El desarrollo del Estado Nacional, el crecimiento demográfico mundial y las nociones de igualdad, equidad y libertad de que se nutre hoy día la defensa de los derechos humanos, así como la consideración de los valores o principios democráticos como forma de vida, encuentran sus antecedentes desde el primer tercio del siglo XIX y, por supuesto, en el curso del siglo XX, al asumir la Educación como un derecho humano, constitucionalmente universal, a la vez de política pública fundamental y servicio público permanente, uniforme y continuo, que ha dado lugar a los actuales sistemas educativos nacionales, con un impensado y gigantesco crecimiento de instalaciones, niveles y modalidades educativas, que se refleja en la amplia matrícula escolar de prácticamente cualquier país, sobre todo de aquellos como el nuestro que se han mantenido clasificados largamente como naciones en vías de desarrollo. En México, por cuanto al vector político-jurídico, Melgar Adalid ha escrito que: “Todos los textos constitucionales de México, vigentes o no, producidos por conservadores o liberales, todos los planes políticos y las propuestas y ofertas de gobierno, se han referido al tema de la educación”; y, en efecto, así ha sido desde antes de la Constitución de 1824 y, por supuesto, en las Leyes Fundamentales de 1857 y de 1917.

El tema es recurrente y conceptualmente diverso, porque, a tono con el contexto histórico de cada “momento” normativo o constitucional, se ha utilizado la noción estimada como más idónea, a saber: “enseñanza pública”, “educación de la juventud”, “instrucción pública”, en la Constitución de Cádiz de 1812; “instrucción”, en la Constitución de Apatzingán de 1814; “plan general de educación”, en el Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana de 1823; “ilustración” y “educación pública”, en la Constitución de 1824; “educación pública”, “primera educación” y “establecimientos de instrucción”, en las Leyes Constitucionales de 1833; “enseñanza libre”, en la Constitución de 1857; educación “libre”, “gratuita” y “laica”, desde hace más de cien años en la Constitución de 1917; educación “obligatoria”, “laica”, “gratuita”, “métodos educativos”, “organización escolar”, “infraestructura educativa”, “idoneidad de docentes” y “sistema nacional de evaluación educativa”, con las reformas de 2013; y “universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”, “sistema integral de formación, de capacitación y de actualización”, “evaluaciones diagnósticas”, y “Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”  en 2019. Si la Educación se aprecia como una inversión humana de gran calado y efectos reales y se le concibe como “vacuna” para la mejora social o como franca acción de “cura” colectiva en el plano más general de la cultura y del desarrollo humano, se debe en buena medida a que, indiscutiblemente, la Educación es un campo que en términos teóricos y sociales cobró un impacto universal durante el curso del siglo XX, estructuralmente acentuado por su relación con el desarrollo económico, tanto el de orden nacional como el de características supranacionales. Educación y escuela están actualmente garantizadas en las 194 constituciones nacionales existentes en el mundo; y tampoco nadie discute ya que la Educación puede ser formal (en la escuela), no formal (métodos de enseñanza abierta) e informal (la que sucede todos los días, derivada de la convivencia familiar, grupal, comunitaria o social) …Seguiremos.