La verdad es que ahora sí, -como diría Pancho López el filósofo de mi pueblo- “ni como ayudarlos” y es que finalmente, los titulares de la Secretaría de Educación y la de la Desarrollo Social acompañados de la Contralora General del Estado, acudieron a presentar las denuncias correspondientes en la Fiscalía del Estado, por posibles delitos diversos que significan cantidades millonarias cometidas en la pasada administración.

Ahora sí, que el Fiscal General Jorge Winckler a quien se ha señalado de seguir obedeciendo instrucciones de quien lo colocó en esa posición, podrá demostrar que nada de eso es cierto y que lo único que lo motiva para aferrarse al cargo, es hacer justicia a los veracruzanos.

En las denuncias se establece que por ejemplo, en la Secretaría de Educación, su anterior titular otorgó de manera irregular 77 plazas a sus cercanos “colaboradores” lo que significó un posible daño patrimonial por 5.5 millones de pesos.

Pero eso no es todo, en la misma secretaría de Educación, se detectaron en la dependencia de Espacios Educativos desvíos por mil millones de pesos en 500 obras.

Donde si no tuvieron vergüenza -porque fue una sinverguenzada- fue en la Secretaría de Desarrollo Social dependencia en donde casualmente, se repartieron miles y miles de despensas, pero ahora se sabe, que se alquiló una flota de 283 vehículos por lo que se pagó 55.800 millones de pesos, es decir que por cada auto alquilado se pagaron casi 200 mil pesos ¡mejor los hubieran comprado nuevos de paquete y al mayoreo a lo mejor hasta los dejan por ese mismo precio!

Aunque las denuncias entregadas en la Fiscalía General son por los posibles delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y daño patrimonial en contra de quienes resulten responsables, no hay que ir muy lejos ni esperar tanto tiempo, para saber que los principales responsables habrán de resultar los ex secretarios de despacho, que permitieron esos negocitos.

La denuncia de la SEV se deriva del otorgamiento de las 77 plazas de nivel Medio Superior y Superior que funcionarios se autoasignaron indebidamente, entre ellos el ex secretario, Enrique Pérez Rodríguez; las cuales causaron un detrimento económico por la cantidad de 5 millones 547 mil 788 pesos 47 centavos.

Esta cantidad emana de los retroactivos que se otorgaron en las plazas con las que se beneficiaron mientras cumplían, por otra parte, con función de jefatura de tiempo completo.

De igual manera, en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) se realizó el pago de más de mil millones de pesos de anticipo por alrededor de 500 obras inconclusas en el estado, entre mantenimiento, rehabilitación y construcción de aulas nuevas, la mayoría del programa Escuelas al Cien, del Fondo INIFED y FONREGIÓN.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) acusó irregularidades en tres contratos que ascienden a 55 millones 806 mil 468 pesos por arrendamiento de 55 unidades vehiculares. Dichos contratos incurren en diversos delitos señalados en el Código Penal del Estado de Veracruz.

Así las cosas, con las primeras denuncias en contra de “quien resulte responsable” de las primeras dependencias de la administración estatal, más las que se acumulen en fechas próximas.