¿Servirá de algo que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) haya presentado, o vaya a presentar, una denuncia penal contra el Gobierno del Estado, por haber asignado de manera directa la rehabilitación de la escuela Ponciano Arriaga del municipio de Tuxpan, a la empresa Biodiversidad del Golfo, propiedad de José de Jesús Mancha Alarcón, impugnado líder estatal del Partido Acción Nacional?... Pues no, es una vacilada, una burla para los veracruzanos, porque tendrá que ser ante la Fiscalía General del Estado, propiedad de Miguel Ángel Yunes Linares, donde tiene como titular de la misma a su empleado Jorge Winckler Ortíz, quien obviamente no hará nada porque este asunto camine un milímetro, al contrario, tratará de darle carpetazo, como dicen en el argot jurídico penal, para que al jefe no se le moleste ni con el pétalo de una carpeta de investigación.
La joven periodista (como hay jóvenes comunicadores a los que no conocemos) Isabel Ortega, de la agencia informativa AVC, nos deleita con una bien documentada nota informativa en la que dice que la querella forma parte del paquete de denuncias que presentó el área jurídica del Orfis, por la adjudicación directa de 30 contratos que se asignaron en el primer año de administración de Miguel Ángel Yunes Linares, que implican el desvío de más de 81 millones de pesos.
Como parte de la revisión de la cuenta pública, se detectó que se asignaron de manera directa 29 contratos, a pesar de que la ley obligaba a invitar cuando menos a tres personas. O sea, hay un delito que perseguir que podría ser ejercicio indebido de la función pública.
La nota periodística dice que el monto de los contratos es por 78 millones 762 mil pesos; además, se detectó otra asignación por 2 millones 403 mil pesos. Una segunda denuncia, se presentó por la forma indebida en la que se realizó la adjudicación de un contrato por un importe de 2 millones, 403 cuatrocientos tres mil, 845 pesos, 99/100.
En ese caso, el Orfis detectó que dos de las empresas que participaron en el proceso de adjudicación, entre ellas la que fue contratada, se encontraban vinculadas entre sí, por existir en común un socio accionista, lo cual está prohibido por los dispositivos legales citados que se refieren a la adjudicación directa.
Una de las socias beneficiadas con estos corruptos negocios de la yunicidad es la mujer del panista José de Jesús Mancha Alarcón “El Kingkonsito”, la hoy diputada local Monserrat Ortega y el propio impugnado dirigente de Acción Nacional, propietario de las empresas favorecidas y de la diputada.
Haciendo un poco de historia, es menester mencionar que durante la aprobación de la Cuenta Pública 2017, los diputados locales determinaron que no había elementos para considerar la asignación del contrato como una falta grave, y se aprobó el manejo de los recursos, con el argumento que la obra estaba concluida.
El 27 de agosto de 2018, Espacios Educativos entregó un contrato de 2.4 millones de pesos a la empresa Biodiversidad del Golfo, pero en la licitación también compitió Izal Inmobiliaria. En ambas firmas es accionista la hoy diputada local Monserrat Ortega Ruiz… La voracidad de la panista es superior a la que mostró Karime Macías Tubilla o cualquier otra política mujer acusada de corrupta, esta supera a todas, hasta a su suegra, que tampoco canta mal las rancheras.
El pasado 4 de marzo, Ricardo García Jiménez, en calidad de director del Instituto de Espacios Educativos, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, por el desvío de mil millones de los Fondos Regional y de Aportaciones Múltiples.
Esos recursos se utilizaron para iniciar al menos 500 obras las que se quedaron inconclusas del programa “Escuelas al Cien”; y el problema radica en que la Federación no asignará más recursos para su conclusión.
El 8 de mayo, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, contra quien resulte responsable, por el desvío de 670 millones de pesos de fondos federales.
Se detectó la anomalía en diversas partidas presupuestales que se dirigían prioritariamente a obra de infraestructura en los años 2012 al 2018, por lo que la querella involucra a los gobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.
Ya hay órdenes de aprehensión
Pues nada, que para satisfacción de los veracruzanos, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República (FGR), giró ordenes de aprehensión contra exfuncionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Son los mismos que en este espacio denunciamos infinidad de ocasiones, con información dura, seria, producto de acuciosas investigaciones, y quienes durante los dos años de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares hicieron pactos de impunidad a cambio del llamado “vómito negro” que es regresar parte de lo robado para compartirlo con el gobernante, a quien además surtieron de información suficiente contra sus compañeros de banda para que Yunes los pescara y les bajara bienes materiales o cash.
Seis meses después de que inició la administración de Morena, un juez de distrito resolvió la causa penal número 2/2019-I, por la que se ordenó la detención de Tomás Ruiz González, Gabriel Deantes Ramos (quien, por cierto, amenazó a quien esto escribe con demandarlo por el delito de difamación y calumnias pues con nuestras denuncias poníamos en riesgo su “prestigio como gente honrada”), Vicente Benítez González y Carlos Aguirre Morales, todos ellos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Dentro de los funcionarios involucrados aparece el primer secretario de Finanzas de Javier Duarte de Ochoa, el yucateco Tomás Ruiz González, quien renunció y más tarde se reincorporó al gabinete como secretario de Infraestructura y Obra Pública.
Como lo decimos anteriormente, en esta lista de los hoy prófugos de la justicia, también aparece el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Gabriel Deantes Ramos, actualmente vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía de Veracruz. Él acude a firmar cada 15 días a juzgados de Pacho Viejo.
Otro funcionario es Carlos Aguirre Morales, quien se desempeñó como subsecretario de Egresos. Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al exfuncionario el reintegro de más de mil 500 millones de pesos.
También se giró orden de aprehensión contra Vicente Guillermo Benítez González y Víctor Medina Aguirre, ambos formaban parte de la Tesorería de Sefiplan.
Los tiempos de lanzar cohetes quedaron muy atrás; ahora, a levantar varas.
REFLEXIÓN
Bien por el diputado de Morena, Wenceslao González Martínez, quien propuso la creación del premio “Heberto Castillo Martínez” para entregarlo a veracruzanos que se hayan distinguido por su trabajo científico y, en general, en favor de los veracruzanos. El ingeniero Heberto Castillo Martínez, originario de Ixhuatlán de Madero, inventor de la tridilosa que hoy se usa en la construcción de los edificios más altos del mundo, pero además militante de la izquierda mexicana, fundador del PMT y el PRD, supo poner en práctica los principios de la izquierda no como ahora que cualquier hijo de vecino se dice de izquierda y no sabe ni lo que quiere decir. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas |
