Indira de Jesús Rosales San Román, ex secretaria de Desarrollo Social, fue una colaboradora muy cercana al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y a su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez, fallido ex candidato a la gubernatura de Veracruz por la alianza PAN-PRD-MC.

Fue tal su cercanía con ambos que del Ayuntamiento de Boca del Río saltó en 2016 a una estratégica secretaría de despacho como la Sedesol en el gobierno estatal de Yunes Linares, y en la sucesión gubernamental del año pasado le fue asignada la coordinación de la campaña de Yunes Márquez. Y no obstante el rotundo fracaso, Indira fue premiada con la senaduría plurinominal, desplazando a otros panistas veracruzanos con mayor trayectoria política y méritos partidistas que ella.

Pero ahora comienza a quedar claro el propósito de impulsarla por la vía segura de la representación proporcional al Senado de la República. Por un lado es un alfil muy manipulable para los intereses del grupo de poder que lidera el ex gobernador del PAN, y, por el otro, fue protegida con el fuero legislativo por si acaso le surgía alguna denuncia por los presuntos desvíos de recursos en la dependencia que tuvo a su cargo en el supuesto esquema de financiamiento de la precampaña y campaña de Yunes Márquez que ella coordinó.

Y es que la nueva administración estatal de Morena habría detectado que la ex funcionaria yunista asignó contratos por más de 226 millones de pesos del programa contra la pobreza “Veracruz Comienza Contigo” a empresas que son parte de una red vinculada al fraude y desvío de recursos en universidades públicas y dependencias federales.

Presuntamente la actual senadora del PAN favoreció mediante adjudicación directa a las empresas Custom Performances SA de CV por 121.4 millones de pesos; D&P México Servicios Digitales SA de CV por 90.4 millones de pesos, e Integración Documental SA de CV por 15.1 millones de pesos para la realización de diversos servicios, las cuales entregaron a su vez contratos por 21.6 millones a otras empresas que el SAT ha identificado como inexistentes. Estas tres empresas, según la Auditoría Superior de la Federación, participaron en la llamada “Estafa maestra”; una red de corrupción con empresas fantasmas creadas para el desvío de recursos federales en la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Por lo mientras, Guillermo Fernández Sánchez, secretario de Desarrollo Social, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por la simulación de un contrato de arrendamiento de autos, exponiéndose que la Sedesol, a cargo de Indira Rosales, entregó entre marzo de 2017 y marzo de 2018, once contratos a estas tres empresas, la mayoría por adjudicación directa.

La legisladora panista reviró de inmediato que responderá a esta denuncia, a la que, se presume, le habría metido mano un experto en “estafas maestras”: Miguel Ángel Vega García, quien fue titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu en el sexenio del presidente Enrique peña Nieto, y el cual se desempeña desde febrero pasado como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado.

NIEGAN CAMBIO EN IMSS-VERACRUZ

En relación a lo comentado el día de ayer en este espacio, voceros del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad nos aseguraron que de momento no se prevén cambios en la Delegación Veracruz-Norte a cargo todavía del ex perredista tabasqueño Candelario Pérez Alvarado.

Sin embargo, otras fuentes, de manera extraoficial, reiteran que pronto habría reacomodos en esta representación estatal del IMSS. Inclusive mencionan como posible sustituto al doctor Jorge González Cortés, quien a principios de esta semana fue citado en la Ciudad de México. ¿Acaso habrán dado marcha atrás? Según nos dicen, en cuestión de días se despejará la incógnita.  

Por cierto, se preguntan por qué extraña razón es que nadie de las oficinas centrales del Seguro Social le vino a dar posesión a Pérez Alvarado a principios de marzo. La protesta, nos recuerdan, se la tuvo que tomar el doctor Roberto Ramos Alor, quien cobra como secretario de Salud del estado y Director General de Servicios de Salud de Veracruz.

PJE CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Ayer, el magistrado Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezó la reunión de evaluación sobre las acciones promovidas en el plan institucional del Poder Judicial derivadas de la estrategia “Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas en Veracruz”, en la que participaron servidores públicos de la Escuela Judicial, Unidad de Género, Consejo de la Judicatura y Comunicación Social. 

Álvarez Peña dijo que el Poder Judicial de Veracruz tiene una enorme responsabilidad como parte de la sociedad en atender este reclamo y reconoció la labor que han llevado a cabo la Escuela Judicial, la Unidad de Género, Comunicación Social y todas las áreas involucradas porque a través de conferencias y capacitación permanente se ha podido difundir esto en todo el estado para orientar a la población. 

Destacó la puesta en marcha del número telefónico gratuito 01-800-999-15-60, mediante el cual se podrán denunciar actos discriminatorios y violatorios de derechos humanos por parte de los servidores públicos de la institución, lo que se sumará –dijo– a la próxima apertura de 15 Juzgados microrregionales que atenderán prioritariamente el tema de violencia de género.