La historia no pudo ser mejor resumida: “Los duartistas le robaron a los veracruzanos, y los yunistas les robaron a los duartistas, y queda exhibido que hubo negociación con ellos”.
Así explicó el actual secretario de Gobierno, Éric Cisneros, el saqueo que vivió Veracruz los últimos ocho años.
En su afán de desviar los reflectores que ya les apuntan, los panistas insisten en que Javier Duarte y Andrés Manuel López Obrador llegaron a un “oscuro acuerdo” que les garantizaría a quienes abusaron de sus cargos públicos entre 2010 y 2016, librar la cárcel.
Pero resulta que es ahora, justamente cuando López Obrador está al frente de la nación, cuando se destraban las investigaciones ministeriales que se abrieron a partir de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra funcionarios de la administración de Javier Duarte.
Este lunes se dio a conocer que tres de los funcionarios de más alto nivel en la gestión de Duarte enfrentarán nuevos procesos judiciales, frente al posible desvío de fondos públicos, por un monto de hasta 400 millones de pesos.
Se trata de Mauricio Audirac, quien pasó por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y por la Secretaría de Finanzas estatal y apenas en el mes de marzo obtuvo su libertad, luego de derrotar en tribunales a la Fiscalía General del estado (FGE).
Otro de los implicados en estos procesos es Gabriel Deantes, quien ocupó la Oficialía Mayor de la SEV, la Subsecretaría de Finanzas y la Secretaría del Trabajo. Deantes enfrenta ya otro proceso (aunque en libertad, como lo marca la Ley) emanado también de las denuncias que presentó la ASF.
Uno más de los que aparecen en esta nueva carpeta es José Francisco Díaz Valenzuela, quien fungiera como subdirector de operación financiera.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha reunido evidencia inicial suficiente, a partir de las denuncias de la ASF, para solicitar al juez la apertura de los procesos en contra de los exfuncionarios duartistas, por el delito de peculado, y otros que pudieran resultar de la indagatoria.
Esta misma FGR es la que abrió procesos contra el propio Gabriel Deantes, y contra los exsecretarios de Finanzas Tomas Ruiz y Fernando Charleston, además del exsubsecretario de Finanzas, Carlos Hernández.
Estas y muchas otras denuncias fueron presentadas por la Auditoría Superior de la Federación incluso desde antes de que concluyera el gobierno de Javier Duarte, pero la PGR, en los tiempos de Enrique Peña Nieto, las mantuvo archivadas.
Los auditores estiman en más de 62 mil millones de pesos -provenientes de 14 fondos federales- los que “desaparecieron” en la administración de Javier Duarte.
La mecánica era siempre la misma. La Secretaría de Finanzas del estado recibía los recursos federales, los cuales eran retirados de las cuentas bancarias autorizadas para su manejo. El dinero lo trasladaban a otras cuentas del gobierno de la entidad, de donde era sacado nuevamente y ahí se perdía el rastro. El dinero no regresaba y tampoco se probaba que se hubiera usado para lo que estaba destinado.
Esto es lo que en la jerga financiera se conoció como “la licuadora”, una práctica irregular que incluso se mantuvo en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
¿Y los supuestos acuerdos de impunidad?
Nada.
Sólo una más de las infamias que se divulgan en tiempos electorales.
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Epílogo.
El activismo de Marlon Ramírez, al frente del PRI veracruzano, ya empieza a preocupar a más de uno. “No se le vaya a ocurrir aspirar a otros espacios”, advierten. *** Este lunes muy temprano estuvo en el puerto de Veracruz, pero de ahí viajó a Córdoba, donde se reunió con priístas y organizaciones afines al instituto político. Ahí propuso evaluar qué tan productivo es -o no- para el país, que los ciudadanos beneficiarios de los programas sociales sigan votando. *** “Lo que nosotros tendríamos que poner en la mesa de la reflexión, es si lo que están haciendo los gobiernos es ayudar a la gente para abatir la pobreza o haciendo ejércitos electorales”, apuntó. *** Como lo habíamos anticipado, el ayuntamiento de Xalapa recurrirá a las instancias judiciales para frenar la decisión del tribunal de justicia administrativa, que dispuso la devolución a la empresa Veolia del relleno sanitario El Tronconal. Sea cual sea el veredicto final, las partes deberán poner por encima de sus intereses, los de la sociedad.
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