El documento en poder de este reportero está a disposición de quien me lo solicite.
La trama fue simple.
Se trataba tan solo de cara a la opinión pública de reordenar las más de 15 mil denuncias de delitos que se habían sucedió en los primeros 16 meses del gobierno yunista, que solo quedaron registradas como “actas circunstanciadas”, paso previo a las “carpetas de investigación”.
De esta manera se pudo jugar con la opinión pública y engañar al electorado presumiendo que en la gestión de Miguel Angel Yunes Linares habían bajado los índices de inseguridad, aunque la realidad era otra.
Trascendería posteriormente, que este manipuleo y engañifas al propio Sistema Nacional de Seguridad Pública en las cifras que enviaban, provocó un serio diferendo entre la Secretaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ana Cristina Ledezma López y el propio Fiscal Winckler, dando lugar a la renuncia de la primera misma que rechazó el gobernador Yunes.
Superado el escollo de la SCSP y con el convencimiento de que en caso de que ganara Cuitláhuac García, les quedaba claro que no tendría ni la menor idea de lo que era la administración pública y menos la procuración de justicia, por lo que se dedicaron a manosear el tema con las actas circunstanciadas.
Así fue.
Tras la derrota se empezó a cubrir con plastas de maquillaje el manipuleo acelerando el tránsito de las actas circunstanciadas a carpetas de investigación provocando desde el arranque de la administración de Cuitláhuac García, un disparo en las cifras de incidencia delictiva.
Esa es la razón por la cual el gobierno actual hasta la fecha se ve metido en un embrollo de delincuencia sin control y presunto crecimiento de los cárteles del crimen organizado, herencia también gestada por la anterior administración.
A lo largo de estos siete meses el Fiscal solo ha buscado atrincherarse en su bunker con la certeza de que en lo jurídico jamás los trabarán ni con juicio político o desafuero alguno y en lo político no hay más sustento que el desprecio que se le entrega en el día a día con desplantes, cero invitaciones a actos públicos y repetidas acusaciones sin mayor soporte de parte del gobernador Cuitláhuac García y su segundo, el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros.
Mientras en Palacio Nacional hay molestia con el gobierno del estado que teniendo todas las herramientas legales para remover al Fiscal Jorge Winckler, no pueden.
De ello tiene alta responsabilidad el Congreso del Estado, producto de la impericia del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarín, quien de revendedor de autos usados pasó a ocupar la más alta responsabilidad pública al ser colocado como representante del Poder Legislativo.
La permanencia de Winckler estorba además el proyecto presidencial de llevar ante un juez al ex gobernador Miguel Angel Yunes Linares, quien se ha blindado de señalamiento alguno a través de Winckler, quien se ha mostrado diestro –el tuerto en tierra de ciegos- ante los embates de Morena.
Ello a grado tal que la federación ha tenido que acudir al traidor dos caras, el titular de ORFIS, Lorenzo Portilla, ex empleado de Yunes, para sustentar acusaciones de desvío de recursos públicos del gobierno anterior por 36 mil millones de pesos.
Son cifras extrañas apoyadas en temas de videocámaras de vigilancia y el destino de dineros públicos para otros fines a partir de la revisión de la cuenta pública 2018, que ya había sido aprobada por el Congreso del Estado en pleno y por el propio Orfis, de tal suerte que revivieron un tema muerto con respiración artificial.
Lo de INEGI y en el SNSP, sin embargo, apunta a una explicación más a fondo de lo que sucedió en los meses previos a la campaña para elegir gobernador en donde Yunes presumió logros en materia delincuencial que no fueron ciertos.
Meter las denuncias a un torbellino burocrático tarde que temprano, como los ahogados, saldría a flote. Hoy papelito habla.
¡15 mil asesinados son muchos..!
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
