El dicho popular dice: Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Don Jesús Reyes Heroles, uno de los ideólogos más brillantes de los últimos tiempos, acuñó la siguiente máxima: el cuidado de las formas es el fondo. Si estas consejas fueran entendidas y atendidas por los integrantes del gabinete morenista que hoy está al frente de los destinos de Veracruz, no hubieran cometido los abusos de poder que han cometido, de los que tanto se quejaron de gobiernos anteriores, y hubieran actuado con prudencia política, sin mostrar la voracidad que traían escondida para hacerla realidad apenas tomaran por asalto el poder.
Nos referimos a los incontables casos de nepotismo que se han detectado en casi todas las dependencias del Ejecutivo o del que han cometido diputados locales de Morena, que se mostraron peor de voraces que todos sus antecesores, los yunistas, los duartistas y los fidelistas, colocando en la estructura gubernamental a sus hermanos, queridos (homosexuales), primos, maridos, y hasta a las domésticas, con tal de aprovechar el momento al tomar por asalto el poder… ¡y las nóminas!
Por esos voraces, muchos ciudadanos que sufragaron por los candidatos de Morena con la esperanza de que viniera un cambio real, que participaron activamente en la campaña promoviendo el voto a favor de ese partido, se quedaron sin empleo. Estos ciudadanos cayeron en la trampa de la transparencia y la honestidad (no mentir, dice AMLO) y acudieron con su currículum que los acredita como expertos en distintas ramas de la función pública, donde pueden hacer un papel muy decoroso, en busca de un trabajo que les permitiera vivir con decoro. Pero no, esos expertos o, cuando menos, gente preparada para el servicio público, fueron rechazados por los parientes de los cercanos al gobernador quienes impusieron a gente sin los perfiles adecuados, inexpertos, auténticos improvisados
Y si el dicho popular, que es sabio, dice que Dios perdona el pecado pero no el escándalo, ¿de qué manera van a pagar los voraces “izquierdosos” los abusos cometidos?... Hay quienes opinan que no durarán más de dos años, que López Obrador tomará cartas en el asunto y moverá la ficha principal para provocar un reajuste y tratar de reponer lo que echaron a perder, en solo dos años, los corruptos traidores. Así es que aprovechen señores y señoras que contaron con un empujón para colarse en las nóminas oficiales con buenos cargos para cobrar solo por dos años, porque el daño que le harán a la administración en la que fueron incrustados los dejará fuera y hasta con procesos judiciales encima. La ignorancia es atrevida, dice otro refrán, pero más temprano que tarde se paga.
Veracruz, zona vetada para el periodismo
Ya son más de cien días de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión del cargo de presidente de México y permanecen ahí los factores del silencio que acallan a la prensa: la violencia sigue -cuatro periodistas han sido asesinados y no hay medidas concretas que garanticen su protección-, no se han dado a conocer las reglas con las que el gobierno federal otorgará la publicidad oficial, y el mandatario no deja de descalificar a la que llama “prensa fifí”, tono peyorativo, sin tranquilizar a una sociedad polarizada a la que alimenta con sus desplantes.
Esto es lo que opina la organización Artículo 19 de los más de 100 días del nuevo gobierno.
“El sexenio de Enrique Peña Nieto provocó que el miedo mutara en resistencia y el voto en contra de los partidos que antes habían gobernado fue, para muchos, un acto transformador y hasta revolucionario. Pero los cambios esperados no pueden contarse hasta que suceden, y en México hay una larga lista de pendientes que deben atenderse para poder hablar de transformaciones”.
En su informe anual Artículo 19 asienta: “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, y la organización exhibe los mecanismos a través de los cuales el gobierno de Peña Nieto quiso imponer el silencio en la prensa, ya sea por el miedo a las represalias y la criminalización, pero también con factores más perniciosos, como la manipulación de los discursos, la compra de los grupos mediáticos a través de la publicidad oficial, el uso de “bots” para influir en las redes sociales, o la brecha digital, que impide al 37% de la población acceder a la información en línea”.
De acuerdo con Ana Cristina Ruelas, directora de la organización, desde el lanzamiento de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, los periodistas desempeñaron su labor bajo el miedo: en los últimos 12 años se reportaron 3 mil 594 agresiones a periodistas, que derivaron en los asesinatos de 95 de ellos –47 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto– y en las desapariciones de 19 más.
Tan solo en 2018, se reportaron 544 agresiones contra periodistas, que derivaron en los asesinatos de 9 integrantes del gremio y de otros 2 voceadores; 230 de estas agresiones fueron perpetradas por agentes del Estado –federales, en un 20% de los casos.
“El país que dejó Peña Nieto es el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente”, señala el informe, y añade que “diversas localidades se han convertido en zonas silenciadas debido a la penetración de las organizaciones criminales”, como Tamaulipas y Veracruz. Ante ese escenario, “las redes de comunicadores lograron que en los últimos años del sexenio, los más violentos contra la prensa, el periodismo fungiera como una forma de resistencia”.
El cinismo de Indira
No tiene vergüenza, pero sí fuero constitucional, la Senadora panista Indira de Jesús Rosales, quien advirtió que seguirá alzando la voz en contra del “terrible Gobierno del estado” y adelantó que responderá a la denuncia interpuesta por el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, por un presunto daño de 55.8 millones de pesos cuando ocupaba ese cargo en la pasada administración estatal.
“Si esto es respuesta porque he sido de las pocas senadores y senadoras que hemos alzado la voz en contra del terrible Gobierno estatal, seguiré alzando la voz, porque para eso estoy en el Senado de la República, para velar de los intereses de los veracruzanos”. Solo le faltó rematar con un: para eso me puso aquí mi jefecito Miguel Ángel Yunes Linares.
Hay que recordar que este martes, el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Guillermo Fernández Sánchez, denunció en la Fiscalía irregularidades en tres contratos que ascienden a 55 millones 806 mil 468 pesos por arrendamiento de 55 unidades vehiculares. Dichos contratos incurren en diversos delitos señalados en el Código Penal del Estado de Veracruz.
Al respecto, la Senadora panista y ex secretaria de Sedesol en el Gobierno de Miguel Ángel Yunes, aseguró que responderá a esas acusaciones…Pues claro que sí tiene que responder.
“Yo responderé –dice en tono desafiante- desde el punto de vista legal y lo haré de manera inmediata; no tengo absolutamente nada que ocultar y seguiré trabajando desde el Senado, levantando la voz en representación de los veracruzanos.”…
¿A qué veracruzanos se referirá porque ella no representa a nadie, Yunes la impuso como senadora por la vía plurinominal.
La tormentosa y pasional Indira Rosales, dice que no hay nada que ocultar, “porque todo se hizo apegado a derecho, me encuentro totalmente tranquila por el trabajo realizado en la secretaria de Desarrollo Social”… ¡Vaya descaro!
REFLEXIÓN
De las pocas cosas buena que podemos comentar del actual gobierno, es el acto de justicia que se inició ayer ante representantes de diversas cámaras empresariales del estado, a los que el titular de la Sefiplan, Luis Lima Franco, hizo entrega del primer pago a proveedores y contratistas veracruzanos, por un monto inicial cercano a los ocho millones de pesos. Aunque sea en “paguitos”, el estado ha comenzado a cubrir el adeudo que dejó Javier Duarte a empresarios veracruzanos, hoy en plena quiebra. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas |
