Prefacio.

Para algo sirvió el borrego filtrado la noche del lunes respecto al futuro del diputado federal priista Héctor Yunes Landa: Para recordar que el PRI debe iniciar el proceso de selección de su nuevo dirigente estatal. *** Aunque es larga la lista de aspirantes, y entre los anotados aparecen algunos que no reúnen méritos ni para ser líderes de colonia, lo cierto es que destacan dos personajes por su trayectoria y méritos partidarios: Antonio Benítez Lucho y Marlon Ramírez Marín. *** De la trayectoria del primero, se debe destacar que fue secretario particular de Fidel Herrera, Director del IPE, titular del Centro de Desarrollo Municipal y Director de la Comisión Estatal del Agua. Fue, además, diputado federal, delegado del ISSSTE y del IMSS. *** Del segundo, se reconoce su destacado desempeño en el servicio público. Ha sido Director de Política Regional y en dos ocasiones subsecretario de Gobierno; fue secretario de Fiscalización en el Congreso local, y en la actualidad es regidor en el ayuntamiento de Veracruz. En su partido ocupó la Secretaría de Organización. *** Sin embargo, en la búsqueda de la dirigencia priista, Benítez Lucho se ha topado con el rechazo de un sector de la militancia por los personajes que lo suelen acompañar, y que en su momento fueron vinculados a casos de corrupción. *** Marlon Ramírez, por su parte, ha estado recorriendo la entidad, dialoga con los grupos y busca puntos de coincidencia. Este martes estuvo en Xalapa y se reunió con la organización Antorcha Campesina y con una agrupación de ciudadanos con discapacidad. *** Al margen del reconocimiento a la trayectoria de los aspirantes, en el PRI deberán poner especial atención en personajes que aporten aires nuevos a una organización que luce desgastada. *** Las actuales condiciones políticas en la entidad, con una polarización entre panistas y los gobiernos de Morena, podrían representar una coyuntura favorable para el PRI, que deberá asumir su papel de partido opositor y acercarse a las clases más desprotegidas para abanderar sus causas. *** El reto no es menor, pero hay priistas con capacidad y experiencia.

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Hace dos años, en febrero del 2017, el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se comprometía a investigar –y sancionar- la filtración de una fotografía del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en el interior del penal de Pacho Viejo, en los momentos en los que era “fichado”.

Yunes Linares se dijo en aquella ocasión “preocupado” por la filtración de esa fotografía, que violentó los derechos del procesado y prometió que sancionaría a la persona responsable de dicha situación.

 “Es totalmente indebido que se haya filtrado algo, yo investigaré, ordenaré al Secretario de Seguridad Pública que investigue quien filtró esta fotografía (…) la parte que me corresponde como responsable de las áreas de reclusión es checar si alguien lo filtró y sancionarlo de manera ejemplar”, declaró.

Por supuesto, nadie le creyó. Todos estaban convencidos de que esa fotografía había sido difundida a partir de una instrucción del mandatario estatal.

No había pasado una semana desde las declaraciones de Yunes Linares, cuando su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, respondió a los reporteros sobre ese tema y minimizó su impacto jurídico.

“No es violatorio para el interno en sí, no le viola algún derecho humano, que ello tenga implicación dentro del debido proceso legal, no es tanto; lo cierto es que son procedimientos que están establecidos en la ley”, argumentó.

Y anticipó, además, que no habría consecuencias graves para el responsable de dicha filtración.

“Quien resulte responsable va a tener que ser sancionado, pero para eso existe un procedimiento para determinar su responsabilidad o no, en esta infracción, porque no es un delito, es una infracción (...) Solamente queda dentro del ámbito administrativo, se aplicará la sanción administrativa correspondiente”.

Esta semana circularon en redes sociales tres fotografías del cadáver de la empresaria Susana Carrera Asencio, cuando se encontraba en el Servicio Médico Forense de Coatzacoalcos. El cuerpo de la mujer mostraba huellas de tortura y le habían desprendido la cabeza.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció que abrirá una queja, con el fin de que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue y dé con el responsable de esas filtraciones.

La titular de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, advirtió que hay precedentes jurídicos para sancionar estas acciones.

“Lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el respeto al tratamiento de los restos mortales de una persona es una forma de observancia a la dignidad humana. Este derecho no culmina con el fallecimiento de una persona, se tiene el derecho a la preservación de la memoria y al tratamiento digno y respetuoso”, explicó.

El artículo 348 del Código Penal de Veracruz, se impondrán de seis meses a tres años de prisión, multa hasta de 50 días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la prisión impuesta, “al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la investigación ministerial”.

Del autor material de la filtración de aquella fotografía de Arturo Bermúdez, jamás se supo nada.

¿Será que ahora sí el fiscal Jorge Winckler cumpla con su responsabilidad?

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Epílogo.

En su afán por mantener la confrontación mediática con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el aún fiscal Jorge Winckler incurre en excesos, en falsedades. Este martes el mandatario estatal lo puso al descubierto, al aclarar que el secuestro del que fue víctima el agente de la Policía Federal Gabriel Pulido Noguera en realidad ocurrió en Puebla, no en Veracruz. El elemento policiaco fue localizado este día en la carretera Orizaba-Tehuacán, a la altura de Nogales, luego de que fue liberado por el grupo que lo secuestró. *** El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Sergio Hernández, está enfrentando lo que podría ser el inicio de una rebelión interna. De voz de varios legisladores azules se ha escuchado que los han mandado a confrontarse con el grupo mayoritario de Morena, sin la menor argumentación, ni protección alguna. *** La fuerza que mostró Sergio Hernández en la pasada Legislatura, estaba sostenida en la posibilidad de disponer del presupuesto del Poder Legislativo, y el respaldo de quien en ese entonces era gobernador. *** Sergio Hernández no termina de entender que ahora es minoría y, por lo tanto, ya no tiene acceso a los privilegios de los que gozó hasta el 4 de noviembre del año pasado. Por lo pronto, sus oficinas fueron reubicadas en un rincón del sótano del Palacio Legislativo, “a ver si así aprende a respetar los acuerdos”.

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