Y lo que salta a la vista de inmediato en ambos instrumentos legales es un nombre: el de Manuela Durán, que aparece en ambas actas como el de la madre de Atanasio García Durán y de Julio Guerrero Durán.
Ello dio pie a una inferencia inmediata: que ambos eran medios hermanos y que sus hijos, Cuitláhuac García Jiménez y Eleazar Guerrero Pérez, serían primos hermanos, lo cual confirmaría la presunción de un acto de nepotismo en la administración estatal. Y en primer grado, pues la consanguinidad entre los funcionarios sería directa.
Pero no solamente hablaríamos de nepotismo en este caso, sino de algo aún más grave: un evidente conflicto de interés, al tener Eleazar Guerrero, como subsecretario de Finanzas y Administración, varias funciones sustantivas en el gobierno estatal.
Entre otras varias, las de “autorizar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Secretaría y el Programa Anual Consolidado del Poder Ejecutivo del Estado; autorizar los pagos de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles; ordenar el registro y captura del padrón de proveedores del Gobierno del Estado; informar al Secretario el flujo de fondos del Gobierno del Estado; proponer al Secretario los lineamientos para la operación y control de los fondos revolventes y rotatorios; dirigir las acciones para realizar pagos de obligaciones presupuestarias de la Secretaría y llevar el registro y control de las operaciones entre dependencias, pago de obligaciones con entidades y, en su caso, efectuar las compensaciones correspondientes”. En resumidas cuentas, el manejo del dinero del estado de Veracruz.
El artículo 2 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece como conflicto de interés “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. En el caso de Eleazar Guerrero, este supuesto de la ley se actualizaría muy claramente.
La excusa dada hace una semana por la contralora Leslie Garibo Puga, en el sentido de que el gobernador y el subsecretario no son familiares porque ni siquiera se apellidan igual era, de por sí, infantil y pueril. Ahora quedaría evidenciado que o no tiene la menor capacidad para realizar una investigación simple –como la que hizo el medio de comunicación- o que, lo que es más probable, mintió descaradamente para intentar encubrir un acto con el que un gobierno que se proclama y es proclamado “honesto” por el propio Presidente de la República, violenta la legalidad.
Y encima, se pasaron a traer a la abuela.
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