Aunque se supone que los diputados y diputadas del Congreso del Estado, deberán de hacerle los cambios que consideren necesarios antes de ser aprobado para que entre en vigencia, el llamado Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 hasta ahora no ha tenido la mayor difusión que debiera de darse a un documento que establece los objetivos y metas de la actual administración estatal.
Desde el lunes 1 de abril, La jefa de la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB), Waltraud Martínez Olvera, y el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, entregaron el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024, en la Legislatura del Estado, pero a estas alturas, luego de transcurridos ya varios días, el documento permanece como si fuera un secreto de estado, porque solamente lo conocen quienes lo elaboraron y los diputados a quienes se les debió ya de haber entregado un disco compacto con el archivo en PDF.
Por cierto, que también resulta digno de hacer notar el hecho de que en esta ocasión no se tomó en cuenta a la Universidad Veracruzana, para que como ocurrió en la versión anterior, se encargara de su elaboración.
En la página de la Legislatura del Estado todavía no aparece publicado el referido Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.
Por su parte, la Oficina de Programa de Gobierno, que se supone fue la encargada de elaborar el documento, solamente están publicados en internet los planes de gobierno de Javier Duarte y Miguel Angel Yunes Linares.
En la página de la Secretaría de Finanzas, tampoco se ha subido ninguna información actualizada, más que las fotos de los comunicados.
Sin embargo, en una copia del referido Plan Veracruzano que nos hicieron llegar, de la que habrá de resultar varias entregas de la Bitácora Politica en fechas próximas, se afirma que “La información estará disponible a través de una plataforma tecnológica de acceso abierto” aunque no se dice cual es ese sitio ni mucho menos la dirección de internet donde pueda ser consultado y descargado.
El Plan contiene -según se asegura- métricas conformadas por indicadores de evaluación de resultados directos, indirectos, compuestos, de calidad percibida y de elaboración propia; sustentados en fuentes de información confiables y externas al Gobierno Estatal (INEGI, CIDE, CONEVAL, SEP, SHCP, IMCO, entre otras).
Con ello será posible dimensionar la evolución periódica y el logro de las acciones finales, generando un proceso de mejora continua basado en el análisis de información y enfocado en los resultados para garantizar el impacto de los bienes y servicios entregados a la población.
La selección de los indicadores se efectuó con rigor técnico y participación activa de las Dependencias del Poder Ejecutivo y especialistas, quienes avalaron la pertinencia y trazabilidad de los indicadores, así como la proyección de las metas a corto, mediano y largo plazos.
La información estará disponible a través de una plataforma tecnológica de acceso abierto que permitirá verificar el avance de las Políticas Públicas implementadas por la APE, a través de sus dependencias, con indicadores asociados al ámbito de su competencia, y así evaluar el desempeño del gobierno del estado.
Dentro de los procesos de evaluación, se tiene considerada la participación de la ciudadanía, específicamente de los beneficiarios directos de las Políticas Públicas, como parte de los mecanismos que impulsan un gobierno transparente y participativo.
Como diría Pancho López el filósofo de mi pueblo, todo eso quiero verlo, porque a ver si no resulta nada más puro rollo, que en la práctica y en los hechos, no se lleva a cabo, como ocurre desde siempre.
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