Prefacio.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, debe entender que no puede defender, por consigna, casos que desconoce, sin la debida asesoría de expertos en la materia. *** Este jueves Pozos Castro salió a respaldar al alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez, por su ilegal decisión de tomar por asalto (con elementos armados de Seguridad Pública y de la Secretaría de Marina) el predio donde se ubica el relleno sanitario de El Tronconal. *** Desde la óptica del legislador, la “lentitud” del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía General del Estado, para pronunciarse respecto al litigio que tiene enfrentados al Ayuntamiento de Xalapa y a la empresa Veolia México, justifica el uso de la fuerza pública, sin contar con mandamiento judicial alguno, para invadir una propiedad que posee, en comodato, la empresa particular, pues “se está haciendo valer el interés superior de los ciudadanos”. *** Pozos Castro está planteando que se mande al carajo a las Instituciones, que se vayan al Diablo las Leyes que nos rigen. Si una autoridad municipal considera que actúa “por el interés superior de los ciudadanos”, entonces puede pisotear el marco jurídico. *** ¡Qué pena que quien así lo plantee sea el Presidente de la Mesa Directiva en el Congreso local!

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Es cierto. Mauricio Audirac no fue exonerado por el presunto desvío de recursos públicos por el orden de los 2 mil 300 millones de pesos.

Lo que el juez de control Francisco Javier Hernández Lima hizo, fue reponer procedimiento a partir de la solicitud de vinculación a proceso que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de “coalición”.

En su alegato, con el cual obtuvo el beneficio del amparo de la justicia federal, la defensa de Mauricio Audirac Murillo (quien fuera secretario de Finanzas y Planeación durante una etapa del gobierno de Javier Duarte) argumentó que la FGE “se mostró indolente ante la indagatoria que debía integrar, porque no aportó datos de prueba aptos, suficientes y eficientes para demostrar el hecho que la ley señala como el delito propuesto, ni mucho menos para acreditar que el quejoso lo cometió o participó en su comisión”.

No sólo eso. En la argumentación se señala que la petición del Ministerio Público para que se le vinculara a proceso, fue sólo enlistando los datos de prueba y su contenido, pero omitiendo la razonabilidad de los mismos, “lo cual fue suplido por la Juez responsable”. 

El fiscal tampoco cubrió, señaló o enlistó los elementos de la descripción típica propuesta, “lo cual fue también suplido por la Juez responsable”.

Sobre la actuación de la juez que decretó la vinculación a proceso (Alma Aleida Sosa, quien fue retirada de los juzgados de Pacho Viejo), la defensa de Mauricio Audirac denunció que no analizó los elementos de la descripción típica del ilícito correspondiente y violó el principio de presunción de inocencia, en su presupuesto de estándar de prueba.

El juez federal determinó:

“Procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso, así como la continuación de la audiencia verificada oralmente el 4 de abril de 2017 (…) y en su lugar, ordene reponer el procedimiento a partir de la solicitud de vinculación a proceso del imputado y requiera a la Fiscalía para que en ese momento funde y motive dicha solicitud”.

En esta nueva audiencia, la Fiscalía tampoco pudo fundamentar su señalamiento y, por lo tanto, el juez de control determinó negar la vinculacióin a proceso.

Queda, por otra parte, el proceso penal 243/2016, en el cual se señala un probable desvío de recursos públicos del orden de 2,300 millones de pesos, que se encuentra en la etapa de apertura a juicio.

Hay también un proceso, el 56/2016, por su probable participación en el desvío de 220 millones de pesos, que actualmente se encuentra en la etapa de audiencia intermedia.

Con la resolución del juez Hernández Lima (que ya anticipó la FGE que apelará) Mauricio Audirac no sale, pero vuelve a quedar en evidencia la actuación por consigna, de fiscales y jueces, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

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Epílogo.

La fórmula que integran Adolfo Ramírez Arana y Silvia Domínguez López, en la búsqueda de la dirigencia estatal del PRI, le apuesta a la “voluntad” de los participantes en el proceso, para que antes del domingo 28 de abril (cuando habrá de realizarse la consulta a la militancia) todos lleguen a un acuerdo y se defina en consenso a quienes lleven el timón de ese organismo político. *** Son optimistas de que al menos otras dos, de las cuatro fórmulas que compiten, se sumen a la búsqueda de consensos, antes de llevar la decisión a las urnas. *** Hay, sin embargo, una fórmula que según los cálculos de Adolfo y Silvia, no aceptará esa vía e insistirá en que todo se defina con el voto de la militancia priista. Adivinó: Se refieren a la que integran Marlon Ramírez y Arianna Ángeles Aguirre. *** A propósito de la disputa por las dirigencias partidistas, Joaquín Rosendo Guzmán Áviles, mantiene las esperanzas de que la elección interna de su partido, el PAN, pueda anularse o revertirse. Explicó que la decisión del Comité Nacional fue impugnada y en los próximos meses se podrá tener una determinación final. Indicó que se puede modificar el resultado (dándole a él el triunfo) o reponer la elección. *** La instancia electoral del PAN ratificó el triunfo de Pepe Mancha, pero redujo la diferencia entre ambos a cerca de 200 votos, por lo que confía en que, al ser revisada por las instancias electorales, se revierta o se haga de nuevo la elección. *** La defensa del exgobernador Javier Duarte está trabajando ya para desactivar las denuncias que enfrenta su cliente en el fuero común. Por lo pronto les fue negado un amparo contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó como presunto responsable del delito de peculado por 220 millones de pesos. Faltan aún varias etapas.

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