Una de dos: O Jorge Winckler miente de forma cínica, o (como muchos afirman) sus conocimientos jurídicos son bastante limitados.
El aún fiscal de Veracruz salió a festinar que los dos procesos de juicio político que ya fueron dictaminados por la Comisión Instructora, son “tema concluido y cerrado”.
Asegura que, como transcurrieron siete días desde que inició la sesión extraordinaria del Pleno en el Congreso local, ambos asuntos se convierten en “temas sin materia”.
En realidad no es que Jorge Winckler desconozca la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, lo que sucede es que la interpreta a su conveniencia.
El artículo 24 de ese ordenamiento legal establece que la Secretaría General de la Legislatura enlistará el dictamen en la siguiente sesión del Pleno para su acuerdo, “el que se votará en el plazo de siete días posteriores a la fecha de su turno”. Ese plazo de siete días se cumplió en el momento en el que se convocó a sesión extraordinaria del Pleno, sesión que no ha concluido y, por lo tanto, no se puede hablar de un término específico para resolver el tema.
En lo que tiene razón el aún Fiscal es que en este asunto nadie ha ganado, y nadie ha perdido. Sencillamente porque aún no se conoce, en principio, la resolución de los legisladores, y por lo tanto, tampoco ha llegado el caso al Tribunal Superior de Justicia, instancia en la que se llevará a cabo el verdadero juicio.
Lo cierto es que la bancada mayoritaria –la de Morena- está aplicando la figura del “plazo razonable”, que es avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es aplicable para un juzgador. En este caso, si se está recurriendo de manera supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales, también durante el proceso del juicio político esta figura es válida.
El plazo razonable no es otra cosa que el tiempo que se requiere para decidir sobre la resolución que se va a emitir. Al respecto ya existe una Tesis Aislada Constitucional.
Mientras tanto, respecto al amparo gestionado por el propio Jorge Winckler contra la reforma a la Constitución que le ratifica a los diputados la facultad de remover al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), este jueves se dio a conocer que el Juzgado Primero del Séptimo Distrito consideró necesario que se desahoguen los recursos de queja emanados de dicho juicio, pues estos pudieran influir en el sentido de la sentencia.
La Audiencia Constitucional programada para el 13 de febrero fue diferida para el 28 de este mes, a las diez horas con un minuto.
Los recursos legales contra Jorge Winckler, acusado de tortura y desaparición forzada de personas, siguen su curso.
Pronto se tendrán más noticias.
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Epílogo.
Hay otro tema que sigue en análisis y del que se podrían desprender denuncias penales contra diputados que integraron la Comisión de Vigilancia en la LXIV Legislatura. El Órgano Interno de Control del Congreso sigue haciendo las revisiones derivadas de la denuncia que interpuso el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). *** El diputado local, Erick Domínguez Vázquez, presidente de la actual Comisión de Vigilancia (de la LXV Legislatura) afirmó que aunque no hay plazos definidos para conocer el resultado de estas revisiones, la Comisión que él preside “está haciendo presión” al Órgano Interno de Control para que entregue resultados lo más pronto posible. Una vez que se tenga la información, dijo, se decidirá cuáles serán los pasos legales que se habrán de tomar. *** Hay que recordar que los diputados panistas que integraron la Comisión de Vigilancia en la LXIV Legislatura (Comisión que presidió Juan Manuel de Unanue) dieron por “solventadas” diversas observaciones que hizo el Orfis a varios entes y que, según el órgano fiscalizador, representaban un presumible daño patrimonial por cerca de 350 millones de pesos. Mucho polvo va a salir de ese informe.
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