Cuando parecía que ya no se harían más cargos por corrupción en contra de Javier Duarte de Ochoa, gracias a un trabajo de investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ahora se sabe que la Secretaría de Hacienda está auditando las operaciones de una empresa veracruzana, a la que la brasileña depositó sobornos millonarios en dólares.

Hasta ahora cuando se había hablado de los sobornos de Odebrecht en nuestro país, se hacía referencia a que los recursos se habían recibido para la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto, pero no se había hecho referencia alguna de operaciones en el estado de Veracruz, específicamente durante la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Raúl Olmos nos comenta en un amplio reportaje, que detrás de Blunderbuss, compañía que ha sido declarada como fantasma, operó una red de prestanombres ligados al gobierno de Javier Duarte.

La Secretaría de Hacienda rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, una empresa “fantasma” que el departamento de sobornos de Odebrecht utilizó para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.

Ese dinero se transfirió a México entre 2009 y 2011 y es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.

El rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan dos áreas de Hacienda: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El SAT también investiga a una red de 11 empresas “fantasma” ligadas con Blunderbuss, con la que compartían socios, representantes y apoderados legales.

En octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente.

También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss, y en todos los casos no fueron localizadas.

El 10 de diciembre de 2018, ya en el gobierno de López Obrador, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León envió al domicilio fiscal de Blunderbuss un oficio en el que le notificó que había sido incluida en el supuesto de simulación de operaciones, y le dio un plazo de 30 días hábiles para responder y defenderse.

Sin embargo, al no haber respuesta, el SAT publicó el pasado 30 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de presuntas empresas fantasma.

En el arranque de la actual administración federal, Hacienda reinició la investigación en torno a la red de empresas ligadas a Blunderbuss, las cuales fueron registradas en los municipios de Poza Rica y Naranjos, al norte de Veracruz, y que comparten prestanombres, apoderados y representantes legales.

El pasado 30 de marzo de 2019, el SAT incluyó en su lista negra de empresas presuntamente fantasma a Blunderbuss, que tiene como aparente dueño a Plinio Roldán Lecona Argüelles, residente en una humilde vivienda ubicada en un callejón de la periferia de Poza Rica, Veracruz. Su supuesto socio es Santiago Castellanos Estrada, un vendedor de seguros de 68 años de edad.

El mes anterior, el SAT también había publicado en su lista negra a Accelerator Company de México, que tiene como socio a Plinio Roldán Lecona, el supuesto dueño de Blunderbuss. A través de una publicación realizada el 5 de febrero de 2019 en el Diario Oficial, el órgano de fiscalización reportó también, por presuntas operaciones simuladas, a Damorsa Company de México, que tiene como aparente propietaria a Aender Lecona Argüelles, hermana del accionista de Blunderbuss.

El socio fundador de Blunderbuss participa, además, como comisario en Outsized Company de México SA de CV, empresa que a finales de 2018 fue incluida en el listado definitivo de empresas fantasma del SAT.

Así las cosas, todo parece indicar que como las demandas en la Fiscalía General de la República en contra de Javier Duarte de Ochoa están encarpetadas, así como la solicitud de extradición de Karime Macias de Duarte por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora al igual que se hizo para encarcelar a Alcapone, le van a seguir el rastro por las finanzas y los impuestos a través del SAT.