#ConLasCámarasDeVigilanciaNO
En el pleito que tienen el gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado (FGEVer) –o más bien los funcionarios del gobierno del estado y Jorge Winckler y todo el grupo de apoyo que tiene ligado a Miguel Ángel Yunes- ya involucraron la información que se obtiene a través de las cámaras de vigilancia ya instaladas y que sí operan.
Esas cámaras ya demostraron su eficacia, tanto para la Secretaría de Seguridad Púbica como para la Fiscalía del estado.
Pero hay dos problemas que impiden que funcionen de manera adecuada:
- Urge que se habiliten las cámaras de vigilancia que siguen inactivas
- Ya las volvieron parte de su pleito la Fiscalía y el gobierno del estado
Por eso, #ConLasCámarasDeVigilanciaNO
URGE QUE SE HABILITEN LAS CÁMARAS INACTIVAS. El 9 de abril de 2019 Eric Cisneros Juárez y Hugo Gutiérrez Maldonado, secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública (SSPVer), respectivamente, interpusieron denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobierno de Miguel Ángel Yunes, por fraude, en el Sistema Estatal de Videovigilancia, al estar funcionando sólo mil 695 cámaras de las 6 mil 324 que debieron quedar funcionando instaladas por la empresa Comtelsat, como parte de un contrato por mil 100 millones de pesos.
La denuncia debe continuar su curso, pero esto no debe ser impedimento para que se busque activar las cámaras de vigilancia que faltan.
Es más, urge que funcionen.
Si la SSPVer no quiere que Comtelsat sea quien habilite las cámaras, que busquen otra empresa que lo haga. ¿Cuál?. La que sea.
Es más Seguridad Pública debe hacer una licitación abierta y transparente para contratar a la empresa que hará la habilitación. Esto es un asunto que nos interesa a todos los ciudadanos, a todos los terrenales y hasta a los místicos de Veracruz.
¿Porqué tienen miedo a las licitaciones abiertas en Seguridad Pública?
LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DEBEN QUEDAR FUERA DEL PLEITO GOBIERNO DEL ESTADO-FISCALÍA. El caso por la desaparición de Bryan, un estudiante de secundaria en Xalapa, fue la piedra de toque para evidenciar la falta de coordinación entre la FGEVer y la SSPVer para la información que se genera con las cámaras de vigilancia.
Bryan desapareció el 17 de mayo. Una semana después sus familiares hicieron un plantón frente al palacio de gobierno pidiendo a la Fiscalía que diera celeridad a las investigaciones y que se les permitiera el acceso a los videos de las cámaras ubicadas en la colonia Carolino Anaya.
Pero no hubo celeridad en esa consulta.
Ante esa presión la FGEVer emitió ese día, 24 de mayo, el oficio UEDFCP/436/2019 solicitando “las videograbaciones de distintos puntos de la ciudad de Xalapa, del día y la hora en la que desapareció el menor Bryan A.F.G.”.
El 29 de mayo se quejó la FGEVer públicamente de no haberlas recibido aún, incluso mediante boletín de prensa.
Pero la burocracia o lo que sea hizo que en lugar de las videograbaciones, la SSPVer emitiese un boletín de respuesta, diciendo que desde el 27 de mayo “habían atendido” el oficio, pero lo hicieron emitiendo otro comunicado oficial, pidiendo que se les notificase la fecha, hora y nombre del personal habilitado para la entrega de los videos, lo cual se programó para el 30 de mayo.
“Es importante destacar que lo requerido por la Fiscalía General del Estado debe complementarse con una cadena de custodia para que, en caso necesario, dichas pruebas sean válidas ante un juez de control o de juicio”, apuntó la SSPVer en su boletín de respuesta.
Una semana tardó la Fiscalía en reaccionar para pedir los videos y 6 días de ir y venir de oficios para que pudiera darse la consulta de los videos.
Esas tardanzas son imperdonables en el caso de desaparición de una persona.
Está muy bien que se cuiden los procedimientos, pero no pueden perderse ambas instancias en un mar de burocracia que retrase todo.
Los terrenales y los místicos que esperan justicia no lo merecen.
La Fiscalía y el Gobierno del estado deben dejar de lado su confrontación y establecer un mecanismo de colaboración pronta y eficaz para la consulta y uso de los videos obtenidos de las cámaras de vigilancia.
Si entre ambas instancias no pueden ponerse de acuerdo, consigan alguien neutral que pueda elaborar los procedimientos para la rápida consulta y custodia de los videos, respetando las normas que deban atenderse.
Si no saben quién puede hacerlo, pueden pedirle a Arturo Mattielo (quien fue parte de las instancias ciudadanas de consulta y control de las antiguas procuradurías) que les recomiende a un profesionistas eficaz para elaborar ese procedimiento expedito.
Pero no deben mantenerse esas prácticas de retraso, intencional o por pura burocracia.
Por lo que sea, son imperdonables.
Sin excusas ni pretextos, las cámaras de vigilancia deben quedar fuera del pleito del Gobierno del Estado y la Fiscalía.
#ConLasCámarasDeVigilanciaNO
Un ejemplo de la eficacia de las cámaras lo dio el mismo fiscal Jorge Winckler, quien el 28 de mayo presumió la detención Jesús Adrián “N”, probable integrante de los Zetas, a quien bautizaron como “El Sicario de las Rosas”, porque el 10 de mayo asesino a José Antonio, “El Chepe”, y cuando lo hizo llevaba un ramo de rosas en una mano, a quien identificaron y ubicaron por varias cámaras de vigilancia.
Por eso urge habilitar las que faltan.
Y que se contrate a una empresa eficaz, en un proceso abierto y transparente. |
