Uno de esos lugares es Veracruz, donde la inseguridad tiene una lamentable inercia cuyos orígenes no iniciaron ayer, ni el mes pasado. Así, ante esta realidad, combatir la delincuencia tiene que ver también con la responsabilidad omitida o desvirtuada de las autoridades que se desentendieron, o lo permitieron a cambio de importantes dádivas.
La extensión y condición de una entidad como Veracruz, que abarca la mayor parte del Golfo de México, con el 15 por ciento de los 11, 122 kilómetros de litoral del país. Esta condición crea espacios de vigilancia y supervisión del orden que son responsabilidad de la Defensa y la Marina. Sin la combinación de estas fuerzas públicas la violencia, la inseguridad, la incertidumbre sería mayor.
Ambas fortalezas de un país como el nuestro exigen de puentes no sólo entre ellas sino con la población, con las leyes, con los protocolos de los derechos humanos, con el conocimiento del terreno, que es parte de lo que será la capacitación de la Guardia Nacional, que está en debate legislativo en México.
Más allá de las tendencias partidistas, ideológicas, intereses, guerras sucias, está la vida y la integridad de los mexicanos, que debe ser defendida sin importar por el partido por el que votaron o por el color de su filiación política. La urgencia del problema es la que define la solución, y no al revés.
No se puede recetar una aspirina para un cáncer. Ni colocar un curita ante una fractura. Esto es lo que algunos abanderan ante el peligro de un posible exceso de autoridad. Voces que cuando permitían, propiciaban y hasta ordenaban los excesos, entonces callaban.
Ahora ante la sola posibilidad de que se repitan lanzan el grito en el cielo a grado tal que parecerían los cómplices de la violencia. Y lo son por lo menos de esa violencia verbal que les ha caracterizado desde el 1 de diciembre.
Esta vez fue el propio gobernador de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez, quien viajó desde Xalapa para platicar con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para solicitar el apoyo de militares en la entidad, que tiene una rutina violenta arraigada por los intereses propios de la geografía de Veracruz.
Proteger la vida de los veracruzanos vale cualquier riesgo de críticas y justifica los medios a través de los cuales deba alcanzarse.
De ahí que, con el valor para reconocerlo y la humildad para solicitarlo, no sólo pidió la presencia de militares en la entidad que gobierna, sino que se pronuncia por la aprobación de esta fuerza, cuya combinación se ajusta a las necesidades del estado.
Los militares que lleguen a Veracruz posiblemente se conviertan en miembros de la Guardia Nacional, de considerarlo apropiado el Poder Legislativo. Mientras tanto, la población de Veracruz no puede esperar un día más bajo una violencia que se apoderó de sus rincones, playas, selvas, serranía, con la aparente indiferencia que acusaba complicidad.
Veracruz es un escondite infinito si de ocultarse se trata, pero también es un lugar soleado, lleno de luz, donde nada debe estar oscuro. Ante la necesidad de hacer justicia con la legalidad que hace mucho no se practica en la entidad, es una cuestión de vida o muerte.
Los veracruzanos están heridos en su dignidad por malhechores que estuvieron gobernando el estado, quienes ahora, con una red de complicidades gozan de una impunidad que debería avergonzar a los responsables de administrar y procurar justicia no sólo en el estado sino en el país. La consecuencia de esa impunidad se refleja en los espacios donde ahora el hampa considera su territorio y ve en la población al enemigo a vencer.
Porque cuando un gobierno es apoyado por la gran mayoría de la población, el enemigo de los delincuentes no es la autoridad es la gente. Esto sucede en Veracruz y exige de medidas que, en otros tiempos, en otro lugar, en otro tiempo, pudieron parecer radicales. Hoy no lo son.
Muchos de los que advierten con la Guardia Nacional una posible represión fueron parte de su ejecución. Pero el pasado no implica deshacerse de la memoria sino obliga a recordar para no repetir. No son momentos de señalar caras, de repetir nombres, de responsabilizar excesos sino de salvaguardar la integridad de una población que no puede esperar a que termine el debate entre el pasado y futuro para vivir tranquila.
El segundo estado del país donde la violencia ha penetrado más es Veracruz, antes de cualquier otra acción, debe echarse a andar la maquinaria de seguridad para la población. Si hay críticas serán bienvenidas seguramente para depurar, con ellas, los esquemas de protección, si hay cuestionamientos serán recibidos con la respectiva reflexión.
Quien nada hace nunca se equivoca, porque eso algunos políticos del pasado se creían perfectos. Porque no saben que la omisión no sólo es un error sino un delito, sobre todo estando de por medio la integridad de los habitantes. PEGA Y CORRE. - Según cifras oficiales, entre enero y octubre de 2018, hubo 13 mil 480 reportes de delitos cometidos por servidores públicos a nivel nacional. Esto exige medidas que pueden ser denominadas, por algunos interesados, radicales. Pero habrá que ponerles fin…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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