Si creían que el presidente Andrés Manuel López Obrador difícilmente recuperaría la agenda mediática tras el accidente en que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, líder de la bancada panista en el Senado, ocurrida el 24 de diciembre, el anuncio de las acciones emprendidas por su gobierno para combatir el robo de combustible contra Petróleos Mexicanos, tanto en las líneas de conducción como en el interior mismo de las instalaciones de la petrolera mexicana, ha venido a atenuar un poco la grave crisis de confianza ocurrido antes de un mes de estar al frente del gobierno federal.

Durante tres sexenios, el llamado huachicoleo, un delito que ni siquiera alcanzaba el carácter de grave aunque significa una gravísima sangría a la hacienda federal, fue creciendo de manera escandalosa sin que ninguno de los últimos presidentes hubiera hecho algo para detenerlo. No solo constituyó una merma que López Obrador calculó, solo en 2017, en unas 600 pipas diarias de 15 mil litros cada una, es decir, unos 200 millones de pesos, que no fueron generadas solo por quienes succionan los ductos sino que salían bajo el control de autoridades y del sindicato petrolero, comandado por el archimillonario Carlos Romero Deschamps.

Luego de que se desmintiera la noche de este jueves su detención, el líder petrolero no se salva de las sospechas de ser uno de los principales operadores del mayor negocio ilegal del siglo en México. En su conferencia de prensa de este jueves, en efecto, López Obrador ha dicho que en algunas áreas operativas de Pemex tenía prohibida la entrada la autoridad, porque “eran áreas reservadas, o estaban conducidas o administradas por trabajadores sindicalizados”.

Aunque personalmente no ha tenido contacto con Romero Deschamps, López Obrador dijo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí habló con él y le dijo que “no vamos a tolerar a nadie, fuese de alto nivel o trabajador sindicalizado”. 

Desde el 20 de diciembre, fuerzas conjuntas del gobierno mexicano intervinieron el sistema de monitoreo de Pemex para detener el robo de combustible, como parte del Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex, y hay tres funcionarios directamente involucrados, que ya están bajo proceso penal. Aunque no hay pruebas, dijo, para afirmar que participaban, los exdirectores de la paraestatal sabían del robo.

Las benditas redes sociales

“Es pronto paraver avances en corrupción y violencia criminal. Vicios del poder de siempre como la abyección de los abyectos persisten. Donde sí advierto cambios, y qué bueno, es en el costo de vivir a costa de la explotación de los demás. El #mirreynato sufre. Ya era hora”. Ivonne Melgar @ivonnemelgar

Pemex ya era negocio de particulares… y del sindicato petrolero

En el operativo participan fuerzas de la Marina, del Ejército, de la nueva administración de Pemex y de la Procuraduría General de la República (PGR), además de otras dependencias como las secretarías de Energía, de Hacienda, del Trabajo y de la Función Pública. Y es que, según el señalado mandatario, sólo el 20 por ciento de los combustibles que se roban a Pemex es por medio de “ordeña” de ductos y pipas, mientras que el resto se trasiega desde dentro del mismo Gobierno.

El secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, dijo que en el plan conjunto participan 15 instituciones del Gobierno federal y, por lo pronto, Ejército y Marina han establecido vigilancia en 58 instalaciones consideradas como estratégicas, entre ellas, seis refinerías, 39 terminales de despacho y almacenamiento, estaciones de rebombeo y el Centro de Control México; se identificaron puntos como controlar acceso a instalaciones, vigilar el cuarto de control y los tanques verticales.

El encargado del despacho de la Procuraduría, Alejandro Gertz Manero, dijo que el robo de combustible “se manejaba desde adentro” y no desde afuera, y afirmó que “había un grupo de individuos que estaban a cargo de este sistema”, quienes ya son investigados por las instituciones de seguridad del país. Por el momento, por lo menos tres personas son las investigadas por la sustracción de la gasolina.

Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, explicó que el monto por el robo de combustibles ascendió a 30 mil millones en 2016; a 50 mil millones en 2017 y a 66 mil millones de pesos en 2018. Señaló que el 21 de diciembre de este año se realizó una operación al interior de Pemex, que incluyó remoción de funcionarios e intervención en el sistema de control de ductos, y se observó una reducción en el robo de combustibles. 

“Se observa claramente que el 21 de diciembre de 2016 se robaron 78 mil barriles, en el 2017 fueron 70 mil, y este año, ya después de la intervención, fueron 43 mil. El día 22 de diciembre, repitiendo el mismo comparativo, observamos que en diciembre de este año fue el día que menos combustible se robaron en este día”.

Contener este delito era un clamor generalizado. Y es que en la zona limítrofe de Veracruz y Puebla, donde funcionaba el triángulo dorado del huachicol; en la zona limítrofe de Veracruz y Tabasco, y en los estados de Hidalgo y Guanajuato, este delito tuvo repercusiones muy severas en la seguridad pública, con el incremento en el número de homicidios y secuestros, y escaló al incorporar otros delitos como el robo de trenes y en carretera, además de explosiones en ductos.

De anunciar en los siguientes días no solo avances en la investigación del accidente en Puebla sino también de resultados del operativo contra el robo de combustibles, López Obrador podría ir atenuando mediáticamente los efectos negativos de la muerte de la gobernadora y el exgobernador de Puebla.

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