El tema de las compras millonarias de insumos y la adjudicación de contratos por elevados montos por asignación directa, sin licitación de por medio, no habla de un gobierno transparente ni preocupado por la rendición de cuentas. Todo lo contrario.
La adquisición de 671 pipas a proveedores estadounidenses para transportar combustibles es un ejemplo claro de prácticas rayanas con la corrupción. Bajo la justificación de la emergencia en el abasto de carburantes –emergencia ocasionada, valga decir, por la impericia del propio gobierno federal-, pagaron más de 90 millones de pesos por los autotanques prácticamente sin avisarle a nadie, obviando cualquier proceso de concurso público para realizar la compra. Y eso no fue lo peor.
Resulta que las pipas adquiridas con toda celeridad y secrecía no cumplían con las normas relativas a los pesos y dimensiones máximas con las que pueden circular vehículos del autotransporte en México, ya que los modelos adquiridos ocupan llantas unitarias o supersencillas, y la norma 012 en la materia establece que los vehículos que transportan químicos, combustibles y materiales peligrosos en general deben utilizar llantas dobles para prevenir accidentes.
Pero como para este gobierno si una ley le estorba simplemente la cambia o la deroga, el 30 de enero pasado, ocho días después de la compra de las pipas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para modificar “la modalidad en el servicio de autotransporte federal de carga de hidrocarburos aplicable para la empresa productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias o filiales”, por medio del cual se establece que las unidades con una capacidad de entre 41 mil y 43 mil litros puedan usar llantas unitarias, siempre y cuando no excedan un peso de 4.5 toneladas.
Se trata de una modificación legal a toro pasado, hecha a modo de los intereses del gobierno que, por si no fuera eso ya bastante, implica enormes riesgos a la de por sí altamente peligrosa transportación por vía terrestre de combustibles que forma parte de la “estrategia” gubernamental para “combatir” el “huachicoleo”.
Pero el presidente López Obrador jura que como él no es corrupto, nadie de los integrantes su gobierno puede serlo, ya que todos están “obligados” a seguir su “ejemplo”. Como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien “olvidó” incluir en su declaración patrimonial la propiedad de un penthouse en una torre departamental de Houston, Texas, con un valor de 11.1 millones de pesos. Omisión de la que culpó a la Secretaría de la Función Pública, que debió subir a la plataforma Declaranet la situación patrimonial de todos los funcionarios del gobierno mexicano desde el pasado 30 de enero.
La honestidad no es cuestión de discursos, sino de hechos. Y los hechos hablan por sí mismos. De los conflictos de intereses, luego hablamos.
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