos, transparentes, en beneficio de la población”, puntualizó.
A la Suprema Corte, porquerías de Unanue y compañía
Si los diputados panistas que integraron la comisión de Vigilancia de la anterior Legislatura, con Juan Manuel de Unanue Abascal y Rodrigo García Escalante a la cabeza, pensaron que sus corruptelas al momento de limpiar de las observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al gobierno yunista y a los ayuntamiento iban a pasar desapercibidas, hay que decirles que ya llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En efecto, el jueves 13 de diciembre, dos ayuntamientos veracruzanos, Pueblo Viejo y Santiago Sochiapan, presentaron sendas demandas de Controversia Constitucional ante la SCJN, contra la LXIV Legislatura, por el Decreto 784 que aprueba los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables correspondientes al ejercicio fiscal 2017, demandando su invalidez.
El decreto publicado el pasado 2 de noviembre (Gaceta Extraordinaria 440 de la Gaceta Oficial) señala que, en los casos de estos ayuntamientos, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia consideraron desvirtuadas varias de las observaciones de daño patrimonial, violentando con ello la Constitución Política.
La pasada Legislatura local, aparentemente con moches de por medio, desestimó la auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que es el órgano técnico del Poder Legislativo, y restarle valor a las observaciones generadas por dicho órgano conlleva a generar un cuestionamiento sobre sus trabajos de auditoría, que le llevó a plantear diversas observaciones sobre posibles quebrantos a las haciendas estatal y municipales.
En opinión de los ayuntamientos demandantes, la Comisión Permanente comete varias ilegalidades: en primer lugar, los entes auditados no presentaron ante la Comisión de Vigilancia de la anterior Legislatura documentación adicional a la presentada ante el Orfis, y en segundo lugar, no existe fundamento legal alguno en el que se indique que dicha Comisión tenga la atribución de recibir y valorar los documentos presentados para determinar si se solventan o no las observaciones generadas por el Orfis.
Les valió madres el Orfis
Es cierto que el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado establece que la fiscalización superior se realizará por el Congreso del Estado, pero señala que dicha fiscalización es a través del Orfis, conforme a la Constitución del Estado y demás disposiciones legales. Por ello, la Comisión de Vigilancia controlada por los diputados panistas, no se encontraba facultada para recibir documentos y argumentaciones.
En el maremágnum de irregularidades de los que plagó el anterior gobierno la actuación de un Congreso local bajo su control, cuando en las urnas le dieron la espalda los veracruzanos, la Comisión de Vigilancia le otorgó pleno valor probatorio a los documentos presentados, desvirtuando las irregularidades debidamente detectadas, auditadas y especificadas por el Orfis. Y lo hicieron sin pelar al Orfis ni a los municipios.
Tanto el ayuntamiento de Pueblo Viejo como el de Santiago Sochiapan consideran que el hecho de que la anterior comisión de Vigilancia recibiera documentos y argumentos de parte de servidores y exservidores públicos para atender las observaciones de presunto daño patrimonial determinado por el Orfis, es completamente fuera del contexto legal vigente, e invocan como normativas violadas no solo la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado sino también el artículo 67, fracción III bases 5 y 8 de la Constitución Política del Estado.
¿Qué responderán a ello los diputados implicados en el OrfisGate?
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