Fue la tarde del 20 noviembre de 2017. Santana Cruz Bahena, alcalde electo de Hidalgotitlán, fue asesinado a balazos por un grupo de hombres fuertemente armados que entraron a su domicilio.
El alcalde electo y sus tres escoltas fueron acribillados.
Un año después, la Fiscalía General del Estado (FGE) no había reportado avance alguno en las investigaciones.
Lo único que la FGE “sugirió” fue que los probables responsables estarían involucrados en el tráfico de combustible.
“La FGE investiga la posible participación en los hechos de un grupo delictivo vinculado al tráfico de combustible robado; de igual manera, se investigará a las autoridades municipales y a elementos policiacos locales, por la probable omisión ante el conocimiento del crimen”, indicó el comunicado.
La mañana de este lunes, el alcalde de Astacinga, Antonio Ramírez Itehua, fue trasladado en helicóptero desde el hospital de Tlaquilpa hasta un sanatorio particular en Córdoba, luego de haber sido baleado cuando viajaba en un vehículo oficial del ayuntamiento a la altura de la comunidad Vista Hermosa.
El alcalde, de 34 años de edad, recibió dos disparos, uno que entró por el hombro izquierdo y salió por la parte posterior del cuello, y el otro que impactó en la parte derecha del tórax, lo que dañó el pulmón.
Su estado de salud se reportó como “grave”, pero a pesar de ello las autoridades estatales decidieron que fuera trasladado a Córdoba, ante el temor de que el grupo armado que lo atacó intentara rematarlo en la sierra.
El punto de coincidencia entre ambas víctimas, es que ambos fueron abanderados por el hoy sin registro Partido Nueva Alianza (Panal).
Este hecho de violencia se dio justo cuando el secretario de Gobierno, Éric Cisneros, arreció sus ataque smediáticos contra el aún fiscal Jorge Winckler, a quien recriminó que tuviera en el abandono la institución que encabeza.
Tras el atentado contra Ramírez Itehua, el secretario de Gobierno advirtió:
“Mientras no haya procuración de justicia, no se investiguen los hechos, no demos con los responsables, es verdaderamente preocupante. Tenemos que dar con los responsables, y cada uno asumir su responsabilidad. La Fiscalía tiene que asumir lo suyo, no puede ser nada más vocera de los hechos, necesitamos acotar y poder decir pronto, quiénes fueron los responsables de estos hechos”.
La Secretaría de Secretaría de Seguridad Pública del estado, por su parte, una vez conocido el ataque contra el alcalde, dio a conocer que intensificó sus labores de vigilancia en la Sierra de Zongolica.
“Se instalaron filtros de revisión y puestos de control en la región. Asimismo, se realizan sobrevuelos y recorridos por tierra para dar con los responsables”, informó la dependencia en un comunicado.
La Fiscalía, por su parte, calló. Una actitud contraria a la asumida un día antes, cuando la Fiscal Regional de Córdoba salió a redes sociales a responderle al secretario de Gobierno, luego de que éste criticara que las oficinas de Atoyac, donde se registró un homicidio, estuvieron cerradas todo el domingo.
El atentado contra Antonio Ramírez Itehua va más allá de la vinculación del hecho con la incidencia delictiva que prevalece en la entidad. Tiene un trasfondo político y ha generado preocupación entre las autoridades municipales de la sierra de Zongolica.
Una realidad irrefutable es que en esa región operan grupos armados, con fuertes intereses económicos, pero también con gran influencia política y que abanderan añejas causas sociales.
Los que viven allá saben de quiénes se trata, pero nadie se atreve a denunciarlos.
* * *
Epílogo.
La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que terminó la Declaratoria de Emergencia que emitió el 25 de enero, para los municipios de Acajete, Perote y Villa Aldama, por la presencia de una helada severa, ocurrida del 21 al 22 de enero. La oficina dependiente de la Secretaría de Gobernación informó que la situación anormal generada por ese fenómeno natural disminuyó a niveles aceptables. *** Este martes, a la una de la tarde, tendrá lugar la primera sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la LXV Legislatura. Es muy probable que en esta sesión se dé lectura a los dictámenes de la Comisión Instructora sobre las dos solicitudes de juicio político en contra del aún fiscal Jorge Winckler Ortiz. Una vez que se conozca el sentido de los dictámenes, se estaría en condiciones de citar a sesión extraordinaria del Pleno esta misma semana. El final está cerca.
filivargas@gmail.com |
